El verdadero problema educativo

La situación hoy en Cataluña es la siguiente: quienes deseen que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, no tienen otra opción que matricularlos en una elitista escuela privada. En este aspecto, como dijo el ministro Wert, el castellano se encuentra hoy en la misma situación del catalán "en otras épocas". Después vino a desdecirse, fiel a las costumbres del PP, siempre dispuesto a pedir perdón por no ser -todavía- totalmente antiespañol, socialdemócrata y pro abortista.

¿Es lógico que en un territorio donde la mayoría de la población habla castellano, la lengua vehicular de la enseñanza pública sea en catalán? Evidentemente, no. Los argumentos que pretenden que el monolingüismo educativo (la "inmersión") favorece la cohesión social, aunque fueran ciertos, serían aplicables como mínimo también al castellano. En realidad, el argumento principal de los nacionalistas es otro: Cataluña sufrió un intento de "genocidio cultural" (no entraré aquí al trapo de esta exageración) en el pasado, y por ello es imperativo compensar esa injusticia.

Este tipo de razonamiento sitúa al nacionalismo catalán (como al vasco y al gallego, por no salirnos de España) en la constelación de otros victimismos colectivistas de nuestros días. Las mujeres han sido oprimidas por los hombres, lo que justifica toda suerte de medidas de discriminación positiva que se les ocurran a los legisladores. Lo mismo puede decirse de los homosexuales, o de los negros en Estados Unidos, etc.

Debe señalarse que la discriminación positiva, aparte de su más que dudosa eficacia, no es nada distinto de la discriminación a secas. Si yo favorezco a un negro que ha obtenido las mismas calificaciones académicas que un blanco, estoy discriminando al blanco, obviamente. Si yo establezco mayores sanciones al delito cometido por un hombre que al cometido por una mujer, estoy evidentemente discriminando al hombre. Cambiar el punto de vista no cambia la realidad.

El nacionalismo catalán actúa de manera semejante a aquellos totalitarismos que castigan al individuo por delitos reales o imaginarios cometidos por un colectivo. El régimen franquista discriminó la lengua catalana: luego es necesario que unos padres castellanohablantes se fastidien ahora, y tengan que aceptar que sus hijos sean educados en catalán, lo quieran o no, salvo que tengan los medios económicos para recurrir a una escuela privada.

Ahora bien, no les falta razón a los nacionalistas catalanes cuando aseguran que no existe ningún conflicto lingüístico en Cataluña. En efecto, cuando la gente acepta mayoritariamente que el sistema educativo esté controlado por la administración, no debe extrañarnos demasiado que haya pocas movilizaciones por tratar de recobrar una libertad a la que se ha renunciado alegremente de antemano. Muchos que defienden el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular no suelen ser consecuentes hasta el final, lo que supondría defender la liberalización total del sistema educativo; ahí reside su mayor debilidad. Siempre se les podrá replicar que una "enseñanza a la carta" no sería practicable en el sistema público, lo cual probablemente es cierto, aunque en realidad se trate de un argumento contra la estatización de la educación, no contra la libertad educativa. Si la administración no puede asumir el coste de un bilingüismo equitativo, la conclusión lógica es que nunca deberíamos haber dejado la educación en sus manos.

El problema fundamental de la educación estatalizada en Cataluña es el mismo, fundamentalmente, que el de toda España: la baja calidad de una enseñanza destrozada por la pedagogía progresista de funcionarios que no responden realmente ante los padres de sus alumnos. En Cataluña, al adoctrinamiento izquierdista se añade el adoctrinamiento nacionalista, que como hemos dicho, responde a una similar lógica victimista. Unos y otros hacen de la cuestión lingüística lo decisivo, cuando el problema son los contenidos de unas escuelas convertidas en madrasas del pensamiento único.