Aparentemente las personas celíacas (intolerantes al gluten) están de enhorabuena. El ministro de Sanidad se ha comprometido a que, durante esta legislatura, se aprobará un real decreto que obligue a todos los fabricantes alimentarios a indicar en su etiquetado si sobrepasan un nivel máximo de gluten.
He dicho "aparentemente" porque en realidad es dudoso que los celíacos tengan verdaderos motivos para felicitarse. Si consideramos los costes que se derivarán de los análisis necesarios para detectar la presencia de gluten, así como de los cambios en los envoltorios y etiquetados, no es difícil llegar a la conclusión de que todos los consumidores (incluidos por supuesto los celíacos) acabaremos pagando esa nueva normativa a través de un incremento del precio de todos los productos alimentarios.
Se replicará (como si lo oyera) que los celíacos de todos modos necesitan esa información acerca de los alimentos, y que el mercado por sí solo es incapaz de satisfacer esa demanda minoritaria (se calcula que en torno a un 1 % de la población es celíaca, diagnosticada o no). Pero eso es falso. Los celíacos en España llevan años organizados en asociaciones que se encargan de publicar listas de alimentos aptos para su consumo, además de organizar conferencias, editar revistas, promover campañas de información, asesorar al sector alimentario y hostelero, e incluso financiar investigaciones clínicas. Todo esto con unos costes mínimos para los enfermos celíacos y nulos para el resto de los ciudadanos, y sin la intervención apenas de la administración.
¿Quién es más eficiente, el mercado y la sociedad civil o el gobierno? ¿Disfrutarían los enfermos celíacos del mismo nivel de información (con correos electrónicos y mensajes SMS habituales incluidos), entre otros servicios, si la dependencia de la administración les hubiera disuadido de asociarse? Puedo imaginarme los fabulosos trípticos informativos que editaría Sanidad con cargo a los presupuestos, para acabar en su mayoría distraídamente en las papeleras de salas de espera de la Seguridad Social...
Y lo que quizá es lo más importante. En cuanto el Estado decide aplicar una regulación obligatoria, las diferentes partes a las que afecta (productores y consumidores, básicamente) se ven obligadas a negociar sus términos concretos, es decir, a ceder algo. Por ejemplo, en los niveles de gluten considerados sin riesgo para los celíacos. Las asociaciones defienden las 20 ppm, pero es previsible que los fabricantes prefieran un límite menos estricto. ¿No sería mucho mejor para ambas partes que los productores siguieran voluntariamente las recomendaciones de las asociaciones, en lugar de que se impusiera una norma que acaso no contentará a nadie? Bueno, salvo al Estado, que tiene una ocasión más para inmiscuirse en los intereses de los ciudadanos y presentarse como el defensor de las minorías, mientras sigue ampliando una burocracia que costeamos todos.
ACTUALIZACIÓN: Nada más postear lo anterior he sabido que la Generalitat concedió el 2006 una subvención de 18.000 € a la Asociación de Celíacos de Cataluña (el equivalente a unos 3 € anuales que debería aportar cada socio). Es decir, que el coste para el conjunto de los contribuyentes no es exactamente nulo, como decía antes, sobre todo si tenemos en cuenta que existen infinidad de asociaciones relacionadas con la salud y con el mismo derecho a recibir ayudas. Sigo pensando, en cualquier caso, que estas subvenciones a la larga son un caramelo envenenado. Esperemos que la asociación catalana (también muy conocida por sus siglas originales SMAP) siga manteniendo su independencia, como se manifiesta por ejemplo en su política de exquisito bilingüismo en todos sus comunicados y publicaciones, cosa que, por supuesto, en absoluto podríamos esperar del gobierno autonómico.
