Leyes y Rebelión

El mayor peligro de los gobiernos no reside en sus actuaciones más espectaculares, las que suelen provocar más polémica, sino en su actividad legislativa de carácter más técnico, que pasa desapercibida para la mayoría de profanos en la ciencia jurídica, y que sordamente va preparando las condiciones sobre las que puede sustentarse un poder ilimitado.

La ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional, recientemente aprobada, es un buen ejemplo de ello. Donde la constitución dice que el presidente de dicho tribunal debe ser elegido por un periodo de tres años, y que una tercera parte de sus miembros será nombrada por el Senado, la nueva ley establece la prórroga de la presidencia y desposee al Senado de su libertad de elección, al imponerle la selección previa de las asambleas autonómicas.

Esta reforma no puede hacerse legalmente sin antes reformar la constitución, razón por la cual ha sido recurrida por el Partido Popular. El problema es que su inconstitucionalidad deberá ser juzgada por el mismo tribunal al que afecta, y deberá serlo antes de que sus efectos se hayan producido.

¿Cuál es el móvil tras este retorcimiento del derecho? No es nada difícil de adivinar. La presidencia actual del TC, favorable al gobierno, puede ser decisiva a la hora de juzgar otro recurso de inconstitucionalidad, el del Estatuto de Cataluña, otro ejemplo -pero colosal- de violación de la constitución, que pone en riesgo la propia unidad de la nación. Por eso interesa prorrogar su mandato, y de paso adaptar el TC al nuevo régimen resultante de la alianza fatal entre socialistas y nacionalistas, las dos ideologías más destructivas del siglo XX.

Lo peor de todo, la cuestión de fondo, es la falta de respecto a las formas. Si los españoles decidiesen libremente en un referéndum, dentro del proceso constitucional establecido de reforma, la transformación del actual sistema político en un Estado confederal, o lo que sea, podríamos compartir o no la voluntad de la mayoría, pero deberíamos acatarla, al ser conforme a las leyes. Pero alterar la legislación por procedimientos que sólo aparentemente adoptan las formas legales (aprobación en las Cortes, publicación en el boletín oficial, etc), pero que en realidad las violentan y transgreden, es un acto de despotismo, es el despotismo.

Herbert Spencer, en su genial The Man versus The State, señalaba el peligro que tienen los precedentes. We have already done this; why should we not do that? Ya hemos hecho esto, ¿por qué no esto otro? Retorcer el derecho, aparte de un mal en sí mismo, es siempre un precedente que nos acerca un poco más a la dominación arbitraria de unos hombres por otros, en lugar de al ideal grecorromano del imperio de las leyes, que se encuentra en la base de la civilización occidental.

Las leyes no pasan a ser conforme a derecho porque un tribunal así lo ratifique. Esta concepción positivista nos llevaría automáticamente a justificar cualquier régimen dictatorial, nos privaría por completo de la capacidad de distinguir entre una sociedad libre y otra de súbditos. Debemos por tanto oponernos al minado de la Constitución que está llevando a cabo este gobierno, incluso aunque al final, con sus maniobras estilo Hugo Chávez, consiga el respaldo de un Tribunal Constitucional en cuya independencia nadie cree ya a estas alturas. Lo ilegal no deja de serlo porque unos magistrados ideologizados o presionados otorguen su aprobación. La oposición debe dejar de decir que acatará lo que digan los jueces, en cualquier caso. Debe utilizar, sin duda, los recursos que ofrece el Estado de Derecho para oponerse a su perversión, pero cuando esta ya se encuentra en una fase avanzada, debe ponerse al frente de una revuelta civil, de carácter pacífico, para restablecer el derecho y echar del poder al gobierno que pretende situarse por encima de la Ley.

Naturalmente, esto no es nada fácil en una sociedad donde ser de derechas es un insulto. Mientras la izquierda se crea investida de una legitimidad de la que carecería su adversaria, y los medios de comunicación acepten mayoritariamente esta premisa, no hay nada que hacer. Los gobiernos seudoprogresistas irán ampliando la potencia ya de por sí formidable de la máquina estatal, mientras que los de derechas, en los breves interludios que consigan desplazar a sus contrincantes de los despachos oficiales, difícilmente estarán interesados en revertir este proceso, autolimitando su disfrute momentáneo de un poder que tanto les cuesta alcanzar.

La única esperanza se halla en la sociedad civil. Ella es la que debe tomar la iniciativa de oponerse a la creciente intromisión del gobierno en nuestras vidas. No se trata de una utopía, sino de algo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas décadas, donde el dinamismo de su sociedad (la América profunda, que dicen los detractores de la consigna siempre a punto) ha obligado a los políticos de los dos grandes partidos a moderar notablemente las medidas estatalistas que las elites seudoprogresistas de los años sesenta pretendieron implantar. No es una casualidad que Internet sea una invención americana. Sólo a unos chiflados cow-boys individualistas se les podía ocurrir, primero, que algo como el ordenador personal podría ser una herramienta popular, y segundo que la people podría estar interesada en transmitir información en red (no sólo recibirla jerárquicamente como en la televisión). Tampoco es casualidad que la blogosfera se esté convirtiendo en el reencuentro consigo misma de una tendencia liberal-conservadora desacomplejada, en una verdadera democracia de la información, en la que los buscadores como Google están rompiendo las barreras entre los llamados intelectuales y el resto de los ciudadanos. La lucha por la libertad no ha hecho más que empezar... una vez más.

Al principio fue la Nada

Zapatero vuelve a proponer la nada absoluta -ahora es El Gran Salto Adelante en la política de vivienda. Es curioso que cuando no le copia expresiones al régimen iraní (Alianza de Civilizaciones), le aflora la vena maoísta, o si no, el antiamericanismo a lo Blas Piñar, que es lo más parecido al antiamericanismo a lo Chávez. Definitivamente, a este tío le va todo lo que huela a antiliberal. Pero quien me ha dado el día ha sido Juan Costa, anticipándonos "algo" (siempre será más que nada) acerca del programa del PP en torno al problema de la vivienda. Propone eliminar el Ministerio de Vivienda, y me dispongo a aplaudir, cuando ya lo ha arreglado: Creará una Mesa Nacional de la Vivienda. Qué coño pueda ser eso, escapa por completo a mi comprensión de simple mortal. Pero sí sé que jamás se contribuirá lo más mínimo a facilitar el acceso a la vivienda a ningún joven a base de crear más burocracia. ¿Cuándo veremos a un miembro del Partido Popular hacer una declaración de liberalismo rotunda y provocadora sin inmediatamente matizarla y contrapesarla y neutralizarla, todo ya antes de llegar al punto y seguido? Bueno, sé que hay quien las hace, pero yo imploro -alguien más. ¿Cuándo ofrecerá el partido que representa a media España un discurso coherente contra el socialismo, es decir, un discurso liberal, en lugar de una acumulación de medidas, de puntos de un programa que nadie lee? Decir que se propondrán soluciones para disminuir las hipotecas de larga duración es algo que también podría haber hecho el mismo Zapatero, incluso entra dentro de su estilo de enunciar el vacío, pero sobre todo es incurrir en la misma manía compulsiva del intervencionismo eternamente vigoroso, de salvarnos de nuestras propias decisiones, como por ejemplo que la gente quiera contratar hipotecas a cuarenta años, si le da la gana -y que como todo el mundo sabe, no quiere decir que necesariamente vaya a estar cuarenta años pagando. Sin duda que Juan Costa tiene en mente medidas como la liberalización del suelo y la incentivación de la oferta, que favorecerían verdaderamente aquellos resultados que persigue, pero diablos, no se trata de que tengamos que adivinarlo, lo que hay que lograr es que los seudoprogresistas que copan los demás partidos y medios de comunicación se escandalicen, pero de verdad, y que la derecha no se achante. Y así una y otra vez. Hasta que alguien se entere de qué va el asunto, de cuál es la verdadera batalla que se está librando. Que la brillantez con que se expresa Rajoy y su partido en el tema del terrorismo, se extienda a todo lo demás. Quizás se me nota que, en los momentos que consigo desengancharme de la blogosfera, estoy leyendo estos días La nueva revolución americana, de José María Marco. Claro, uno se entusiasma, se ilusiona, y de repente, la realidad vuelve por sus fueros: ¡Que estamos en España, no en Texas!

Nacionalismo o libertad

¿Aceptarían los nacionalistas catalanes que no existiera una costosísima e inútil televisión pública? No, porque no tendrían garantizada la existencia de una cadena de TV donde sólo se hablara en catalán. ¿Aceptarían el cheque escolar o un sistema de becas que permitiera a los padres escoger el tipo de educación -incluida la lengua en que se impartiera- de sus hijos? No, porque quieren tener la garantía de que nadie en Cataluña pueda escoger escolarizar a sus hijos en castellano. ¿Admitirían que no se puede sancionar a un pequeño comerciante -o grande, me da igual, pero los más perjudicados son los primeros- por rotular en castellano? No, porque para que cualquier ley, en este caso la lingüística, tenga vigencia en la práctica, debe incluir un apartado sancionador, y ellos no renunciarán a legislar sobre la lengua, no reconocerán jamás que cada cual puede hablar o escribir en la que le dé la real gana. ¿Reconocerán que el intervencionismo lingüísitco daña la inversión? No, porque en el fondo les da igual, con tal de conseguir su pureza étnica estarían dispuestos a soportar incluso la miseria... para sus súbditos, claro.

Sus argumentos para cercenar las libertades son que antes lo hizo Franco, y ahora debe corregirse la injusticia... al parecer con otra injusticia. La discriminación positiva se demuestra una vez más como un caballo de Troya con el que los políticos consiguen violar los derechos fundamentales, es decir, acrecentar su poder. Y además falsean la historia, porque la presencia de la lengua castellana en Cataluña es muy anterior a la dictadura, es anterior incluso a Felipe V.

Pero es que además, al ser el catalán una lengua minoritaria (lo que por otra parte le ocurre al 99 % de lenguas que existen en el mundo, no hay por qué hacer un drama de eso), tenemos que el querer implantar el monolingüismo en Cataluña conduce a largo plazo a un estrechamiento de los horizontes, me atrevo a decir incluso a un estrechamiento del pensamiento, obligado a respirar en un espacio más pequeño y enrarecido. Convertir el catalán en algo análogo a la neolengua de Orwell es el peor escenario que puedo imaginar para la bella lengua de Ausiàs March.

Es por esto, dicho brevemente, por lo que estoy en contra del nacionalismo catalán. Ah, por cierto: soy catalanohablante y del Barça. Y mi madre (¡le mando un beso aunque no tiene internet!) nació aquí. Si he descolocado a alguien, es justo lo que pretendía.

El golpe de Estado del 11 de Marzo

Cambiar el gobierno mediante procedimientos no previstos en la constitución, eso es un golpe de Estado. El 11 de Marzo del 2004, alguien provocó una masacre en los trenes de Madrid, con el evidente propósito de influir en las elecciones del día 14. Tuvo éxito, luego hubo golpe de Estado.

En contra de esta afirmación se ha argumentado que el resultado electoral no fue consecuencia del atentado, o al menos no directamente, sino que

• o bien los electores no cambiaron el sentido del voto después del 11-M, sino que con él penalizaron la política anterior de Aznar en temas como Iraq u otros,


• o bien que lo que castigaron fueron los supuestos intentos de ocultar la verdadera autoría del crimen a la opinión pública.

Lo primero parece entrar en contradicción con las encuestas realizadas pocos días antes, y que indicaban que la brillante gestión económica del gobierno, unida a su eficaz política antiterrorista, le darían su tercera victoria en las elecciones legislativas. En cuanto a lo segundo, a la luz de los hechos escuetos, no parece sostenible. Sabido es que un atentado de caracterísitcas similares por parte de Eta había sido abortado meses antes, por lo que todo el mundo inicialmente atribuyó la matanza a la organización terrorista vasca. Cierto que a las pocas horas parecieron surgir indicios que apuntaban en la dirección islamista, pero fue el propio ministro de Interior quien aportó esos datos, compareciendo ante las cámaras de televisión, la misma noche del jueves 11 de Marzo, y quien informó también de detenciones de marroquíes horas antes de que abrieran los colegios electorales. Así pues, por parte del gobierno no hubo ocultación, y en cualquier caso no se puede pretender que en menos de 72 horas quedara todo aclarado, máxime cuando tres años después del atentado los peritos judiciales siguen sin tener claro cuál fue el explosivo utilizado, elemento clave para llegar a cualquier conclusión.

Otra cosa es que la oposición y sus medios de comunicación afines (como la cadena Ser, la cual sí que dio informaciones falsas, como que se habían hallado restos de terroristas suicidas en los trenes), hubieran conseguido hacer creer a buena parte de la opinión pública, contra las evidencias señaladas, la existencia de esa ocultación. Esto de por sí ya sería suficiente para hablar de golpe de Estado mediático. Pero nótese además que esta maniobra sólo podía tener éxito partiendo de la base de que el gobierno tenía un interés en ocultar la verdad. Es decir, que el mero hecho de que se tratase de un atentado islamista perjudicaba al partido en el poder, porque se interpretaría como una consecuencia de su apoyo a la guerra de Iraq. En efecto, en las manifestaciones contra el Partido Popular que hubo entre el 11 y el 14 de Marzo, el estado de ánimo no era simplemente el de reclamar transparencia al gobierno, sino que se le culpaba explícitamente por el atentado, se gritaba "asesinos" a sus miembros en lugar de a los terroristas.

Por tanto, no es sólo que la oposición acusara falsamente al gobierno de mentir (lo cual ya sería bastante grave), sino que instiló la idea perversa de que el atentado era consecuencia de nuestra política respecto a Iraq, de que el mismo Aznar que eliminó el servicio militar obligatorio, que envió a tropas profesionales a Iraq después del derrocamiento de Sadam Husein, para contribuir a la reconstrucción y democratización del país, ese mismo Aznar tenía la culpa de que unos terroristas hubieran asesinado a 192 españoles. Esta apología del terrorismo, pues no es otra cosa, se quiso vestir con el recurso a la tan cacareada ilegalidad de la guerra de Iraq, que además de jurídicamente discutible, implica conferir un peso moral determinante a la corrupta y anquilosada ONU.

Por supuesto, la reacción de los españoles podía haber sido similar a la que se hubiese producido de haberse tratado sin lugar a dudas de un atentado de Eta. Redoblar el apoyo al gobierno y lanzar el mensaje a los terroristas de que no conseguirán doblegarnos. ¿Por qué en el caso del terrorismo islamista, la respuesta fue en cambio tan cobarde y abyecta? Pues porque los españoles llevaban meses de bombardeo propagandístico de la guerra ilegal, que era por el petróleo, etc. Se les había ido preparando a conciencia para que un día interiorizaran las justificaciones de los terroristas, y decidieran que lo razonable es ceder. Pero entonces, ¿por qué no ceder también ante otros terroristas, como los del País Vasco, no es acaso todo relativo, también el concepto de nación? Vemos aquí las consecuencias de ese relativismo, para el que no es distinto moralmente Bush de Sadam Hussein, el PP de Eta, y que por supuesto no data de la guerra de Iraq, sino que es un tumor que aqueja a Occidente desde hace mucho tiempo, y que le llevará a la autodestrucción si no consigue extirparlo.

Tras estas consideraciones, la cuestión de la autoría cobra una trascendencia más dramática, si cabe. Ante todo, por supuesto, por respeto a las víctimas, que merecen como mínimo que los verdaderos culpables sean juzgados y condenados, y segundo porque si al final se descubriese que ni siquiera fue obra de islamistas y que por tanto hubo una manipulación monstruosa de la policía, si no algo peor, el velo que mantiene oculto el golpe de Estado a la opinión pública caería de forma espectacular, y no digamos ya si se estableciera alguna relación entre sus autores y sus beneficiarios políticos. Personalmente no confío en que la verdad, sea cual sea, se conozca pronto. Pero ello no afecta a lo que he dicho antes. En España ha habido un golpe de Estado, y sus consecuencias serán irremediables -tal vez ya lo sean- si esta nación no despierta de su apatía.

El camino de la dictadura

La esencia de una dictadura es que el gobierno no está supeditado a las leyes. Si existe una efectiva división de poderes, las leyes que no se ajusten a la constitución serán rechazadas por los tribunales, y los gobernantes que la infrinjan con sus actos serán juzgados y, si procede, encarcelados, como lo sería cualquier otro ciudadano que violase la ley.

Es notorio que en España no existe verdadera división de poderes, desde el momento que el sistema de listas cerradas, con la obediencia partidista que impone a los diputados, convierte a las Cortes en una emanación del ejecutivo, y el sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo, directa o indirectamente por este ejecutivo-legislativo, permite prever el sentido de las sentencias según el color político dominante.

De lo cual se deduce que en España cualquier gobierno puede derivar con terrible facilidad hacia la dictadura de facto, con decorado democrático. ¿Qué se lo impide? Básicamente, la existencia de una oposición y de los medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre cuando la oposición se encuentra abandonada por la mayor parte de los medios de comunicación, cuando en determinadas regiones es incluso hostigada socialmente? Ocurre que, efectivamente, el gobierno puede saltarse impunemente las leyes, es decir, puede ejercer la dictadura. En concreto, puede

• incumplir la Ley de Partidos, permitiendo que el brazo político de Eta se presente a las elecciones;
• violar la Constitución, aprobando un Estatuto de Cataluña que es incompatible con ella sin seguir el procedimiento de reforma constitucional, que incluye un referéndum y la disolución de las Cortes;
• detener ilegalmente a miembros de la oposición;
• pisotear las leyes de la competencia e incluso espiar a directivos de empresas.

Puede hacer todo esto y, en efecto, lo ha hecho. Sin duda, que el partido gobernante sea el PSOE no es una circunstancia ajena a este proceso. No olvidemos que en la naturaleza de la ideología socialista subyace un profundo desprecio de los formalismos legales, que se consideran meros instrumentos de la burguesía. El socialismo es la ideología perfecta para el Poder, es la apoteosis teórica de la arbitrariedad (ellos la llamarán voluntad popular o de cualquier otra forma embaucadora), por contraposición a las seguridades jurídicas. Pero no debemos engañarnos. El origen del mal se encuentra en la propia Constitución, que no consagró una separación de poderes verdadera, hizo concesiones de fatales consecuencias a los nacionalismos y abrió la puerta a prácticamente cualquier grado de intervencionismo estatal.

La tarea de la oposición, por tanto, no puede limitarse a desbancar al actual partido gobernante, aunque sin duda ello sea prioritario en este momento. Si gobierna el Partido Popular, ya no podrá demorar por más tiempo aquellas reformas democráticas que Aznar no pudo o no quiso acometer. Debe reformarse la Constitución para que lo ocurrido en este trienio negro no pueda volver a ocurrir, o por lo menos sea mucho más improbable. Si Mariano Rajoy no ataca de lleno este problema central, si una vez más se aplazan las medidas radicales -pero legales- que precisa nuestra democracia, el futuro será muy incierto. Por supuesto, la tarea es formidable. Se trata nada menos de que el partido que alcance el poder, en lugar de tratar de consolidarse en él, se autolimite, teniendo en frente a una oposición que ni por asomo hará nunca algo semejante. Sólo la derecha liberal-conservadora es concebible que lleve a cabo esta Reforma, del mismo modo que fue la derecha y no la izquierda la que pilotó la Transición. Y sólo si la derecha gobierna durante un periodo suficiente, se verá el PSOE obligado a madurar de manera análoga al laborismo inglés. Entonces sí que podríamos decir que en España existe una democracia en toda la plenitud del término. No es un camino fácil, lo cómodo es pensar que no hay para tanto, que todos los políticos son iguales y que a mí no me afecta. Lo fácil es el otro camino.

Zapatero así no es

Permítanme un ejercicio de ucronía. Imaginemos que al producirse el asesinato de seis soldados españoles en El Líbano, el partido en el gobierno hubiera sido el PP en lugar del PSOE. Imaginemos qué reacción se hubiera producido al llegar a conocimiento de la opinión pública que nuestros vehículos militares carecían de inhibidores de frecuencia contra artefactos explosivos accionados a distancia. Habríamos oído decir que el gobierno enviaba a nuestros soldados a la muerte, habríamos visto manifestaciones de actores subvencionados e indignados, asaltos a sedes del Partido Popular, agresiones a sus miembros. Y por supuesto, habríamos visto las inevitables pancartas: "Aznar así no es". Claro que las letras que siguen al apellido hubieran aparecido en otro orden.

La libertad es un valor absoluto o no será

Este blog está expuesto a una recriminación inevitable, la de instilar la duda sólo en una dirección. Pero mentiría si dijese que nunca me asaltan las dudas acerca de mis opiniones. A veces me pregunto si el concepto de libertad en el que creo no será una superstición burguesa, una categoría destinada a la extinción, y si el progreso no nos conduce fatalmente hacia el Mundo Feliz de Aldous Huxley. Se podrá replicar a esta especulación pesimista que, según toda la evidencia empírica, no existe mejor fórmula para avanzar hacia la prosperidad de la sociedad en su conjunto que la libertad individual. Y ello es cierto, pero notad el trasfondo utilitarista del argumento. La libertad sería buena porque beneficia a la sociedad, no porque consista en un derecho natural del individuo, tal y como defendió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.

El peligro del utilitarismo es que se presta a muy fácil manipulación por el poder, el cual encuentra siempre su justificación teórica en la subordinación de la libertad a la felicidad, la cual a su vez admite definiciones muy dispares. Toda esa serie de falsos derechos al trabajo, la vivienda, etc que incluyen las constituciones europeas no son más que auténticos caballos de Troya que amenzan a los únicos y verdaderos derechos que existen, que son el derecho a la vida, la propiedad, la libertad de pensamiento y de palabra... Una ministra socialista lo expresó con claridad meridiana cuando afirmó, en enero pasado, que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada. Esto es casi casi una epifanía del Poder sin máscara, en estado puro.

Mi consejo, al que le asalten ese tipo de dudas, es que, primero, considere que dudar no es malo, todo lo contrario, es lo propio de un ser racional. Y segundo, que someta sus ideas a un sencillo pero siempre instructivo gedankenexperiment (experimento mental): ¿Beneficia esta afirmación -la que sea- al Poder? ¿Le será útil a un gobernante para actuar removiendo trabas y obstáculos, o por el contrario limitará su libertad de movimientos, que no es más que la restricción de la libertad de muchos otros? Así por ejemplo, un debate tan aparentemente metafísico como el de si la libertad es un derecho individual preexistente a todo derecho positivo o no, se zanjaría fácilmente analizando qué es lo que le conviene más al Poder que creamos. En efecto, quien ignore la realidad del poder (oculto casi siempre tras palabras como soberanía popular o mayoría) acabará relativizando el concepto de libertad.

Quien no haya leído a Hayek u otros pensadores fundamentales del liberalismo, debería empezar en mi opinión por una novela muy conocida, constantemente citada, pero que no por ello debe dejar de recomendarse: 1984 de Orwell. Bajo su apariencia de ficción, lo que hay aquí es un tratado sobre el hecho bruto del Poder, inspirado evidentemente en el régimen estalinista, pero que trasciende las épocas y lugares concretos, para convertirse en una amarga pero eternamente necesaria advertencia.