¡Vivan las regulaciones!

El gobierno vuelve a la carga con sus planes para regular (en politiqués: restringir) la libertad de prensa. En efecto, promover un estatuto del periodista, difícilmente le dará a estos profesionales más libertad de la que ya tienen. Todo lo contrario, lo que se pretende es crear organismos burocráticos (es decir, controlados por los políticos) que decidirán quién puede ejercer de periodista y quién no, todo ello adornado con rimbombantes expresiones como "código deontológico", "ética periodística" y demás.

Para justificar este asalto a una libertad fundamental, nos vendrán como siempre con aquello de que otros países ya lo hacen (¿y qué, suponiendo que fuera cierto? ¿por qué debemos imitar siempre lo peor del extranjero?), pero sobre todo, el argumento decisivo se basará en esgrimir un supuesto derecho a la información veraz. Sí, he dicho supuesto, porque el abuso que se hace actualmente del término derecho forma parte de una estrategia perfectamente consciente del Poder para minar los derechos clásicos -aquellos que, "casualmente", fueron instaurados con el fin de limitar el poder. En efecto, so pretexto de proteger un falso derecho de los ciudadanos a estar bien informados, los gobernantes aspiran a poder fiscalizar la libertad de los informadores. Es el mismo método por el cual, en base a un supuesto derecho a la vivienda, se trata de limitar el derecho de propiedad.

Existe un test bien sencillo para detectar falsos derechos: Se caracterizan porque, a diferencia de los derechos defendidos por el liberalismo clásico, son imposibles de garantizar. ¿Quién puede garantizarnos que tendremos una información veraz, que conseguiremos trabajo, casa, salud, etc? En cambio, que exista libertad de prensa, libertad económica, etc, es algo muy sencillo: basta con que los políticos y funcionarios no metan las narices en aquello que no es de su incumbencia.

Esto no significa que determinados derechos (por ejemplo, el derecho al honor y la libertad de expresión) no puedan entrar en conflicto. Pero para esos casos están los jueces. Recientemente hemos visto como la cuñada del príncipe ha llevado a juicio a los medios de comunicación por el acoso al que se ve sometida. Para El País.com del lunes, sin embargo, esto son el tipo de "situaciones insólitas" a las que nos lleva la "falta de normativa". Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de malo en que la señora Ortiz quiera gastarse el dinero en juicios? Y si de verdad la actuación de los paparazzi sobrepasa en ocasiones lo tolerable ¿de qué mejor manera que acudiendo a la justicia se puede defender la persona objeto de su interés?

Eso sí, cuando un político denuncia a un conocido comunicador, los fariseos habituales reclaman una "honda reflexión" sobre cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión. Los mismos que decían "todos somos Rubianes", después de que este se cagara "en la puta España" en la televisión autonómica catalana, ahora ya no opinan, al parecer, que la libertad de expresión sea un derecho fundamental. Porque eso de ejercerla para cuestionar la versión oficial de los atentados del 11-M, por lo visto es inadmisible.

No es muy difícil adivinar en quiénes están pensando los que reclaman el estatuto del periodista. Qué más querrían algunos que obligar a un Jiménez Losantos o a un César Vidal a tener que solicitar un permiso administrativo para ejercer su profesión... Ni que decir tiene que aquellos que gustan de inventarse terroristas suicidas, como hizo la cadena SER en aquellos infaustos días de marzo, no encontrarían ninguna dificultad para obtenerlo: Los repartirán sus jefes. Benditas caenas...