Reflexiones más allá del municipio

Actualmente sólo hay un partido que defienda a la vez dos ideas básicas:

1) Reducir el peso del Estado despilfarrador e hiperregulador, que es la causa del desempleo, el endeudamiento desquiciado y la corrupción política.

2) Proteger la vida humana desde la concepción, acabando con los más de cien mil abortos anuales.

Este partido se llama Vox.

El PP asegura defender lo mismo, pero miente, porque tras gobernar tres años y medio con mayoría absoluta, ha aumentado los impuestos, no ha reducido el grueso del aparato estatal y ha limitado su reforma de la ley del aborto a que las adolescentes puedan seguir abortando, con el permiso paterno.

Con el fin de mantener al menos a sus votantes de 2011, al Partido Popular sólo le queda el recurso del miedo: advertir de que votar a Vox o a Ciudadanos es fragmentar el voto de derechas y facilitar, en consecuencia, que llegue al poder el populismo de extrema izquierda que representa Pablo Iglesias.

Pero, ¿cuál es la causa última del populismo?

La crisis económica sólo ha sido un desencadenante de la emergencia de los nuevos partidos. Ante la crisis, hay dos respuestas posibles, el populismo y el regeneracionismo. El segundo implica reducir el peso del Estado, despolitizar y desideologizar la administración, el poder judicial y los organismos reguladores. El primero (aunque se disfrace también de regeneración y democracia) es justo lo contrario: dar más poder a los políticos (ellos dicen “al pueblo”, "las mujeres", etc.) y por tanto restar libertad a los individuos, las familias, las empresas y las asociaciones civiles.

El partido Podemos habla constantemente de desalojar a la casta, pero si analizamos sus propuestas y, sobre todo, las trayectorias intelectuales y las referencias políticas de sus dirigentes, caben pocas dudas de que su verdadero objetivo es convertirse ellos mismos en una casta neocomunista, mucho más tiránica e inevitablemente cleptocrática que la anterior.

La razón profunda del ascenso de Podemos no son la crisis ni la corrupción, sino la existencia en España de una arraigada mentalidad estatista, que se decanta más fácilmente por las soluciones milagrosas y el revanchismo que por la auténtica regeneración, que sólo puede consistir en devolver poder de decisión a la sociedad civil; en limitar la política (que es necesaria, pero controlada y vigilada) y favorecer la libre iniciativa en todos los órdenes: económico, educativo, cultural, etc.

No es aumentando la dependencia de los subsidios y los servicios sociales como conseguimos ser más libres y prósperos, sino justo al revés. Un Estado mucho más reducido puede dedicar el gasto social a aquellas personas que realmente lo necesitan (discapacitados, huérfanos, etc.) porque gasta menos y sobre todo porque permite que se genere la riqueza de la que, a fin de cuentas, se financia vía impuestos. Con una menor fiscalidad, paradójicamente aumenta la recaudación, porque se multiplican las inversiones, el empleo y el consumo. Pero lo fundamental es que, con impuestos más bajos, los ciudadanos somos más libres para decidir qué hacer con nuestro dinero, sin la intermediación de los burócratas, los políticos, los "expertos" y los grupos de presión basados en la ideología de género o el ecologismo perroflauta.

Es preciso señalar que dar más poder a los individuos, a las familias y a las empresas no tiene nada que ver con el relativismo, sino todo lo contrario. No se trata de que el individuo pueda hacer lo que le dé la gana, como si esto fuera un fin en sí mismo, sino de que las personas se rijan por las leyes, sin interferencias arbitrarias de los gobernantes. Nada favorece más el despotismo que “liberar” a los individuos de leyes “caducas” y de “prejuicios” morales, que son precisamente los que acostumbran a dificultar los abusos de los poderosos, obligándoles como mínimo a la ejemplaridad.

Más concretamente, reducir el poder estatal no implica reconocer falsos derechos como el aborto. La auténtica función del Estado es proteger los verdaderos derechos, el primero de los cuales es el derecho a la vida.

El relativista sostiene que, puesto que no hay un consenso universal sobre cuándo empieza a existir la persona humana, el Estado está obligado a ser neutral, es decir, a dejar en manos del individuo la decisión sobre la licitud o no del aborto. Ahora bien, esta neutralidad es completamente falsa. Lo que se discute es si un ser humano no nacido merece la misma protección que el nacido. Ante esto, no hay término medio ni neutralidad posible. O protegemos al embrión y al feto humanos, o no los protegemos. Admitida la falta de acuerdo en el terreno teórico, sólo existe una forma de resolver cualquier disputa reduciendo al máximo la violencia: es lo que llamamos democracia.

A fin de no enzarzarnos en una guerra civil, para resolver nuestras diferencias irreductibles, no se ha inventado nada mejor que la elección periódica y con garantías de gobernantes y legisladores. No se trata de que cuestiones como el aborto deban decidirse mediante el voto, de que la verdad pueda reducirse a la opinión mayoritaria. Esto sería recaer en el relativismo. Lo que sostenemos es que, puesto que de facto no nos ponemos de acuerdo en una serie de cuestiones esenciales, el único modo incruento de conllevar esta disensión es admitir unas reglas de juego. Lo que implica también que cada cual pueda seguir defendiendo lo que cree que es verdad, en contra de la mayoría, si es preciso, y que pueda tratar de convencerla pacíficamente[1].

La concepción romántica de la democracia confunde la voluntad popular con una verdad imperativa, lo que está en el origen de las peores tiranías. En realidad, la democracia no es más que un juego para dirimir nuestras diferencias, o mejor dicho, para permitir que podamos seguir manteniéndolas y convivir al mismo tiempo.

Todo esto puede parecer elemental, pero no son pocos quienes sostienen, a veces desde posiciones opuestas, que determinados temas (el aborto, la pena de muerte, etc.) deben quedar excluidos del debate democrático, lo que nos lleva a un problema de regresión al infinito: ¿quién decide lo que se debate y lo que no?[2]

Volviendo al punto inicial, desde el partido gobernante se pretende recabar el apoyo planteando un dilema perverso entre continuidad e involución populista. Es decir, entre una administración sobredimensionada y politizada, que permite el aborto libre en la práctica mientras impone mil regulaciones para abrir una peluquería, y un régimen totalitario, que fomentaría aún más, si cabe, los abortos, y que exacerbaría indeciblemente los controles y las vejaciones de toda índole a los ciudadanos que pretenden ganarse la vida honradamente, e incluso crear empleos, para promover una siniestra igualdad en la miseria.

No creo en una concepción tan mezquina y cobarde de la democracia, que la reduce a elegir entre lo malo y lo peor. La democracia entraña el riesgo de que triunfen el error y el mal, pero si no corremos ese riesgo, nunca triunfarán en buena lid la verdad y el bien. Y esto implica votar en conciencia: justamente lo que propone Vox.

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[1] Problema distinto es cuando el poder es tan opresivo que imposibilita recurrir exclusivamente a medios pacíficos. La paz y la democracia no siempre son posibles, lamentablemente, pero cuando no existen, el esfuerzo de toda política debe ser tratar de retornar a ellas en el período más breve posible.

[2] Quien escribe también ha incurrido en esta equivocación en algunos escritos de este mismo blog, en los que incluso formulaba alternativas heterodoxas al parlamentarismo clásico. Una cosa es pensar que determinados temas no deben estar continuamente debatiéndose a la ligera (para lo cual existen los blindajes constitucionales de los derechos humanos y determinados principios fundamentales de un Estado, como la unidad territorial) y otra distinta es pensar que debamos tratar de impedir de manera absoluta y permanente la discusión sobre dichos temas. Lo segundo me parece (ahora lo veo más claramente) un error.

Teoría de la abstención

Hay tres posibles motivos para abstenerse de votar en unas elecciones democráticas:

1) Pasotismo. Es la abstención de los indiferentes, de aquellos a los que les importa un pimiento la política, o no lo suficiente para realizar el pequeño esfuerzo de dirigirse a su colegio electoral a ejercer el derecho de sufragio.

2) Protesta. Es la abstención de quienes opinan que "todos los políticos son iguales", que "todo es mentira", y no quieren ser partícipes de lo que consideran una farsa. Dentro de este grupo podríamos establecer una subdivisión entre quienes son doctrinalmente contrarios a la democracia, y quienes creen que lo que existe no es una "verdadera" democracia.

3) Falta de opciones. Es la abstención de quienes querrían votar, pero no encuentran un partido acorde con su manera de pensar, y no creen en la concepción malminorista del "voto útil". Tampoco creen que sirvan para nada el voto en blanco o el voto nulo.

La primera motivación, el pasotismo, es tan difícil de defender como de rebatir, porque en realidad se trata de una posición preintelectual. Quien pasa de votar no necesita ningún argumento para ello; de lo contrario, encajaría en las motivaciones 2 o 3. Lo que sería interesante es saber cuál es la proporción de este tipo entre los abstencionistas, que en la mayoría de países democráticos suelen ser el primer "partido".

Las motivaciones 2 y 3 deben valorarse en función del régimen político de que se trate. Aquí nos circunscribiremos a elecciones en países realmente democráticos, es decir, en aquellos donde la oposición pueda concurrir con unas mínimas garantías. En este caso, la idea popular de que "todos son iguales" es difícilmente defendible. Más bien nos parece que en ella late una forma de pereza intelectual: me abstengo de valorar las diferentes opciones políticas porque eso es muy cansado, pero me excuso diciendo que son los mismos perros con distintos collares o cualquier otro lugar común. En este sentido, los abstencionistas de tipo 2 serían reducibles a los de tipo 1, excepto aquellos que realmente consideren que la democracia, tal como se suele entender en Occidente, al menos, es un error. Sospecho que este tipo de abstencionista es raro, pues normalmente, quien no cree en la democracia de tipo occidental no suele tener empacho en votar a partidos totalitarios que, de forma más o menos explícita, prometen destruirla desde dentro.

Nos queda el abstencionista de tipo 3, al que podríamos llamar también el ciudadano "huérfano", aquel que, muy a su pesar, no se reconoce en ninguna opción política que presente candidaturas. Sospecho también que se trata de un tipo no muy común, pues lo habitual es que prevalezcan las consideraciones de "voto útil", de votar al partido menos malo (menos alejado de mis ideas y principios) o incluso el famoso votar "con la pinza en la nariz". Creo, dicho sea de paso, que el voto útil, sobre todo cuando llega a estos extremos malolientes, es un error, pues lo único que consigue es precisamente que esa opción política soñada no aparezca nunca, ya sea por fundación de un nuevo partido o por regeneración de alguno ya existente.

Otra razón que tiende a reducir el abstencionismo de tipo 3 (aunque prima facie parezca que consigue lo contrario) es la idea de "principios no negociables" (PNN), que procede del ámbito católico, aunque podría extenderse a otros. Se trata de la idea de que para votar a un partido, este tiene que cumplir unos requisitos ideológicos mínimos; por ejemplo, ser provida. Esta actitud es muy consecuente y loable, pero a veces tiende a interpretarse equivocadamente, en el sentido de que habría que votar cualquier partido que cumpla con los PNN, aunque además defienda cosas con las cuales podemos estar muy en desacuerdo; por ejemplo, ideas de cariz preliberal o antiliberal. Esto llevaría, como digo, a hacer más minoritaria la figura del abstencionista de tipo 3, pues algunos ciudadanos creerían estar en la obligación moral de votar a determinados partidos, simplemente por ser compatibles con los PNN, cuando en realidad, esta doctrina, si no estoy equivocado, indica sólo a qué partidos no se puede votar en ningún caso, pero no ofrece una orientación positiva del voto.

Creo que, a diferencia de lo que se suele decir, y de lo que escucharemos con frecuencia en este año de citas electorales, un ciudadano responsable puede verse en la tesitura de tener que abstenerse por los motivos expuestos aquí en tercer lugar. Esto no debe confundirse con la posición de quienes no votan a su partido preferido, porque supuestamente no tendría ninguna posibilidad. Excelente ejemplo de profecía autocumplida, pues, efectivamente, si todos los votantes potenciales de un partido pensaran así, este no obtendría ningún voto. Quienes razonan de esta guisa, o bien acaban practicando el voto útil, o bien incurren en la abstención de tipo 1. Pero para votar cualquier cosa, lo mejor es no votar.

No pretendo que esta reflexión se entienda como una llamada a la abstención en las próximas citas electorales. Lo que personalmente deseo es que mi opción política preferida se presente a las elecciones de mi municipio, de mi comunidad autónoma y de mi nación. Sólo si no lo hace, dejaré de ejercer mi derecho de sufragio, lo cual no deja de ser otra forma de expresarse, pero que conviene distinguir del escepticismo vulgar y estéril del "todos son la misma porquería". Cosa que afortunadamente no es cierta.

¿Existirán parlamentos en el futuro?

El parlamentarismo, en contra de lo comúnmente admitido, y pese a ostentar el honor de haber sido odiado por los totalitarismos comunista y fascista, presenta un inconveniente decisivo. La teoría clásica sostiene que es necesaria la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, al igual que la separación entre estos dos y el judicial. En el mejor de los casos, esta se da de manera imperfecta, pero el problema no reside verdaderamente ahí, pues tal imperfección es consustancial a todo lo humano. El inconveniente fundamental del parlamentarismo consiste en que por sí mismo favorece la inflación legislativa, y por tanto la expansión del aparato estatal. Si reunimos durante varios meses al año a unos centenares de diputados en una cámara, no debería sorprendernos que estos acaben elaborando regulaciones y más regulaciones. Y a nadie puede escapársele que esto sólo puede redundar en merma de la libertad. Pues si bien esta sólo puede existir en el marco de la ley y la seguridad jurídica, la constante proliferación normativa tiene en algunos aspectos unos efectos no distintos de la ausencia de leyes, ya que el ciudadano acaba siendo incapaz de prever qué será lícito o ilícito mañana o pasado mañana, en función de los vaivenes ideológicos de los legisladores.

Un Estado Mínimo [1], reducido a las funciones de seguridad y defensa, podría ser democrático, y mantener la separación entre el poder ejecutivo-legislativo y el judicial (que es la que realmente importa) sin necesidad de un parlamento. Sólo se requeriría una constitución que restringiera severamente las competencias del Estado y que fuera difícil de reformar. Bastaría un texto de no más de una decena de artículos, o incluso menos. El gobierno podría tener la iniciativa legislativa (como de hecho ya la tiene hoy, en la mayoría de países democráticos), pero esta se encontraría muy limitada por la propia constitución y por el poder judicial, que debería avalar la constitucionalidad de todas las leyes. El máximo órgano judicial o Consejo Constitucional, debería ser, por supuesto, completamente independiente del gobierno, y estar integrado exclusivamente por jueces profesionales, no por simples juristas ni mucho menos políticos.

El gobierno podría ser elegido democráticamente por un período breve, por ejemplo de dos años, y sin posibilidad de reelección consecutiva. La renovación frecuente de los gobernantes dificulta que determinados abusos del poder político se enquisten, y además le resta parte del irresistible atractivo que ejerce sobre los más ambiciosos. Por supuesto, las elecciones deben celebrarse en una fecha fija, como en los Estados Unidos. También debería limitarse el poder legislativo del gobierno mediante referendos vinculantes sobre los temas más importantes.

Herbert Spencer ya alertó sobre el excesivo poder de los parlamentos, en su memorable alegato El hombre contra el Estado. Una de las grandes supersticiones políticas de nuestro tiempo es aquella que liga el parlamentarismo con la democracia y el Estado de derecho. En España, con diecisiete parlamentos además del nacional, esta superstición ha resultado especialmente nociva. Quiero creer que en un futuro nuestros descendientes se asombrarán de la reverencia que hoy prestamos a trescientos individuos, sostenidos por el erario público, que se reúnen durante meses para encontrar siempre nuevas formas de complicar nuestras vidas. Seguramente esa reverencia les parecerá tan incomprensible como a un republicano se le antojan los sentimientos monárquicos.

[1] Juan Ramón Rallo, en Una revolución liberal para España, Deusto, 2014, realiza una propuesta de un Estado Casi Mínimo, desde un punto de vista económico, enormemente sugestiva.

La democracia de los muertos

El dirigente socialista valenciano Ximo Puig se ha preguntado, inspirándose en Thomas Jefferson, "hasta qué punto una nueva generación puede estar atada por lo que decidió la anterior". Él mismo se ha respondido que "cada generación debería decidir qué modelo de sociedad quiere".

Puig, a menos de 48 horas de la abdicación del rey Juan Carlos, se refiere, evidentemente, al modelo de Estado. Estos días nos tocará escuchar estupideces morrocotudas como la de Xavier Sala, que sostiene que la monarquía es profundamente antidemocrática. Bien, que vaya a decirles a británicos, belgas, holandeses, daneses, suecos y noruegos que todavía no se han enterado de lo que es la democracia. Pero a mí no me interesa demasiado la cuestión de monarquía o república, sino otra mucho más amplia y trascendente.

No deja de resultar irónico que Puig se apoye en la autoridad de Jefferson, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, nación cuya constitución (incluyendo la mayoría de enmiendas más importantes) tiene una vigencia de más de doscientos años. Bien es cierto que hasta 1920 la constitución americana no reconoció el voto femenino, y que la última enmienda (de carácter técnico) es de fecha tan tardía como 1992. Pero en lo esencial, e incluso en detalles muy característicos, el sistema de república presidencialista y de eficaz separación de poderes no ha variado en dos siglos. ¿Viven por ello los estadounidenses oprimidos bajo el peso de sus antepasados?

Quizá formulando otras dos preguntas se entenderá la verdadera naturaleza del problema: ¿es válido que un gobierno elegido democráticamente decida cambiar el sentido de una institución de muchos siglos de antigüedad como es el matrimonio? O ¿sería válido que un territorio de España se separara del resto porque así lo deseara una relativa mayoría del censo electoral de esa región?

Chesterton sostuvo que la tradición no sólo no es incompatible con la democracia, sino que es la "democracia de los muertos". (Ortodoxia, IV.) Negar validez a las opiniones de nuestros antepasados no es profundizar la democracia, sino restringirla a los vivos, "esa oligarquía reducida y arrogante que sólo por casualidad sigue hollando la tierra", como en otros tiempos se restringía a los varones o a las clases pudientes.

Esto puede parecer una boutade, a las que por otra parte era tan aficionado Chesterton. ¿Qué pintan los muertos en la sociedad? ¿Por qué deberíamos tener en cuenta el censo de los cementerios? Desde luego, los difuntos (sean por causa natural o asesinados, como las víctimas del terrorismo) tienen una clara desventaja respecto a los vivos, y es que no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni siquiera manifestarse. En esto se parecen a los seres humanos concebidos y aún no nacidos: se promulgan leyes que deciden dentro de qué plazos o circunstancias es lícito matarlos en el vientre materno, sin que evidentemente los más interesados puedan aportar su opinión, ni se les conceda tiempo para que un día lleguen a tenerla.

Lo cierto es que quien empieza por no respetar la voluntad de un muerto, porque el finado no puede defenderse, no respetará tampoco la voluntad o el interés de nadie que no tenga medios físicos para hacerse respetar. Una sociedad que desprecia todo compromiso con sus antepasados es una sociedad envilecida, que sólo respeta la fuerza, el poder fáctico, aunque se suela denominar con eufemismos demoscópicos.

No confundamos el respeto a las tradiciones patrias con el inmovilismo. Nadie en sus cabales pretende que cualquier ley deba ser inmutable. Pero sin una cierta permanencia de lo fundamental; sin el freno de leyes, usos y costumbres; sin esa humilde grandeza de quien sabe reverenciar a sus mayores, las democracias pronto degeneran en regímenes populistas. Los cuales, dicho sea de paso, casualmente son siempre republicanos.

Cosas que me gustan de Vox

Como ya sostuve en su momento, la aparición de la nueva formación Vox ha sido una estupenda noticia para muchas personas de ideología liberal-conservadora, preocupadas por la deriva de España, que ya nos habíamos resignado a la abstención o el voto en blanco. Ahora quiero comentar dos aspectos en los que quizás no me detuve suficientemente al principio: el nombre y el Manifiesto fundacional (enlazo abajo). Con ello no pretendo hablar por Vox, sino expresar mis impresiones personales.

El nombre de Vox me parece genial, por varias razones:

• Evita las siglas. Ya tenemos en nuestra vida acrónimos de sobras, que además en política suelen girar siempre en torno a los mismos términos trillados.
• Es una locución latina que no requiere traducción a ninguna lengua, ni regional ni extranjera. Y por cierto, el origen de España no puede entenderse sin Roma.
• El significado del nombre (que es literalmente Voz, sustantivo; no "habla" como he visto que algunos traducen) es muy adecuado. Vox devuelve la voz a muchos que, desde el punto de vista de la representación política, la habíamos perdido.
• De manera espontánea, Vox da pie al signo de la uve de victoria con los dedos, distinto de puños socialistas o saludos fascistas, y con resonancias históricas claras en la defensa del mundo libre.
• Por último, Vox es breve, sólo tres letras, que aunque no sean siglas, de algún modo pueden simbolizar la trilogía de principios vertebradores de Vox: liberalismo político-económico, cohesión de España y defensa de los valores vida-familia. 

Este último punto nos conduce con naturalidad al Manifiesto fundacional de Vox. Hay dos versiones, la extensa y la abreviada en formato PDF. Aunque por supuesto recomiendo la lectura de la versión larga, me centraré en la resumida, porque me parece muy conseguida.

Tras el logo de Vox, viene en tipos grandes la palabra "Habla". Quizás por eso algunos han pensado que se trata de la traducción literal del nombre del partido, pero yo veo en ella un eslogan admirablemente sintético, que alude al concepto de participación. Vox no se postula en sentido mesiánico, sino esencialmente democrático, como una iniciativa de la sociedad civil.

El siguiente texto en negrita habla de "cohesionar España" y de "hacer fuerte y eficiente el Estado", lo que se desarrolla en el punto más característico del manifiesto, el 5º, como veremos.

Sigue un preámbulo en el que se habla en primer lugar de la de la "recuperación y el fortalecimiento de la vida democrática española", lo que define más exactamente la ubicación democrática del partido, aludiendo al doble aspecto político y económico del proyecto, y señalando la incapacidad estructural del bipartidismo para abordar las reformas necesarias.

A continuación se desgranan los ocho puntos de la Agenda de Renovación.

Los tres primeros por sí solos ya definen el ideario de Vox: como dije antes, son el liberalismo (1º), la cohesión de España (2º) y la defensa de la vida, la familia y los más débiles (3º).

Siguen otros tres puntos que concretan reformas dirigidas a acabar con la partitocracia (4º), a superar el Estado autonómico (5º) y a devolver la independencia al poder judicial y los organismos reguladores (6º). Tres cosas íntimamente ligadas. Pero lo más destacable es el 5º, que propone eliminar los parlamentos y gobiernos autonómicos; una propuesta de máximos, que requiere la reforma constitucional y que es la más ambiciosa y característica del partido. Espero que atraiga a muchos votantes hartos de la existencia de tantos defensores del pueblo, tantas televisiones, tantos burócratas y tantos políticos privilegiados y zampadietas.

Sigue un punto 7º donde dejan claro el compromiso con la economía de mercado sin melindrerías "sociales", y sin el cual no hay ninguna renovación que valga para nada, pues cualquier otra cosa supone seguir manteniendo, a cuenta de las sufridas familias y empresas, a millones de subvencionados y tinglados improductivos.

Por último, el punto 8º se refiere a la reforma educativa, destacando en primer lugar la libertad y la competencia entre centros, donde tenemos los dos déficits fundamentales del sistema actual, basado en la imposición de lenguas regionales e ideologías, y en perpetuar castas profesorales endogámicas en la Universidad.

Concluye el manifiesto con unos párrafos en los que delinea los compromisos de actuación de Vox, basados en el respeto a los métodos legales, la democracia interna y la transparencia organizativa. Y se cierra el texto felizmente defendiendo, una vez más, las convicciones democráticas y "los valores propios de la sociedad abierta". Por si quedaba alguna duda. (Eso sí, que se vayan haciendo a la idea de que les seguirán llamando, desde el progresismo oficialista, "extrema derecha", lo que no dejará de ser señal de que van en el buen camino.)

En conclusión, no sólo comparto todos los puntos anteriores, sino que soy de la opinión de que difícilmente se podían haber sintetizado más brillantemente que con este Manifiesto e incluso con este nombre. Lo cual es indicativo de que hay un equipo de personas que saben hacer bien las cosas y tienen las ideas claras.

La democracia en peligro

Esta mañana le han preguntado a Albert Rivera, en el programa de Ana Rosa Quintana, si era de izquierdas o de derechas. Rivera no se ha definido rotundamente en un sentido u otro, pero su respuesta no ha sido en absoluto evasiva. Ha dicho que se considera progresista, y que además cree en las empresas y en la creación de riqueza (o algo así, no recuerdo sus palabras textuales). También ha dado por válida la comparación con grupos de izquierda liberal europeos. En resumen, implícitamente ha reconocido ser de centroizquierda, cosa que ya sabíamos, y que por cierto justifica la aparición de un grupo como Vox en el centroderecha, vacío que quedaba por llenar.

Sinceramente, yo me daría con un canto en los dientes si la izquierda mayoritaria en España fuera la que representa Movimiento Ciudadano. Pero esto no significa que mis discrepancias con ella sean menores. Significa sencillamente que a las personas de centroderecha (que creemos en el mercado libre y que además estamos contra el aborto y pensamos cosas como que, por ejemplo, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer), si nos dan a elegir entre una izquierda socialista-abortista-homosexualista y una izquierda liberal-abortista-homosexualista, "preferimos" la segunda. Pero lógicamente, a mucha distancia por detrás de nuestra auténtica opción, que es la liberal-provida-profamilia.

Es verdad que algunos liberales de izquierdas defienden que el único liberalismo es el suyo, porque ellos, al igual que son liberales en economía, son "liberales" en cuestiones morales, lo que entienden como que no obligan a nadie a abortar ni a casarse con una persona del mismo sexo. Y en cambio, los liberales de derecha queremos prohibir abortar y que los gays o las lesbianas se casen entre sí, o lo que es lo mismo, obligamos a no realizar ciertos actos.

Esta concepción se basa en la idea de que se puede ser neutral en cuestiones como el aborto o el "matrimonio" homosexual. Pero esto es completamente falso, porque no existe neutralidad en aquello que afecta a terceros. Un ser humano en gestación tiene derecho a la vida o no lo tiene. Un niño tiene derecho a una madre y un padre o no lo tiene. No hay término medio, no existe un Estado neutral en todos los temas.

Esto, qué duda cabe, supone un conflicto civil. Pero el mejor método que se ha inventado para resolver tales conflictos se llama democracia. El problema es que muchos todavía no han entendido que la democracia se basa en dos sencillos principios: El primero, saber perder; el segundo, saber ganar. El primer principio es relativamente fácil de comprender; basta con acatar el resultado de unas elecciones legislativas o presidenciales. El segundo, en cambio, suele ser ignorado sistemáticamente por la izquierda, debido a una concepción belicista de las "conquistas sociales". Quien gana unas elecciones no tiene derecho por ello a destruir civilmente al adversario, sino que debe permitirle que siga defendiendo sus ideas, de manera que pueda volver a presentarse a unas futuras elecciones en iguales condiciones.

Hay una izquierda que quiere convertir en delito oponerse al aborto (como ya sucede en Francia), o decir simplemente que el matrimonio es algo entre una mujer y un hombre; como hay unos nacionalistas que han convertido en delito de "fomento del odio" discrepar de ellos. Esto es ni más ni menos que cargarse la democracia, aunque hay otra forma más sibilina: que la derecha política renuncie a sus principios y chulee a sus propios votantes. Es por esta razón que nuestra democracia no tiene suficiente con un MC, sino que necesita urgentemente una formación como Vox. Por cierto, les deseo una exitosa presentación en Barcelona.

Las falacias ideológicas más comunes

Según el diccionario de la Academia, una falacia es un “engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien”. Bien es verdad que, una vez puesta en circulación, una falacia puede hallarse en boca de muchas personas que realmente no abrigan mala intención, pues sinceramente creen en los engaños que contribuyen a seguir difundiendo. Pero lo decisivo es que las falacias nacen con una finalidad manipuladora. Por eso, dentro de este subgénero del error, quizá la falacia por excelencia sea la de tipo ideológico, es decir, aquella destinada a tratar de desmotivar o desconcertar a quienes de otro modo ofrecerían resistencia ante determinados abusos del poder político.

Una falacia puede consistir en un razonamiento incorrecto. Estas son relativamente fáciles de desmontar, puesto que en realidad no es imprescindible ser profesor de lógica formal para razonar correctamente, salvo en casos muy complejos que no suelen darse en el debate público. Más frecuentemente, las falacias se basan en premisas que en sí mismas no son ni demostrables ni refutables. Pero nótese que una premisa indemostrable no es en sí misma una falacia, pues sin ellas no podría existir ningún conocimiento humano, ni siquiera la matemática. Lo falaz es pretender encubrir ese carácter indemostrable, sustrayéndolo a la crítica y la discusión. A continuación enumero algunas de las falacias ideológicas más comunes.

1) Falacia sentimental: los buenos sentimientos justifican cualquier acto, aunque sus efectos sean catastróficos. Es una falacia muy extendida en economía, donde conduce a controles de precios u otras medidas intervencionistas cuyos efectos suelen ser exactamente los contrarios a las supuestas intenciones de quienes las aplican. También es una falacia común en bioética; así entre los defensores del aborto, que se arrogan el monopolio de la empatía hacia las mujeres que abortan, pero curiosamente no experimentan ninguna hacia los indefensos embriones o fetos humanos que son víctimas de su permisividad.

2) Falacia relativista: puesto que es lícito que cada cual viva como quiera (sin dañar a terceros), cualquier estilo de vida tiene el mismo valor y merece recibir la misma consideración. Así por ejemplo, se considera que las parejas homoparentales o monoparentales son tan idóneas para adoptar niños (en igualdad de otros factores) como un padre y una madre, y cualquiera que ose expresar la menor duda al respecto no solo yerra, sino que atenta contra la libertad de determinados individuos, por lo que si es necesario, debe ser acallado. Se trata de un caso claro de non sequitur. Libertad para x no equivale a x es tan bueno como. Más bien al contrario, la libertad, en su sentido más profundo, no es elegir el color de mi camisa, sino poder elegir entre el bien y el mal, entre la salvación y la perdición. Por tanto, por definición, las opciones fundamentales jamás son equiparables.

3) Falacia del experto: determinadas afirmaciones no pueden ser discutidas racionalmente porque se consideran avaladas por un supuesto consenso académico. Con frecuencia, este consenso es más una invención periodística que una realidad, pero incluso aunque existiera, no justifica la clausura de ningún debate. Un claro ejemplo de abuso monstruoso de esta falacia es el discurso del cambio climático, en el que quienes discrepan de las tesis oficialistas son llamados “negacionistas”, con una intención criminalizadora poco disimulada.

4) Falacia de la suma cero: la riqueza es una magnitud fija; por tanto, toda desigualdad procede de que algunos (individuos, clases sociales, países) se apoderan de más bienes de los que les corresponden. Aunque probablemente sea mucho más antigua, puede hallarse una formulación clásica en Montaigne, en su ensayo titulado “El provecho del uno es daño del otro” (Ensayos, I, XXI). Esta falacia es utilizada sistemáticamente por todos los defensores del socialismo, es decir, de que los estados violen las libertades económicas y el derecho a la propiedad privada, so pretexto de redistribuir la riqueza entre los más pobres. El resultado es que se destruyen los incentivos de la creación de riqueza que precisamente permiten negar la mayor (que aquella es una magnitud estática) y en consecuencia se bloquea la movilidad social, eternizando la pobreza que supuestamente quieren combatir (no sin antes aprovecharse de sus votos).

5) Falacia del caldo de cultivo o del buen salvaje: el hombre es bueno por naturaleza; por tanto, todos los males tienen causas sistémicas. Contra abundantes evidencias empíricas, se pretende que la violencia y el terrorismo en particular nacen de la pobreza o de las injusticias (el “imperialismo”). De esta manera se consigue desplazar la culpa siempre hacia agentes distintos de quienes la ejercen, que así se ven justificados para proseguir con sus acciones violentas.

6) Falacia del derecho a decidir o democrática: cualquier cosa puede y debe decidirse por voluntad popular. Esta falacia supone ignorar que la democracia no es un método para conocer la verdad (como si esta dependiera del número de quienes asienten a una determinada tesis), sino de elegir a los gobernantes de manera pacífica. Cualquier extensión ilegítima del principio democrático conduce en realidad a exacerbar o multiplicar los conflictos, pues no hay cuestión que no pueda ser objeto de polémica.

7) Falacia igualitaria: todos tenemos los mismos derechos; por tanto (y aquí viene la deducción incorrecta), la finalidad de la vida civilizada es que todos acabemos siendo iguales de hecho. Esta falacia tiene su desarrollo más delirante en la ideología de género. Según esta, toda diferencia sexual, salvo las estrictamente fisiológicas, tiene un origen cultural impuesto por el patriarcado, una especie de conspiración eterna y universal de los varones contra las mujeres. El feminismo radical es una teoría blindada contra cualquier contrastación empírica, pues incluso si algunas mujeres admiten priorizar la dedicación a la familia en lugar de su profesión, se nos dirá que es porque han interiorizado la opresión masculina.

8) Falacia estatista: los poderes económicos se mueven por intereses egoístas; los políticos, no. Esta falacia es constante en el discurso político, dominado por salvadores que se erigen en defensores de los intereses del pueblo, de los débiles y de los supuestamente oprimidos, pero que a cambio exigen poderes incondicionales.

9) Falacia darwinista: la historia entera es una lucha constante por el poder. (De los explotadores sobre los explotados, de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre las demás razas, etc.) En esta falacia se fundamentan los peores totalitarismos, como el comunismo y el nacional-socialismo, pero también las majaderías paranoicas de la corrección política, nacidas en los campus universitarios de Estados Unidos. (Historias de la literatura que sustituyen el estudio de “varones blancos muertos” como Shakespeare por el de alguna infumable escritora negra y lesbiana, y demás patologías intelectuales por el estilo.)

10) Falacia de la víctima: la parte más débil de un conflicto siempre tiene la razón. Esta falacia es una consecuencia de la falacia igualitaria. Puesto que todos los seres humanos son iguales en derechos, incorrectamente se deduce que cualquier diferencia tiene necesariamente un origen injusto, y no solo eso, sino que se justifica que esa parte más débil (o simplemente minoritaria) inicie un conflicto que en muchos casos ni siquiera existía. Esto se manifiesta claramente en las teorizaciones de los movimientos terroristas, revolucionarios y nacionalistas. Estos perciben (con razón) al estado y las fuerzas de seguridad como entes muy superiores a sus organizaciones, lo que ya en sí mismo convierten en una forma de opresión intolerable, de “fuerzas de ocupación” que no les permiten disfrutar de una libertad quimérica (edad dorada) que nunca existió más que en sus confusas mentes.

11) Falacia del precio justo. En realidad, es una consecuencia de la falacia de la suma cero, aunque por su popularidad es útil distinguirla. Efectivamente, si la riqueza es una magnitud dada e inamovible, cada bien tendrá un precio relativo invariable, aunque la experiencia y el sentido común lo contradigan una y otra vez. Esta falacia suele ir unida a demagogias resentidas sobre los altos sueldos de los ejecutivos del sector privado, o a las elevadas sumas pagadas por el fichaje de futbolistas, mientras se pasan por alto los costes salariales de burocracias insostenibles.

12) Falacia cronológica: determinadas instituciones, creencias o conductas son mejores porque son nuevas (modernismo) o por el contrario porque son antiguas (tradicionalismo). En nuestros días domina abrumadoramente la variante modernista. Esta falacia suele ir acompañada de perezosos latiguillos como “a estas alturas del siglo XXI” o “tal cosa nos devuelve a la Edad Media”. Para combatirla basta notar que la democracia existe hace 2.500 años, con lo cual los modernistas, para ser consecuentes, deberían desdeñarla. De hecho, es lo que hicieron comunistas y fascistas.

13) Falacia naturalista: lo natural (identificado con lo fáctico) es la medida de lo bueno. Que algo sea natural, frecuente o simplemente habitual nos obliga a aceptarlo de algún modo. Esta falacia hunde sus raíces en una concepción materialista o positivista de la existencia. En ocasiones puede parecer que tiene un origen teológico (pensemos en la expresión “contra natura”) pero conviene distinguir una cosa de la otra. La falacia naturalista se basa en la idea de que los conceptos morales surgen en un proceso evolutivo ciego (ver El gen egoísta, de Dawkins), mientras que el pensamiento teísta defiende exactamente lo contrario. Lo segundo podría estar equivocado, pero lo primero carece de sentido. ¿Por qué algo debería ser aprobado por el mero hecho de existir? En esta falacia se justifican multitud de argumentos ideológicos. Por ejemplo, que prohibir el aborto es absurdo, pues sólo promueve que haya abortos clandestinos. De este modo habría que justificar el asesinato y el robo, pues es obvio que no existe apenas ninguna ley que no sea violada por algunos individuos.

14) Falacia del agotamiento de los recursos. Es una variante de la falacia de la suma cero. Se considera que los recursos naturales (energía y materias primas) son cantidades físicas finitas, cuando en realidad el concepto de recurso va unido a la posibilidad tecnológica de su aprovechamiento. Por eso han fracasado tantas profecías agoreras, que no tenían en cuenta los avances en las técnicas de extracción y producción, en la sustitución de unos materiales por otros, etc., etc. Esta falacia incluye la falacia neomalthusiana, según la cual el crecimiento de la población mundial es un problema, cuando en realidad en Europa (y a medio plazo en todo el planeta) nos enfrentamos a la amenaza estrictamente opuesta: el envejecimiento de la población.

Más capitalismo y menos democracia

Uno de los mensajes más populares de nuestro tiempo podría resumirse como "menos capitalismo y más democracia". Personalmente, me inclino por defender lo contrario. El capitalismo y la democracia tienen en común que ambos sirven a las masas. El primero les ofrece los productos y servicios que estas desean, a los precios más asequibles. La segunda permite que las opiniones de las mayorías, mediante el sufragio y la demoscopia, se vayan imponiendo en las legislaciones.

La diferencia se halla en los resultados. El capitalismo tiene un efecto objetivo y perfectamente mensurable, que sólo niegan los ignorantes y los ideólogos socialistas (que prosperan gracias al abrumador predominio de los primeros), y es que hace aumentar la riqueza de todos. La democracia, por el contrario, actúa en el sentido contrario, lastrando el crecimiento. Esto es debido a la Paradoja de las Masas. Estas, al mismo tiempo que se benefician del mercado libre, en casi todas partes terminan votando políticas que van contra él, mediante controles de precios, subvenciones, y mil formas de intervencionismo.

El capitalismo hace aumentar la riqueza porque, aunque mucha gente emplee estúpidamente su dinero, en general tendemos a ser más responsables con aquello que nos cuesta un esfuerzo ganar. En cambio, la retórica política de las democracias está dominada por irresponsables promesas de gratis total, de ayudas estatales y de subvenciones a los grupos de presión que más ruido hacen, con la complicidad estólida del público. Parece como si el individuo humano sufriera una especie de doble personalidad. Como agentes económicos tendemos a la racionalidad, ya sea imperfecta, del homo economicus, que tanta mofa inspira contra los economistas, sólo parcialmente justificada. Pero como ciudadanos, parece funcionar más en nosotros una especie de instinto gregario de la horda primitiva. Nuestra capacidad de raciocinio se vuelve grosera, parecemos operar sólo con conceptos bipolares de amigo-enemigo, victoria-derrota y suma cero (la derrota del enemigo es mi victoria).

Esto tiene un fundamento evolutivo, que no voy a descubrir ahora. En la horda primitiva, los valores colectivos están por encima del individuo, porque de ellos depende el éxito en la caza y la expedición guerrera. No hay apenas intercambio dentro del grupo de cazadores; la caza y la guerra es una tarea grupal, y el botín se comparte equitativamente. La civilización, por el contrario, se basa en la división del trabajo, en el comercio y en una mayor libertad individual, lo que paradójicamente hace indispensable el surgimiento del Estado, para evitar el caos que supondría la pérdida relativa de vínculos tribales.

En todos nosotros pervive un estrato de la horda paleolítica. Y esto es muy necesario, porque en multitud de situaciones necesitamos tomar decisiones rápidas, intuitivas o discrecionales, y no podemos perder tiempo con debates o cálculos demasiado elaborados. El psicólogo Daniel Kahneman describe la mente humana en términos del Sistema 1 y el Sistema 2. El primero "opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario". Por contraste, el segundo "centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos." (D. Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, Debate, 2012, p. 35.)

El problema surge cuando utilizamos nuestro Yo paleolítico, o Sistema 1, en contextos en los que se requeriría la entrada en acción del Yo civilizado o Sistema 2. Por supuesto, ambos actúan con un entrelazamiento muy complejo, pero podemos aventurar la hipótesis de que tendemos a actuar más bajo los mandatos de la horda cuando votamos, opinamos o nos manifestamos políticamente, porque todo ello es gratis, o lo parece (al final, nuestras decisiones acaloradas pueden costarnos muy caras). En cambio, cuando nos jugamos directamente nuestro dinero, tendemos a ser más reflexivos y responsables. No todo el mundo, está claro, pero sí de una manera estadísticamente comprobable. Por eso, indefectiblemente, los países en los que hay libertad de mercado prosperan, porque lo que llamamos el "individuo" (el Sistema 2, la razón calculadora) tiende a ser más competente a la hora de buscar su felicidad que la colectividad (Sistema 1).

De lo anterior se infiere que la democracia debe limitarse, porque de lo contrario supone un predominio excesivo de la horda ancestral, de las emociones más primarias, sobre nuestros estratos mentales más racionales y calculadores. Pero las soluciones pretéritas, como el voto censitario o la bicameralidad a la británica (que introduce con la Cámara de los Lores una corrección aristocrática del sistema), además de que serían percibidas como un retroceso, no servirían de gran cosa hoy. A lo que debería tenderse es a un nuevo reparto de las tareas entre el Yo paleolítico y el civilizado. El primero se desenvuelve con agilidad en las operaciones discrecionales, las que caracterizan a los poderes ejecutivo y judicial. No significa esto, obviamente, que los gobiernos y tribunales no necesiten grandes dosis de información para tomar sus decisiones. Pero lo que caracteriza precisamente al Sistema 1 es que puede tomar decisiones inmediatas, o muy rápidas, en entornos complejos, es decir, procesar la información mediante métodos heurísticos que aunque no evitan los errores, tienen un nivel de acierto sorprendente, sin el cual estaríamos paralizados por la indecisión en multitud de circunstancias.

Dicho en cristiano: Soy partidario de la elección directa de los gobernantes, con la mayor periodicidad posible (una vez al año, incluso, como los cónsules romanos) y de la generalización de los jurados populares, sin las limitaciones actuales en España, que reducen la institución a un papel que es casi una burla. El Sistema 1 (lo que vulgarmente se dice "la gente", o "el pueblo") tiene un instinto para tomar decisiones correctas y justas que casi siempre (si se dispone del asesoramiento adecuado), es muy superior al juicio de tecnócratas o magistrados, oscurecido por prejuicios intelectuales.

Pero he dicho que defiendo menos democracia, no más. Y he aquí lo que prometí. Propongo sustraer el poder legislativo a los vaivenes de las mayorías irresponsables; quitar las sucias manos de la plebe (el Sistema 1) de las leyes, y dejar estas al cuidado de un Senado de miembros vitalicios y elegidos por cooptación, que debería estar integrado por las personas más capacitadas en las disciplinas humanísticas. La Ley se ha convertido en nuestros días en un monstruo cambiante y creciente, en un tumor de miles de páginas que incrementa la inseguridad jurídica (lo que hoy está permitido, mañana no lo está y viceversa) y la confusión, desprestigiando a la propia Ley, y difuminando la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, porque cualquier cosa que un gobierno quiera hacer, podrá hacerlo solo con que el partido que lo apoya cambie la ley en el parlamento. Por el contrario, la Ley no debe ser la materia sobre la que trabajan los gobiernos, sino aquello que están encargados de cumplir y hacer cumplir. Y como no podemos poner al zorro a guardar las gallinas, es necesario que el poder legislativo esté en manos de unos guardianes inamovibles, que carezcan de cualquier incentivo para modificar las leyes sin razón perentoria, y no compartan su legitimidad con la de un gobierno elegido por el pueblo.

Soy consciente de que con esta propuesta subvierto un principio clave del liberalismo. Nuestra Constitución de 1812 introdujo la novedad opuesta: Un parlamento elegido democráticamente (con las restricciones propias del siglo XIX), y un poder ejecutivo monárquico, basado en la sucesión hereditaria. Aquella constitución fracasó, no tanto por la mezquindad de Fernando VII, como porque es un contrasentido pretender introducir democracia dejando el poder ejecutivo en manos de una dinastía. Pero hoy estamos contemplando la decadencia de los parlamentos democráticos. Contaminados por la superstición de que el pueblo (nuestro Yo ancestral) debe hacer las leyes, nos encontramos con el resultado. Queremos crecimiento económico, y al mismo tiempo queremos "derechos sociales" (la igualdad estática de la horda); valoramos en las encuestas la familia por encima de todo, y al mismo tiempo defendemos que los niños puedan ser adoptados por cualquiera; bramamos contra las guerras y contra la pena de muerte, pero convertimos el aborto en un "derecho".

La gente debe elegir gobernantes, que se renueven constantemente. La gente debe poder juzgar a los delincuentes y resolver litigios, escuchando a ambas partes en un proceso reglamentado (esto no tiene nada que ver con los tribunales populares, parodia de justicia). La gente es sabia para lo que depende de ella y para lo que requiere soluciones rápidas. En suma, la gente puede autogobernarse perfectamente. Pero la gente, el pueblo, la horda, es demasiado grosera y brutal para hacer las leyes, para emitir opiniones sobre asuntos que no le afectan directamente, que no le competen. La democracia representativa ha disimulado la incompetencia esencial de las masas para legislar, mediante la idea de que los representantes salvarían la ignorancia supina del pueblo. Pero los diputados, a la postre, no son mucho más competentes que quienes los eligen a base de dejarse halagar. Y el problema no es tanto que el pueblo haga las leyes como que, con este pretexto, las leyes se hagan y deshagan continuamente.

Por supuesto, esta reforma no se puede aplicar de manera súbita; toda revolución es contraproducente. Esta propuesta podría servir para el siglo XXII. Por el momento, haríamos bien en limitar el poder legislativo, introduciendo sistemas de mayorías cualificadas en los parlamentos, no sin antes derogar leyes de ingeniería social (el aborto, ante todo), que abusan de la Constitución y conculcan los derechos humanos más básicos. Si esto implica una reforma de la misma Constitución, es una cuestión técnica en la que no entraré ahora. Pero si tenemos el objetivo claro, aunque sea a largo plazo, quizá consigamos dejar de errar por el desierto del positivismo jurídico y el relativismo.

Democratizar la Iglesia

El teólogo díscolo Hans Küng, poco antes de la elección del papa Francisco, publicaba un artículo en The New York Times titulado ¿Una primavera vaticana? Allí incidía en sus habituales críticas a la ausencia de democracia en la Iglesia, y a su "línea oficial reaccionaria", contraria al sentir de la abrumadora mayoría de católicos. Los cuales, según una encuesta realizada en Alemania, están a favor de que los sacerdotes se puedan casar, se ordenen también mujeres y los divorciados puedan volver a casarse por la Iglesia.

En el mismo blog donde se ofrece el texto traducido de Küng, el autor (un excura que firma Gavi) ha publicado luego su propia carta al papa Francisco, en la cual expresa su visión subjetiva de una Iglesia que "abra sus puertas a la mujer en los órganos de decisión, de reflexión, a los homosexuales que no entienden una vida sin amar y sin sentir con todo lo que son, a los divorciados que simplemente quisieron salir de una situación donde ya no brotaba la salvación de Dios sino la destrucción de su proyecto de amor."

Asimismo, Gavi considera que el celibato "en gran medida crea sufrimientos de todo tipo, clandestinidad, frustración..." Y añade, algo contradictoriamente: "Y que conste que creo en el celibato y en la castidad como don de Dios reservado a unos cuantos."

Nunca me han conmovido estas actitudes sentimentalmente empalagosas, ni cuando era agnóstico, ni ahora que he recobrado la fe católica. A nadie, que yo sepa, se le obliga a ser católico, y menos aún a ser cura. Grosso modo, el 99 % de los católicos somos laicos; posiblemente la mayoría de ellos, estamos casados. Que entre el 1 % de católicos célibes haya algunos que se arrepienten de su decisión, o no son consecuentes con ella, es una cosa humanamente comprensible, que ha ocurrido siempre y ocurrirá siempre. ¿Debe por eso revisarse la institución del celibato sacerdotal?

Existe una razón bastante evidente para el celibato: Al no tener mujer e hijos, el sacerdote puede consagrar su vida entera a la oración y al servicio a Dios, reduciendo una parte considerable de sus ocupaciones y preocupaciones mundanas. ¿Es imprescindible? No diría tanto. Pero sí creo que es un buen criterio, entre otros, para seleccionar a los mejores sacerdotes posibles. Al que no le guste, que elija otra profesión -u otra confesión.

Las mujeres católicas, cierto, no tienen acceso a ese reducido club del 0,05 % de católicos (datos de la Conferencia Episcopal) con funciones sacerdotales. No veo que eso implique ningún sometimiento de las mujeres en la Iglesia, ni que eso las excluya de participar activamente en los actos litúrgicos, como es patente para cualquiera que asista a ellos de vez en cuando. Quizá no es tanto que haya alguna razón definitiva contra la existencia de sacerdotisas, como que no hay nada intrínsecamente injusto en que no las haya. ¿Fue Dios machista por encarnarse en Jesús, un varón? Salvo que concediéramos semejante idiotez, parece una tradición sensatamente piadosa la que restringe a los hombres la administración de la eucaristía, instituida por Cristo en la Última Cena.

Si empezamos a cuestionar la tradición ¿dónde está el límite? Desde luego, no en la admisión del divorcio ni en la práctica de la homosexualidad. Si el matrimonio católico deja de ser la unión indisoluble entre hombre y mujer, como defendió clara y rotundamente Jesucristo, ¿qué tendrá de católico y qué tendrá de matrimonio? Quien quiera divorciarse puede legalmente hacerlo, en la mayoría de países católicos. Que además pretenda que la Iglesia bendiga su nueva unión, me parece sencillamente tener mucho descaro, una forma de catolicismo a la carta que toma lo que le conviene y rechaza lo que le incomoda. ¿Con qué autoridad, entonces, podrá oponerse la Iglesia al aborto? Porque sin duda habrá también "católicos" que lo vean justificado. ¿Por qué habría de aceptar la Iglesia "modernizarse" en algunas cosas y en otras no? Repitámoslo: ¿Cómo sabremos dónde está el límite?

Y es entonces cuando nuestros religiosos y laicos progres, todos a una, nos ofrecen la respuesta mágica: Democratizando el Vaticano, que Küng compara falazmente con la monarquía absoluta de Arabia Saudí. Un ciudadano árabe no puede elegir sustraerse a la autoridad del monarca. Un católico, siempre que quiera, sin el menor problema; y además la autoridad del papa se limita a cuestiones doctrinales y litúrgicas, que no afectan a la mayor parte de la vida de los laicos. Por lo demás, a nadie en sus cabales se le ocurre que haya que democratizar todas las instituciones que existen en una sociedad. ¿Por qué no democratizar el Ejército, sustituyendo el Estado Mayor por una asamblea de la tropa? ¿O las redacciones de los periódicos, eliminando la despótica figura del director?

Democratizar la Iglesia significaría dejar de concebirla como depositaria y guardiana de una Verdad eterna. Pues lo que los católicos han venido creyendo en los últimos dos mil años quedaría sujeto al albur de las modas caprichosas, los intereses políticos y las intoxicaciones de los medios de comunicación, brutalmente ignorantes y despreciadores de las Escrituras, la tradición y la historia. Democratizar la Iglesia sería, sencillamente, destruirla, porque la Iglesia tiene un gobierno, pero no es ningún gobierno, sino algo completamente distinto. La democracia sirve para algo tan prosaico (aunque necesario) como es elegir a los gobernantes. Pero no para decidir qué es la verdad, porque eso significaría poner cabeza abajo el Evangelio.   Dijo Jesús: "Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." (Juan, 8, 31-32.) Aquí no hay votaciones ni encuestas que valgan. La libertad procede de la verdad, no al revés. Y la mentira no se convierte en verdad porque la sostenga más del 51 % de los encuestados.

En un mundo cambiante y movedizo, la Iglesia es un punto de referencia firme para todo aquel que quiera orientarse. La retórica emocional contra "lo establecido", contra "la norma rígida", encuentra amplia audiencia entre mucha gente, acostumbrada a recibir halagos de políticos. Pero no debemos prestar oídos a tales cantos de sirenas. Precisamente si arrebatamos a toda la gente la única institución milenaria de Occidente que ha sobrevivido a imperios y estados, la dejamos mucho más inerme ante esos poderes terrenales. Porque si todo es cuestionable y revisable, si ya no hay seguridades, tampoco puede haber justicia. Lo mejor que puede hacer la Iglesia por los débiles y los humildes es claro: permanecer fiel a sí misma.

Mercado y democracia

"Programa, programa, programa", era la conocida cantinela de Julio Anguita cada vez que alguien sugería la posibilidad de pactos con los comunistas. Su postura era a menudo elogiada como un ejemplo de incorruptible coherencia, dejando entre paréntesis el pequeño detalle de en qué consistía el programa del señor Anguita: convertir a España en una dictadura de estilo soviético.

Ahora muchos, de manera más o menos severa, reprochan al PP que no dé a conocer todavía su programa electoral. Y no falta quien afirma que es de tontos apoyar a un partido cuyo programa no conocemos. A mí lo que me parece ingenuo es que, a estas alturas, haya quien necesite todavía que partidos como el PSOE, CiU o el PP presenten sus programas, como si no los conociéramos. Los primeros solo quieren aumentar el gasto público y, con él, la dependencia de los ciudadanos del Estado, destruyendo de paso los principios morales, con el mismo fin. Los segundos solo quieren seguir jugando a la independencia de Cataluña pero sin consumarla nunca del todo, para que España siga pagando. Y los terceros, en fin, como todos, aspiran al poder... pero da la casualidad de que para ello no tienen más remedio que apoyarse en lo más sano de la sociedad, en la gente que cree todavía en principios morales, en el valor del esfuerzo y el mérito, y en la libertad inalienable del individuo -no en las graciosas concesiones de gobernantes justicieros. Vale la pena sumarse a unos votantes así.

Existe una concepción ingenua de la democracia representativa según la cual esta debería basarse en una elección racional, profundamente meditada, de las diferentes opciones políticas. Es tan ingenua como aquella según la cual esto es lo que se produce en el mercado. Así, Jorge Valín, en el artículo antes enlazado, se pregunta: "¿Por qué el actor actúa racionalmente cuando “compra” o apuesta por un producto del libre mercado y hace todo lo contrario cuando vota?" En realidad no existe tal contradicción, porque tampoco compramos de manera racional.

Las críticas contra la democracia  basadas en que la gente hace elecciones estúpidas pueden aplicarse perfectamente al mercado. La gente se gasta el dinero en seguir a su equipo de fútbol hasta Ucrania, y al mismo tiempo considera excesivamente caro un seguro médico. Pero estos no son argumentos contra la democracia ni contra el mercado, salvo para quienes se enrocan en una concepción angelical de la naturaleza humana. La democracia y el mercado son lo mejor que tenemos, partiendo del hecho incontrovertible de que no somos ángeles. Eso es lo que olvidan personas de ideas tan opuestas como Jorge Valín o Cayo Lara. Ambos coinciden en no entender no solo lo que aborrecen, sino incluso aquello (sea la democracia o el mercado) que pretenden defender. Hay idealizaciones que matan.

El espantapájaros franquista

Cerca del 90 % de los españoles ya ha vivido más tiempo en democracia que bajo la dictadura franquista; faltan pocos años para que sea el 100 %. Más del 60 % nació después de la muerte de Franco, o bien no gozaba todavía de uso de razón cuando esta se produjo. Ello no es obstáculo para que el discurso político del PSOE siga identificando habitualmente a la derecha con el régimen político anterior, poniendo en duda su pedigrí democrático. Esta práctica insidiosa procede, curiosamente, de un partido político que desde sus orígenes, y hasta poco antes de la muerte de Franco, defendió la dictadura del proletariado; que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera; que intentó implantar por la fuerza de las armas una dictadura en 1934 y que durante los cuarenta años de dictadura franquista apenas dio señales de vida. Por lo demás, muchos altos cargos del PSOE y personalidades afines son hijos de miembros del régimen de Franco, cosa absolutamente normal, pero que se opone a cualquier tentación de extraer conclusiones generales de circunstancias similares, en relación con militantes del PP.

La izquierda siempre ha pretendido monopolizar la democracia, como si fuera invención suya, o peor aún, como si fuera su propiedad. En esto consistió el drama de la República, que terminó en la guerra civil. Pero la izquierda se niega a aprender. Ella sigue adjudicándose la prerrogativa de definir qué se entiende por "derecha democrática", es decir, aquella que asume lo esencial de la cosmovisión de izquierdas, y solo se permite algún leve matiz diferenciador en la política económica. Una cierta derecha oportunista se presta encantada a este vasallaje, coquetea con el ecologismo, el feminismo y la socialdemocracia, colaborando así en la exclusión de la vulgar ultraderecha, que se atreve a cuestionar los ídolos de la tribu políticamente correcta: Son esas personas incómodas que se pronuncian en contra del aborto, a favor de la familia tradicional, ponen en duda el cambio climático y hablan sin melindres "sociales" a favor de la propiedad privada y el libre mercado.

Ahora bien, la posición que se adopte en esos temas, sea cual sea, no es en sí misma democrática ni lo contrario. Los pro vida, por ser tales, no son más demócratas que los pro abortistas, ni viceversa. Los escépticos climáticos no son ni más ni menos demócratas que quienes creen a pies juntillas que en la última tormenta tropical tiene algo que ver el CO2 emitido por la industria. La única manera inequívoca de poder desprestigiar al contrario con la acusación más o menos velada de autoritario (facha), es relacionarlo con un período histórico concreto. Y aquí es donde la izquierda española goza de una indudable ventaja. En España hubo una dictadura de derechas durante cuarenta años. En cambio, la única dictadura de izquierdas duró solo de 1936 a 1939, en los territorios dominados por el Frente Popular durante la guerra civil. Y la izquierda ni siquiera reconoce que fuera una dictadura. Es por tanto mucho más fácil relacionar a la derecha con el autoritarismo, que no a la izquierda. Franco es aún un espantapájaros utilísimo.

Ante esto, el error típico de la derecha es "mirar al futuro", como si le conviniera que olvidemos el pasado. En realidad, lo que debería hacer es recordar siempre que sea oportuno cómo surgió la dictadura de Franco, que no fue más que una reacción contra una dictadura de izquierdas en ciernes. Esto es algo muy distinto de justificar el franquismo. Precisamente porque todas las dictaduras son aborrecibles, debemos estar prevenidos contra los milenarismos que acaban conduciendo a regímenes autoritarios o totalitarios, qué más da si de forma directa o indirecta. Bien es verdad que durante el siglo XX, las dictaduras más largas y sangrientas han sido predominantemente de izquierdas. La historia es en sí misma la refutación de la idea según la cual la izquierda, a diferencia de la derecha, es intrínsecamente democrática.

Indignados, pero no demócratas

Habitualmente utilizamos la palabra democracia en un sentido que incluye, además de la elección del gobierno por el pueblo, mediante el voto universal y secreto, una serie de elementos definitorios del liberalismo, como son, por ejemplo: la libertad de expresión, circulación y manifestación; la separación de poderes; la igualdad ante la ley; el habeas corpus; la inviolabilidad del domicilio sin autorización judicial, etc. Ningún país que conculque alguno de estos principios es considerado democrático, por mucho que el gobierno haya obtenido el respaldo mayoritario en unas elecciones.

Este uso del término democracia y sus derivados tiene una indudable ventaja: Ahorra palabras. Para referirnos al mismo tiempo al sistema parlamentario, al respeto de los derechos individuales y al imperio de la ley, no existe ninguna otra expresión compuesta de un solo vocablo. Por otra parte, no se trata solo de que necesitemos la palabra democracia porque, debido a una feliz casualidad, existan países en el mundo en los que se dan estas circunstancias simultáneamente. Es que sin el respeto a los derechos individuales, a la libertad de prensa, etc, no existen garantías de ningún proceso electoral limpio.

Ahora bien, el sustantivo democracia y el adjetivo democrático tienen también un grave inconveniente: la parte de su significado que alude a la legitimidad de un gobierno representativo, tiende con mucha frecuencia a eclipsar, a oscurecer el componente liberal. Y esto es así porque, aunque ambos aspectos estén íntimamente relacionados, no por ello dejan de ser cosas bien distintas, que incluso pueden entrar en contradicción. Así, por ejemplo, alguien podría decir que unos jueces nombrados directamente por una asamblea elegida por el pueblo, o unos medios de comunicación subordinados a esta, serían más "democráticos", porque responderían mejor a la "voluntad popular". Esta es básicamente la argumentación que emplea el chavismo en Venezuela, con unas u otras palabras, para cerrar medios de comunicación y todo tipo de abusos.

Este peligro inherente a la palabra democracia queda también ejemplificado en el movimiento "Democracia Real Ya", que inspira a los manifestantes indignados de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España. Bien es verdad que en sus propuestas y lemas, entre los elementos socialistas y populistas, hay algunos inequívocamente liberales. Pero el mensaje que emerge como síntesis es que en la actualidad no vivimos en una verdadera democracia, que la "partitocracia" de algún modo ha secuestrado la democracia.

No han faltado los indignados que han afirmado que la soberanía popular reside en ellos, no en las Cortes. Y un inspirador ideológico de mucha de la retórica que se lee en las pancartas, José Luis Sampedro, en una entrevista donde presta su apoyo al movimiento, llega incluso a negar que exista democracia en España, Estados Unidos o Francia, porque según él la opinión pública de estos países está manipulada por unos medios de comunicación al servicio de los poderes económicos. (Cuba debe ser un oasis democrático.) Al respecto, es significativo que muchos indignados de la Puerta del Sol se hayan conducido, al menos los primeros días, con una cierta hostilidad hacia los periodistas, a los que de manera genérica han acusado de tergiversar la naturaleza del movimiento.

La idea de que la democracia no se puede limitar a votar cada cuatro años no va desencaminada, al menos en el sentido que apuntábamos al principio. También en Irán hay elecciones, y no por eso lo consideramos un país democrático. Pero una cosa es afirmar que el sufragio, desconectado de los principios liberales, se convierte en una farsa legitimadora del despotismo, y otra muy distinta es decir que si la gente vota a Bush, a Berlusconi, a Zapatero o a Rajoy, es porque no hay "auténtica" democracia.

Por supuesto que la manipulación existe. Ahí tenemos la que ejercieron el PSOE y sus medios afines en las elecciones de 2004. Fuimos millones los ciudadanos a los que el resultado decepcionó profundamente, y algunos además pensamos que los atentados del 11-M constituyeron, lisa y llanamente, un golpe de Estado. Pero no pudimos cuestionar la legitimidad de los resultados electorales porque, al fin y al cabo, cada cual votó libremente, pudo presentarse cualquier partido que no apoyara el terrorismo, y no se dieron irregularidades en el recuento de votos.

La democracia no excluye que la gente sea idiota; o dicho más finamente, manipulable e irracional. Los defectos de la democracia son los defectos propios de la naturaleza humana. Pensar que el problema es del "sistema", y no de las personas concretas, es característico del utopismo totalitario. Todas estas proclamas que tratan al pueblo como una víctima desvalida, que pretenden redimirlo trayéndole la "democracia real", a lo que suelen conducir es a cuestionar la modesta democracia sin adjetivos, la única que ha demostrado que es posible.

El mensaje supuestamente "transversal" de los indignados es que el partido que previsiblemente ganará las elecciones, tampoco solucionará nada. ¿Se hubiera gestado el movimiento en caso que las encuestas fueran favorables a la izquierda? Da la impresión que, para algunos, el juego democrático solo es válido cuando los suyos llevan las de ganar.

¿El islam es compatible con la democracia?

En el debate acerca de si el islam es compatible o no con la democracia, no siempre distinguimos con suficiente claridad las tres cuestiones siguientes:

1) ¿El islam es compatible con la democracia y los derechos humanos?

2) Suponiendo que la respuesta anterior sea sí, ¿existe actualmente un islam moderado?

3) Suponiendo que la respuesta anterior sea también sí, ¿pertenece X al islam moderado?

Si la respuesta a la primera pregunta es no, evidentemente ya no cabe ni plantearse las dos siguientes. Dice Gabriel Albiac con rotundidad, en un artículo de ABC:

"Podemos jugar a engañarnos como queramos, pero el Islam -en cualquiera de sus variedades- es teológicamente incompatible con la universalidad ciudadana."

Sentada esta premisa, en relación con los acontecimientos de Egipto, concluye con lógica irreprochable:

"No hay otra fuerza institucional que pueda capitalizar la justa rabia de los jóvenes: ejército o mullahs."

Dicho más claramente, si cabe: Los países musulmanes no tienen remedio, su destino es estar sojuzgados por dictaduras laicas o por teocracias.

Quienes sostienen esta visión tan pesimista tienen a su favor el hecho de que no existen países democráticos en el mundo islámico, salvo la dudosa excepción de Turquía, hasta hace muy poco una democracia tutelada por los militares, y hoy gobernada por los islamistas supuestamente moderados. Pero en realidad, este hecho no demuestra categóricamente nada en relación al futuro. Hace varios siglos tampoco el Occidente cristiano era un modelo de libertad y tolerancia. En el siglo XVI fueron ejecutados Tomás Moro en Inglaterra y Miguel Servet en Suiza. Y todavía un siglo después, son de sobra conocidos los problemas que tuvo Spinoza en los muy liberales Países Bajos.

Bien es verdad que en el Corán podemos leer numerosos pasajes manifiestamente contrarios a las ideas liberales, a la igualdad de hombre y mujer, etc. Pero también en la Biblia podríamos encontrar justificaciones literales para la intolerancia, y no por ello deducimos que el cristianismo ni el judaísmo sean incompatibles con las sociedades abiertas. Como dice el conocido escritor franco-libanés Amin Maalouf, perteneciente a la minoría árabe cristiana:

 "Todas las sociedades humanas han sabido encontrar, en el transcurso de los siglos, las citas sagradas que aparentemente justificaban sus prácticas del momento. (...) No cambian los textos, cambia nuestra mirada, que en cada época se fija en determinadas frases y pasa por otras sin verlas." (Identidades asesinas, Alianza Ed., 2005, pág. 57.)

Algunos autores, entre ellos el que acabo de citar, han señalado que el problema del islam es que carece de un autoridad religiosa fuerte, independiente del Estado, lo cual no favorece la separación del poder político y el religioso, y además permite con más facilidad las desviaciones radicales. Pero si esto es así (y efectivamente la tesis resulta muy plausible), se trataría de una contingencia histórica, que acaso pudiera cambiar en el futuro, o bien podría perder importancia al entrar en juego otros factores.

Luego están quienes en el extremo opuesto nos hablan del islam como una religión de paz y tolerancia, con una "esencia democrática", y hasta pretenden que nos traguemos que Mahoma era un "feminista de su época". Pero una cosa es la mamarrachada retórica de la Alianza de Civilizaciones, y otra muy distinta afirmar que una parte de la humanidad será por siempre refractaria a la democracia.

La segunda pregunta puede tener una respuesta trivial, que consiste en señalar que la mayoría de musulmanes son moderados, puesto que no van por ahí forrados de explosivos bajo el abrigo. Pero naturalmente, lo que nos interesa saber es el porcentaje de musulmanes que sinceramente deploran los atentados terroristas y no desean la implantación de un régimen teocrático. Esto no es nada fácil, aunque debe reconocerse que hasta ahora los indicios han estado de parte de los escépticos.

En el año 2000, el experto en islamismo Gilles Kepel publicó un libro, La Yihad. Expansión y declive del islamismo, en el que auguraba, como el título indica, que el radicalismo islamista estaba en decadencia, y observaba prometedoras señales de democratización en las sociedades musulmanas. Un año después se producían los atentados del 11-S. No he seguido a este autor, pero a juzgar por las obras que ha publicado después, sospecho que no debió dejar que ningún hecho, por espectacular que fuera, estropease su bonita teoría. Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos en Túnez y Egipto, quién sabe si no terminará teniendo razón. Decía entonces Kepel:

"En esta fase, que se inicia con el siglo XXI, veremos sin duda alguna cómo el mundo musulmán entra de lleno en la modernidad, (...) sobre todo a través (...) de la revolución de las telecomunicaciones y de la información."

Por todo ello, creo que el debate, para evitar especulaciones de difícil contrastación, debería centrarse en la tercera de las preguntas, que en realidad son muchas, en función de por quién o quiénes sustituyamos la X. Ya en algunos medios nos están tratando de colar que los Hermanos Musulmanes representan un "islam moderado", y en El País no podía faltar estos días la entrevista al lobo con piel de cordero Tariq Ramadán, al que califican sin rubor como "un Martín Lutero musulmán". Con estos tontos útiles, claro, ¿para qué debería moderarse de verdad el islam?

La ideología islamista es en sí misma totalitaria, como lo eran el fascismo y el comunismo. Ahora bien, es imperativo separar esta ideología de la religión en la cual se inspira, y que profesan más de mil millones de personas en el mundo. Y para ello es necesario que nuestra civilización empiece por respetar su propia religión, el cristianismo, demostrando que las religiones monoteístas no son incompatibles con la modernidad. Ni buenismo multiculturalista, ni tampoco el falso realismo cínico del "choque de civilizaciones", que incurre en la misma negación de unos valores universales. Los valores de libertad individual, imperio de la ley, etc, sólo por razones históricas contingentes surgieron por vez primera en Occidente. No será fácil que se extiendan por todo el mundo, pero es el único camino.

Para Huntington, "las civilizaciones son las últimas tribus humanas". Amin Maalouf deplora con razón esta visión determinista, que nos impone a cada uno una identidad monolítica, de la cual sería vano intentar escapar, en función de si hemos nacido en Cádiz o en Tánger. Sin embargo, el problema no es, como sugiere el novelista en la obra citada, achacable a una determinada concepción errónea de las cosas (aunque esta tampoco ayude), sino que efectivamente, hay en la naturaleza humana una tendencia muy poderosa hacia la construcción de identidades tribales.

La buena noticia es que podemos escapar a ellas. Los jóvenes franceses de origen magrebí de las banlieues, con su estética entre rapera e islamista, seguramente no han optado por el radicalismo religioso por razones teológicas, sino porque han encontrado así la forma de justificar su odio y su victimismo contra una sociedad que ha cometido el error de prometerles el bienestar a cambio de ningún esfuerzo, de ningún mérito. Europa, a diferencia de Estados Unidos, ha lanzado el mensaje de que cualquiera que llegue aquí sólo tiene derechos. Y si a pesar de ello se siente insatisfecho con esta vida de dependencia de las ayudas estatales (cosa más que previsible), el inmigrante lo achacará (ayudado diligentemente por activistas subvencionados por ese mismo Estado) a un supuesto carácter excluyente y racista de los europeos, que por lo visto no dedicamos suficiente presupuesto público a que pueda seguir holgazaneando por nuestras calles.

No debería extrañarnos que los inmigrantes musulmanes no se integren, si les premiamos por no hacerlo, si les ofrecemos todo tipo de ayudas a las que los propios nativos no tenemos derecho. Cuando ser europeo u occidental, de nacimiento o de adopción, vuelva a ser un orgullo, una conquista, empezaremos a desactivar los delirios identitarios, basados en la religión o en cualquier otro aspecto cultural. Y de paso, si nos hacemos respetar en el exterior, la democracia volverá a gozar del prestigio que lleva a otros pueblos y otras culturas a querer importarla.

[16-02-11: Daniel Pipes: Islam y democracia. Totalmente de acuerdo.]

[20-02-11: Ignacio Cosidó: El islam democrático.]

La mentira de la democracia

¿Alguien puede creer seriamente en el gobierno del pueblo? Todo gobierno por esencia lo es de una minoría, sea cual sea el medio por el que sus miembros hayan alcanzado el poder, o la ideología con la cual justifiquen su ejercicio.

En la Atenas clásica, los ciudadanos que tomaban las decisiones de la polis no eran ni más ni menos que una selecta minoría, que excluía no sólo a los esclavos, sino también a los campesinos y a las mujeres.

En los modernos sistemas parlamentarios, la voluntad de millones de individuos es sustituida por la de unos escasos representantes, a su vez supeditados a una jerarquía partidocrática o condicionados por intereses de grupos de presión.

Por mucho que se quiera revestir de un carácter casi sagrado a los parlamentos, con términos de carácter inequívocamente metafísico-religioso ("emanación de la voluntad popular", etc) el hecho cierto es que unos pocos mandan y los más obeceden. La democracia en sentido etimológico es una utopía.

Esto no significa que exista una alternativa al régimen parlamentario, sino lisa y llanamente que tal régimen no es la democracia, en el sentido de gobierno del pueblo. Las elecciones libres y los parlamentos son sólo un medio entre otros (aunque valioso) con los que cuenta el estado de derecho para controlar y fiscalizar el poder ejecutivo.

Es más, las invocaciones al concepto teórico de democracia suelen por el contrario encubrir el deseo de sortear ese control del ejecutivo. Aunque no han faltado autores que honestamente defienden fórmulas para incrementar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es más que dudoso que lograran el objetivo que pretenden. En su obra Rational Choice and Democratic Deliberation, los filósofos del derecho Guido Pincione y Fernando R. Tesón han señalado la paradoja que late en la figura del ciudadano que toma posiciones acerca de los asuntos públicos basándose en criterios racionales, y no en meros sentimientos o prejuicios. En realidad, tal actitud es extremadamente rara, no porque no exista una suficiente "cultura democrática", sino porque la inversión de esfuerzo intelectual necesaria para alcanzar semejante capacidad de juicio no se ve compensada por la utilidad irrelevante de un voto individual. Es decir, los ciudadanos actuarían racionalmente cuando deciden su voto de manera irreflexiva... Las consecuencias de esta conclusión para el elevado concepto de la democracia que algunos gustan de acariciar son sencillamente devastadoras.

Así pues, cuando el término democracia se usa en un sentido idealista conviene ponerse en guardia. Existen dos estrategias basadas en la confusión deliberada entre el sentido etimológico-filosófico y el empírico. La primera y más grosera consiste en razonar más o menos así: Puesto que la democracia "burguesa" es una utopía, o cuando menos un sistema ineficaz, acabemos con el sistema parlamentario. Bolcheviques, fascistas, nacional-socialistas, etc han recurrido a esta argumentación para justificar sus dictaduras al tiempo que han apelado a una forma "superior" o más "auténtica" de democracia.

La segunda estrategia es mucho más sutil, por cuanto no se plantea acabar con el parlamentarismo y el estado de derecho, sino vaciarlo gradualmente de sentido, mediante fórmulas para incrementar la "calidad" de la democracia que en realidad persiguen hiperlegitimar las actuaciones del poder ejecutivo. El procedimiento consiste básicamente en utilizar a asociaciones masivamente infiltradas por el poder partidocrático, pero que se hacen pasar por manifestaciones espontáneas de la sociedad civil, para mediante una escenificación de "diálogo" poder descalificar como no democrática cualquier crítica que se salga del cauce así institucionalizado y por supuesto totalmente controlado por el gobierno.

Un ejemplo paradigmático es el llamado "Plan Interdepartamental de Participación Ciudadana" de la Generalitat de Cataluña, que cuenta con un presupuesto de más de ¡2.000 millones de pesetas! (12,96 millones de euros). Incluso en la declaración de intenciones del Plan, redactada con la habitual retórica empalagosa de la escolástica político-burocrática, se trasluce su verdadero carácter intervencionista y dominador. El documento habla de una nueva "cultura de la participación" que "complementa la democracia representativa", con la finalidad de "luchar contra la desafección de la ciudadanía respecto de la política y generar confianza". Obsérvese que se trata de objetivos que benefician más a los gobernantes que a los ciudadanos, pues les permiten aumentar su libertad de acción -y su legitimidad- frente al legislativo, y combatir la sana desconfianza de la sociedad hacia el poder ejecutivo. Pero en un párrafo posterior todavía lo dicen más claramente: "La participación [de los ciudadanos], lejos de retardar las decisiones, permite superar las resistencias y los obstáculos que acompañan, cada vez más, el despliegue de políticas complejas." Es decir, de lo que se trata es que el poder esté lo más libre de trabas posible, que sea "eficaz" y "ágil", como lo expresan estos aprendices de totalitarios.

Por supuesto, el gobierno catalán se reserva la elección de las asociaciones con las cuales desarrolla los "espacios de participación". Comunidades de catalanes en el extranjero, feministas, inmigrantes, "lesbianas, gays y hombres y mujeres bisexuales y transexuales"... Colectivos que sólo pueden mostrar colaboración entusiasta con unos gobernantes que los privilegian con un trato tal que por su carácter minoritario jamás obtendrán de otra forma.

Definitivamente desacreditadas expresiones como la "democracia orgánica" del franquismo o la "democracia popular" de los comunistas, en el futuro oíremos hablar cada vez más de "calidad democrática". O sea, una forma mucho más sutil de dominación y reforzamiento del poder ejecutivo. Lo que no variará es que, como siempre, se hará en el nombre del pueblo.

Dos conceptos de democracia

Los californianos han votado una ley llamada de "protección del matrimonio" para que sólo el matrimonio entre hombre y mujer sea considerado constitucionalmente válido. Claro, allí no son tan progresistas como en España, donde este tipo de cosas no se someten a votación. ¿Para qué, para que pueda ganar la opción que no le gusta a los gobernantes? No, aquí tenemos otra idea de la democracia. Democracia es tener el número suficiente de diputados para que el partido en el poder pueda hacer lo que le dé la gana. Desde luego, es mucho más sencillo y no hay que estar continuamente preguntando a la gente lo que prefiere, qué fastidio. Basta con unas encuestas sabiamente preparadas, en las que sutilmente se dé a elegir entre el "matrimonio" homosexual y la Inquisición, y poner en marcha una campaña encubierta y unilateral de todas las televisiones a favor de sólo una de las tesis, como si la contraria sólo fuera defendida por cuatro frikis.

Nadie o casi nadie discute que las personas adultas pueden hacer lo que quieran con su vida sexual, juntarse, separarse o formar tríos. Pero llamar matrimonio a cualquiera de estas uniones es algo más que una incorrección semántica. Supone sencillamente disolver la institución del matrimonio tal como la conocemos desde hace miles de años. Se confunden gravemente quienes argumentan, desde posiciones aparentemente liberales, que el Estado no es nadie para decir quién puede casarse con quién. El Estado, efectivamente, no debe tener esa atribución: Por eso mismo no puede reformar de raíz los principios que han regido en nuestra civilización desde tiempo inmemorial, salvo para que se vean reconocidos más explícitamente en los textos legales.

También se ha tendido a ridiculizar a quienes afirmamos que el matrimonio entre homosexuales supone abrir la puerta a la poligamia y a toda clase de aberraciones. Hay que decir que antes los progres eran más coherentes (o quizá menos expertos en marketing) y no hacían ningún asco a esta posibilidad. En el que fue un claro precedente de los actuales manuales de Educación para la Ciudadanía, El libro rojo del cole (un engendro que comunistas y socialistas difundían clandestinamente por los colegios durante la Transición) se afirmaba lo siguiente: "No se ve el porqué una familia debe necesariamente basarse en el matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Por qué no pueden haber matrimonios de grupo, grandes familias, comunidades, etc?" Lo más interesante de estas palabras es el "etc". ¡La de posibilidades que se sugieren aquí! Por cierto que recomiendo la lectura de este libro, hoy justamente olvidado, en el que se adoctrina a los adolescentes en técnicas subversivas, se proporcionan recomendaciones para abortar ilegalmente o se "desaconsejan" las drogas entrando en detalles de tipo práctico sobre cómo consumirlas de forma "segura".

En fin, visto que estas enseñanzas no llegaron a calar lo suficiente, los progres cambiaron de estrategia. Defienden exactamente lo mismo (la abolición de la familia, es decir, su absorción por el Estado) pero de manera más disimulada y encubierta, ridiculizando a quienes denunciamos sus verdaderas intenciones como si los radicales fuéramos nosotros y no ellos. Y sobre todo, monopolizando la etiqueta de demócratas. Eso sí, demócratas españoles, no californianos. No confundamos.

El Reino Unido no es una democracia consolidada

Ni tampoco lo son Bégica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Australia ni Japón. Al menos no según el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

En efecto, el claustro de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha aprobado una moción presentada por esa organización, cuyo texto afirma que "La mayoría de democracias consolidadas poseen Jefes de Estado elegidos por la ciudadanía mediante mecanismos democráticos." Tras constatar que en España (perdón: el Estado español) esto no es posible, y que el actual rey fue nombrado por Franco como su sucesor, el sindicato estudiantil solicita que ningún miembro de la familia real sea invitado a ningún acto de la citada universidad.

Sólo dos observaciones. Si el Jefe del Estado fuera elegido democráticamente, estos abanderados de los Països Catalans ¿dejarían de reivindicar la independencia? Porque si no es así, me pregunto entonces que más les da cuál sea la forma de gobierno del país del que tanto anhelan separarse.

En segundo lugar, me pregunto también cómo ingleses, holandeses, japoneses, etc, todavía no se han dado cuenta de lo poco consolidadas que están sus democracias. Porque ahora que unos preclaros estudiantes de la Pompeu Fabra les han mostrado el camino, ya no tienen excusas, la verdad.

Dejándonos de bromas, aquí el debate que se plantea no es el de monarquía o república, perfectamente lícito (aunque dudo que de la importancia que algunos le atribuyen) sino el de cómo pueden llegar a la Universidad semejantes hornadas de analfabetos funcionales, incapaces de escribir veinte líneas con un mínimo de pulcritud intelectual. La respuesta, como deja entrever el voto favorable del claustro, con el que se ha cubierto de gloria, está en un profesorado que se caracteriza, en algunos casos por su abyecto servilismo ante el nacional-progresismo de una minoría de niñatos bien organizados, y en otros por ser directamente responsables de su adoctrinamiento ideológico, desde las edades más tempranas.

A veces dan ganas de emigrar a una democracia consolidada, como los Estados Unidos de Bush, la Francia de Sarkozy, la Italia de Berlusconi o la Alemania de Merkel, modelos todos ellos que no me cabe ninguna duda estaban en la mente de estos izquierdistas de la GrossKatalonia.