Es notorio que en España no existe verdadera división de poderes, desde el momento que el sistema de listas cerradas, con la obediencia partidista que impone a los diputados, convierte a las Cortes en una emanación del ejecutivo, y el sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo, directa o indirectamente por este ejecutivo-legislativo, permite prever el sentido de las sentencias según el color político dominante.
De lo cual se deduce que en España cualquier gobierno puede derivar con terrible facilidad hacia la dictadura de facto, con decorado democrático. ¿Qué se lo impide? Básicamente, la existencia de una oposición y de los medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre cuando la oposición se encuentra abandonada por la mayor parte de los medios de comunicación, cuando en determinadas regiones es incluso hostigada socialmente? Ocurre que, efectivamente, el gobierno puede saltarse impunemente las leyes, es decir, puede ejercer la dictadura. En concreto, puede
- incumplir la Ley de Partidos, permitiendo que el brazo político de Eta se presente a las elecciones;
- violar la Constitución, aprobando un Estatuto de Cataluña que es incompatible con ella sin seguir el procedimiento de reforma constitucional, que incluye un referéndum y la disolución de las Cortes;
- detener ilegalmente a miembros de la oposición;
- pisotear las leyes de la competencia e incluso espiar a directivos de empresas.
Puede hacer todo esto y, en efecto, lo ha hecho. Sin duda, que el partido gobernante sea el PSOE no es una circunstancia ajena a este proceso. No olvidemos que en la naturaleza de la ideología socialista subyace un profundo desprecio de los formalismos legales, que se consideran meros instrumentos de la burguesía. El socialismo es la ideología perfecta para el Poder, es la apoteosis teórica de la arbitrariedad (ellos la llamarán voluntad popular o de cualquier otra forma embaucadora), por contraposición a las seguridades jurídicas. Pero no debemos engañarnos. El origen del mal se encuentra en la propia Constitución, que no consagró una separación de poderes verdadera, hizo concesiones de fatales consecuencias a los nacionalismos y abrió la puerta a prácticamente cualquier grado de intervencionismo estatal.
La tarea de la oposición, por tanto, no puede limitarse a desbancar al actual partido gobernante, aunque sin duda ello sea prioritario en este momento. Si gobierna el Partido Popular, ya no podrá demorar por más tiempo aquellas reformas democráticas que Aznar no pudo o no quiso acometer. Debe reformarse la Constitución para que lo ocurrido en este trienio negro no pueda volver a ocurrir, o por lo menos sea mucho más improbable. Si Mariano Rajoy no ataca de lleno este problema central, si una vez más se aplazan las medidas radicales -pero legales- que precisa nuestra democracia, el futuro será muy incierto. Por supuesto, la tarea es formidable. Se trata nada menos de que el partido que alcance el poder, en lugar de tratar de consolidarse en él, se autolimite, teniendo en frente a una oposición que ni por asomo hará nunca algo semejante. Sólo la derecha liberal-conservadora es concebible que lleve a cabo esta Reforma, del mismo modo que fue la derecha y no la izquierda la que pilotó la Transición. Y sólo si la derecha gobierna durante un periodo suficiente, se verá el PSOE obligado a madurar de manera análoga al laborismo inglés. Entonces sí que podríamos decir que en España existe una democracia en toda la plenitud del término. No es un camino fácil, lo cómodo es pensar que no hay para tanto, que todos los políticos son iguales y que a mí no me afecta. Lo fácil es el otro camino.
