El blog Hasta los Huevos ha sido censurado hace varios días por orden de un juez, aunque no ha tardado en divulgarse por la Red un enlace que nos permite seguir accediendo a él. El desencadenante de esta decisión judicial ha sido la publicación de un listado a dos columnas de productos fabricados en Cataluña y productos alternativos, fabricados en otras partes de España. Explícitamente no se anima al boicot, pero sí se trata de facilitar su aplicación a quien quiera.
Varias bitácoras han puesto el grito en el cielo, calificando la medida como atentado a la libertad de expresión. Debe distinguirse entre lo que sería una violación de la libertad de expresión (o de cualquier otro tipo) y la restricción de esa libertad. Lógicamente, toda violación de la libertad consiste en una restricción, pero no viceversa. Puede haber restricciones legítimas de la libertad, como por ejemplo las que imponen las leyes contra las injurias o las amenazas. La pregunta, en el caso que nos ocupa, es si aquí ha habido una cosa u otra. Me ha llamado la atención que algunos hayan proclamado que se trataba de una violación, no ya sin argumentar esa opinión, sino sin plantearse siquiera la cuestión.
En primer lugar, nótese que sólo un juez es competente para decidir acerca del carácter delictivo o no de una publicación. Esta condición se cumple aquí.
En segundo lugar, no es cierto que divulgar informaciones meramente objetivas no pueda ser jamás delictivo. Hay por ejemplo una ley de protección de datos, sin la cual el comercio electrónico, y no sólo electrónico, sería una aventura como mínimo arriesgada. Determinadas informaciones, del tipo de instrucciones para fabricar explosivos, parece también cuando menos sensato que vean su circulación restringida, aun cuando no vayan acompañadas de exhortaciones a delinquir. Se dirá que aquí no se trata de una información que pueda ser utilizada con fines tan perniciosos, pero, dejando de lado el hecho de que toda distorsión de la libre competencia redunda a la larga en una disminución general de nuestro nivel de vida, me pregunto qué opinarían muchos si alguien elaborara un listado con productos fabricados por empresas de origen judío.
¿Quiero decir con ello que la decisión de este juez me parece correcta? Tampoco afirmaría tanto, no soy jurista, y por tanto no me siento capaz de dar una respuesta contundente. Puede que publicar una lista de productos judíos, o catalanes, sea moralmente cuestionable, y que al mismo tiempo no se pueda considerar ilegal, e incluso que no convenga que sea ilegal, por su posible extensión a multitud de otros casos, con deletéreas consecuencias para la libertad de expresión.
Me limito, pues, a juzgar el asunto desde un punto de vista moral. ¿Es admisible boicotear, o facilitar el ejercicio del boicot mediante listas de procedencia de productos, para protestar contra el Estatuto catalán? Mi respuesta esta vez es rotunda: No.
No, porque ello supone abandonarnos a nuestra suerte a todos aquellos catalanes que estamos en contra del Estatuto y en contra de la independencia de Cataluña. Supone dejarnos a los pies de los caballos del fanatismo nacionalista a todos aquellos que no comulgamos con él. España no puede desentenderse de Cataluña. Antes que eso debería suspender, si fuera necesario, su autonomía, pero nunca puede dejar de considerar españoles a quienes queremos seguir siéndolo.
El boicot es un trágico error. No sé si estas navidades se venderá mucho cava catalán en Madrid o en Murcia; personalmente seguiré bebiendo cava catalán, vino de La Rioja y me deleitaré con mantecados de Estepa. Los demás que hagan lo que quieran.