El gobierno belga dimite en pleno porque el Tribunal de Casación ha observado indicios de interferencia del poder ejecutivo en el judicial (por el caso Fortis).
En España, gobernando el PSOE, es impensable que ningún tribunal se hubiera atrevido a denunciar presiones políticas a los jueces, pero si lo hubiera hecho, me imagino lo que sucedería. No sólo no dimitiría el gobierno: ni siquiera lo haría el ministro de Justicia (que en Bélgica ha sido el primero). Es más, Zapatero le mostraría su total apoyo y la Fernández de la Vega acusaría a la oposición de haber hecho lo mismo en el pasado. Se montaría un pollo de réplicas y contrarréplicas en el cual quedaría sepultada la cuestión de fondo, y los opinadores de la equidistancia exquisita, tipo Lluís Foix, volverían a lamentarse de la crispación, mientras que en Tele5 Jordi González montaría un debate sobre el tema: "¿Deben los jueces ultraconservadores torpedear las decisiones de los dirigentes democráticamente elegidos por el pueblo?" Finalmente, El País daría la señal de olvidar el asunto sacando a primera página alguna información sobre vuelos de la CIA o, a falta de otra cosa, algún caso de corrupción en un municipio de 500 habitantes que salpicara al PP. Eso sería todo.
Y es que claro, España es una democracia avanzada. Aquí todo el mundo se sabe el guión, no como esos aficionados belgas.