Típica propuesta facha de un progre

"Libertad ¿para qué?" es lo que contestó Lenin al socialista Fernando de los Ríos cuando éste le manifestó su inquietud por la ausencia de libertades (dicho suavemente) que observó durante un viaje a la URSS.

Significativamente, son palabras muy similares a las que emplea cierto progre latoso como título de un post publicado hace más de dos años en un blog inactivo, y que dice lo siguiente:

Sobre la libertad de expresión propongo la siguiente máxima: "La expresión que propugne limitar derechos más fundamentales que el de la libertad de expresión no debe ser libre."

Casos: Apología del terrorismo (contraría el derecho a la vida), apología del franquismo (contraría la libertad de conciencia, de reunión, de manifestación, etc.), insulto (contraría la dignidad del receptor).


Por alguna razón, nuestro entrañable progre ha llegado a la conclusión de que la libertad de conciencia, de reunión, de manifestación e incluso algo que llama "dignidad del receptor" son más fundamentales que la libertad de expresión. No debe extrañarnos: una de las tácticas favoritas de la izquierda consiste en recortar derechos pretextando la defensa de otros derechos, reales o inventados para la ocasión, que por supuesto se consideran superiores a los viejos derechos burgueses. La fecundidad de la máxima es por ello inagotable. Podemos por ejemplo prohibir la defensa del mercado libre, arguyendo que "contraría los derechos de los trabajadores", los cuales serían más importantes que la libertad de expresión. Vamos, que podemos prácticamente prohibir todo lo que no concuerde con el Pensamiento Mao, o aquel que esté vigente en cada momento o lugar. ¿No es magnífico?

Nota: No crean que ahora me ha dado por la arqueología de blogs progres. Ha sido googleando a partir del nick de un comentarista que últimamente la ha tomado conmigo, como he dado con esa "defecación colateral", como el propio autor la define.

No pasa nada (por ahora)

He leído la sentencia que condena a Jiménez Losantos por un delito de injurias y, sinceramente, no creo que la libertad de expresión esté en peligro. Puede que sea un ingenuo o que mi ignorancia del derecho me lleve a ser excesivamente optimista, pero, hablando en serio: ¿De verdad podemos creer que un texto jurídico tan chapucero e incompetente no será tumbado por cualquier instancia superior con cara y ojos a la que se recurra?

Ignoro si es costumbre de las transcripciones judiciales de discursos orales optar por la grosera fonetización de nombres propios extranjeros, como por ejemplo "Juliani", repetido sistemáticamente en la sentencia para referirse al alcalde neoyorquino Giuliani, entre otras igualmente ridículas, y si es normal la carencia de puntuación casi total en dichas transcripciones.
No me entretendré en comentar aspectos formales, a fin de no desviarme de lo importante, que es el argumento esencial de esta sentencia. Traducido al lenguaje corriente, aquel en el que Giuliani se escribe Giuliani, podría formularse así:

Federico Jiménez Losantos no puede ampararse en la libertad de expresión porque no se puede probar que el alcalde Gallardón dijera lo que algunos afirman que dijo, es falso que literalmente dijera cosas como "quiero tapar el 11-M" y no es cierto que todo el mundo interpretara de la misma manera sus palabras.

Es decir, la jueza nos está diciendo, primero, y en contradicción con los mismos fundamentos de derecho que la propia sentencia cita poco antes, y que definen la veracidad en términos de los cánones comúnmente admitidos de profesionalidad, que sólo es información veraz aquella que se puede probar. Nótese la enormidad de semejante afirmación. Prácticamente se carga toda posibilidad de opinión libre. Podemos comprobar que está lloviendo porque nos mojamos, pero ¿cómo demostrar enunciados complejos del tipo de "Gallardón traiciona los principios del PP"?

En segundo lugar, aunque en el fondo deriva de lo anterior, la sentencia increíblemente prohíbe toda interpretación. Puesto que el alcalde madrileño en ningún momento dijo literalmente que él no quería investigar el 11-M, no se puede afirmar legalmente (!) que ese fuera el sentido de sus palabras.

En tercer lugar, de manera increíblemente burda, la sentencia presenta triunfalmente como una falsedad más, imputable al querellado, la tesis de que todos los medios habrían interpretado del mismo modo las palabras de Gallardón. Y si fuera cierto que Federico hubiera incurrido en esa exageración ¿de verdad eso es materia de interés penal? Y sobre todo, ¿demuestra algo en absoluto, salvo que cada cual es libre de interpretar las palabras de un alcalde o las del rey como le venga en gana? Pues parece que según la ilustrísima magistrada, no es así.

Que los epítetos dedicados a Gallardón sean más o menos hirientes, es cuestión en la que, por sí sola, no se podía fundar una sentencia condenatoria. Insultar es llamar a alguien hijo de puta o cabrón, y todo lo que no sean expresiones de este jaez no pueden ser consideradas insultos, salvo que se quiera hacer imposible la crítica a los políticos. Por eso la magistrada ha optado por una estrategia argumentativa tan desesperada como era la de entrar en la veracidad de las afirmaciones de Federico, lo que nos conduce a algo tan absurdo y quimérico como querer fijar la interpretación que era lícito dar a las palabras pronunciadas por Gallardón en un acto del diario ABC.

Así que tranquilos. La libertad de expresión sigue indemne, por el momento. Con sentencias así, da gusto recurrir.

La derecha virtual

El Ayuntamiento de Barcelona estudia si es posible retirar del mercado The Wheelman, un videojuego de próxima aparición en España, inspirado en las películas de acción y carreras de coches, con espectaculares persecuciones, tiroteos, explosiones y todo lo que cabe esperar de este tipo de productos de entretenimiento. ¿El motivo? Que el juego transcurre en una recreación virtual de las calles de Barcelona y "es contrario -en palabras de la concejal de Educación- a los valores que caracterizan la ciudad".


No puede ser, dirá alguno. No es posible tanta imbecilidad. Pues sí, desgraciadamente lo es. Y no pensemos que tras la iniciativa del gobierno municipal está sólo el partido de la concejal, el PSC. Regidores de CiU (Sònia Recasens) y del PP (Alberto Fernández, escuchado hoy en la COPE) se han apresurado a mostrar su apoyo a las medidas contra el videojuego.

Y yo que me pregunto ¿por qué no prohibir también las películas y las novelas de temática violenta que tengan como escenario la ciudad condal? ¿Acaso no son también contrarias a sus "valores"?

Más aún. Independientemente de su localización figurada ¿no habría que impedir la difusión de todo tipo de obra literaria y audiovisual que no defienda los valores de la ecología, el pacifismo, y la Dirección General de Tráfico?

Pero qué quieren, a mí lo que me ha conmovido ha sido lo de Alberto Fernández. Es curioso. Por una parte se opone a la venta de videojuegos violentos, pero por otra se queja de que el Ayuntamiento declare Barcelona ciudad antitaurina. Se opone a la libertad de horarios comerciales, y luego protesta por que les digan a los comercios en qué idioma pueden rotular y en cuál no. Es decir, primero contribuye a prepararle el terreno a la dictadura de lo políticamente correcto, y luego se lamenta de sufrir sus consecuencias. ¿No será que cierta derecha es la recreación virtual de un videojuego? ¡Un videojuego, por descontado, creado por un programador progre!

P.S. Cualquier coincidencia del título de este post con la situación del PP nacional es mera coincidencia. O no.

¡Vivan las regulaciones!

El gobierno vuelve a la carga con sus planes para regular (en politiqués: restringir) la libertad de prensa. En efecto, promover un estatuto del periodista, difícilmente le dará a estos profesionales más libertad de la que ya tienen. Todo lo contrario, lo que se pretende es crear organismos burocráticos (es decir, controlados por los políticos) que decidirán quién puede ejercer de periodista y quién no, todo ello adornado con rimbombantes expresiones como "código deontológico", "ética periodística" y demás.

Para justificar este asalto a una libertad fundamental, nos vendrán como siempre con aquello de que otros países ya lo hacen (¿y qué, suponiendo que fuera cierto? ¿por qué debemos imitar siempre lo peor del extranjero?), pero sobre todo, el argumento decisivo se basará en esgrimir un supuesto derecho a la información veraz. Sí, he dicho supuesto, porque el abuso que se hace actualmente del término derecho forma parte de una estrategia perfectamente consciente del Poder para minar los derechos clásicos -aquellos que, "casualmente", fueron instaurados con el fin de limitar el poder. En efecto, so pretexto de proteger un falso derecho de los ciudadanos a estar bien informados, los gobernantes aspiran a poder fiscalizar la libertad de los informadores. Es el mismo método por el cual, en base a un supuesto derecho a la vivienda, se trata de limitar el derecho de propiedad.

Existe un test bien sencillo para detectar falsos derechos: Se caracterizan porque, a diferencia de los derechos defendidos por el liberalismo clásico, son imposibles de garantizar. ¿Quién puede garantizarnos que tendremos una información veraz, que conseguiremos trabajo, casa, salud, etc? En cambio, que exista libertad de prensa, libertad económica, etc, es algo muy sencillo: basta con que los políticos y funcionarios no metan las narices en aquello que no es de su incumbencia.

Esto no significa que determinados derechos (por ejemplo, el derecho al honor y la libertad de expresión) no puedan entrar en conflicto. Pero para esos casos están los jueces. Recientemente hemos visto como la cuñada del príncipe ha llevado a juicio a los medios de comunicación por el acoso al que se ve sometida. Para El País.com del lunes, sin embargo, esto son el tipo de "situaciones insólitas" a las que nos lleva la "falta de normativa". Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de malo en que la señora Ortiz quiera gastarse el dinero en juicios? Y si de verdad la actuación de los paparazzi sobrepasa en ocasiones lo tolerable ¿de qué mejor manera que acudiendo a la justicia se puede defender la persona objeto de su interés?

Eso sí, cuando un político denuncia a un conocido comunicador, los fariseos habituales reclaman una "honda reflexión" sobre cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión. Los mismos que decían "todos somos Rubianes", después de que este se cagara "en la puta España" en la televisión autonómica catalana, ahora ya no opinan, al parecer, que la libertad de expresión sea un derecho fundamental. Porque eso de ejercerla para cuestionar la versión oficial de los atentados del 11-M, por lo visto es inadmisible.

No es muy difícil adivinar en quiénes están pensando los que reclaman el estatuto del periodista. Qué más querrían algunos que obligar a un Jiménez Losantos o a un César Vidal a tener que solicitar un permiso administrativo para ejercer su profesión... Ni que decir tiene que aquellos que gustan de inventarse terroristas suicidas, como hizo la cadena SER en aquellos infaustos días de marzo, no encontrarían ninguna dificultad para obtenerlo: Los repartirán sus jefes. Benditas caenas...

WeTube

Desmentimos tajantemente los rumores según los cuales la SGAE barajaba la posibilidad de crear una web de vídeos propia, que se hubiera denominado WeTube, o según otros, de manera más castiza, AlaSaca. En realidad, no lo necesita.