domingo, 28 de abril de 2013
Verdades incómodas
En algún momento, sin embargo, la gente confundió los derechos con merecimientos. Y entonces surgieron esas aberraciones del "derecho" a la vivienda, al trabajo, a la educación, la sanidad, a disfrutar de una pensión, a casarse con personas del mismo sexo, a abortar.
Algunas de estas cosas (la vivienda, la educación) son en sí mismas buenas, pero no son derechos. Debemos ganárnoslas, como nos ganamos algo tan básico como el pan. El derecho a la vida no implica que el Estado ni nadie se vea obligado a alimentarme. Es, recordémoslo, una mera prohibición. Asimismo, los "derechos" a la vivienda, la educación y la sanidad no son más que desarrollos del derecho de propiedad, la libertad de poseer bienes materiales y contratar servicios. ¡En absoluto implica tal derecho que nadie me deba garantizar ser propietario!
Otros de esos seudoderechos son además indeseables, y sólo pueden realizarse violando algunos de los verdaderos derechos. Es el caso prístinamente claro del aborto.
Alguien debe decirle a la gente, le guste escucharlo o no, que no hay tal cosa como un "derecho" al aborto. Pero que tampoco hay, en el sentido que suele entenderse, derecho a la vivienda, la educación, la sanidad ni la pensión de jubilación o desempleo. Estas cosas debemos ganárnoslas con nuestro esfuerzo. No las "merecemos" sin más. Y la única obligación de un Estado es no poner dificultades a los individuos para conseguir esos legítimos objetivos, con impuestos excesivos y otro tipo de trabas.
Se replica a esto que así favoreceríamos principalmente a los ricos, que parten con ventaja. Pero entre los ricos, los hay que lo son por sus propios mérito y esfuerzo, y otros que no, porque se han limitado a heredar un capital o un patrimonio, o los han obtenido de manera ilícita. Por tanto, lo correcto es admitir que algunas personas son ricas sin ningún mérito; no que por ello todo el mundo tenga derecho al bienestar sin merecerlo, sin ganárselo, como se lo ganaron nuestros padres y antepasados.
Alguien debería decirle a la gente de una vez estas verdades incómodas, que están en el origen de la crisis actual. Alguien al que no le preocupe ser abucheado, y mucho menos no ser votado. Los políticos y los periodistas no pueden hacer eso. Necesitan votantes, lectores, audiencia. Esto sólo lo podemos decir idiotas como yo, que un domingo por la tarde nos entretenemos en expresar nuestros pensamientos sin cobrar nada por ello.
jueves, 21 de junio de 2012
ETA es progresista
domingo, 1 de enero de 2012
¡Viva la Pepa!
Desde un punto de vista estrictamente liberal, quizás un ejecutivo no elegido democráticamente estaría más contrapesado por el poder legislativo (y viceversa) que no en las democracias contemporáneas. En la Constitución de 1812, el papel del monarca recuerda, salvando todas las distancias, al de los presidentes de ciertas repúblicas, como la de Estados Unidos o Francia. Si hoy nos parece inadmisible que su elección se sustrajera al sufragio universal, directo o indirecto, es debido al papel tan preponderante que ha asumido el poder ejecutivo en todos los órdenes. En cambio, en la constitución gaditana el Estado era todavía básicamente el ejército, la marina y la policía, el sueño minarquista de cualquier liberal no anarquista. No es que no se contemplaran otras funciones de lo que hoy se conoce como el Estado del bienestar, pero en general de estas se encargaban las administraciones locales y provinciales, cuyos dirigentes debían elegirse mediante un sistema democrático indirecto. Así pues, el rey podía declarar la guerra, pero no subir los impuestos, sin permiso de las Cortes. Hoy el presidente del gobierno, teóricamente no puede hacer ni lo uno ni lo otro sin la aprobación parlamentaria. En la práctica, sabe casi con total certeza que cuenta con ella si su partido es el mayoritario o disfruta de los acuerdos necesarios con formaciones minoritarias. Y por descontado, según el texto de la Pepa, quedaba por completo fuera de las prerrogativas reales (y parlamentarias) cualquier violación de derechos civiles como la detención sin orden judicial, la violación del domicilio, la censura previa, la tortura o penas degradantes, etc.
Me atrevo a sugerir que si hoy rigiera la Constitución de 1812, con las enmiendas necesarias (en Estados Unidos rige aún la de 1787), nos iría mucho mejor. Y lo que me lleva a imaginar tal cosa no es solo el contenido de la carta magna gaditana, sino sus fundamentos. En el admirable discurso preliminar de la comisión que presentó el proyecto constitucional a las Cortes (puede leerse aquí), los redactores se esforzaron de manera patente en presentar la Constitución no como el producto de unas filosofías modernas, embargadas por un imprudente afán de innovación, sino como una recuperación de las viejas libertades políticas de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. A primera vista pudiera parecer esta concepción como un mero intento retórico de atraerse las simpatías de los conservadores, pero un mínimo conocimiento de los textos legales medievales contradice esta tesis superficial.
El parlamentarismo no es un invento de las revoluciones francesa o americana, sino que tiene hondas raíces en las instituciones y costumbres políticas medievales. Y estas instituciones, por cierto, no solo eran compatibles con la religión católica, sino que estaban profundamente impregnadas de su espíritu, como no podía ser de otra manera. De ahí que la Pepa se inicie con las rotundas palabras: "En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad." Solo una sociedad que parta de la profunda convicción de que el ordenamiento legal positivo se fundamenta, en última instancia, en una Ley última de carácter trascendente, puede eficazmente prevenir las tendencias despóticas que anidan en todo régimen, empezando por los más democráticos. La Europa actual, por el contrario, en su empeño por ignorar las raíces cristianas, se priva a sí misma de oponer argumentos incontestables al abuso del poder político, siempre justificable en términos utilitaristas y convencionalistas.
El Antiguo Régimen, que la constitución de Cádiz pretendió derogar, no era la Edad Media del mito progresista, identificada con el oscurantismo y la tiranía. Por el contrario, el Antiguo Régimen era en realidad lo moderno, en el sentido estrictamente historiográfico. En muchos aspectos, supuso la pérdida de libertades políticas que en los tiempos medievales pocos monarcas se atrevieron a discutir. Y cuando lo hicieron fueron despuestos, excomulgados y hasta combatidos por las armas. Maquiavelo era el moderno. Y la persecución de las brujas. Y la quema en la hoguera de Miguel Servet, en Ginebra en 1553. Fueron los Estados modernos los que progresivamente fueron reduciendo el poder de las Cortes estamentales, estableciendo los ejércitos permanentes, los impuestos anuales y las policías secretas. Y visto en perspectiva, el proceso no ha hecho más que acentuarse, hasta el día de hoy. Doscientos años después, la Pepa sigue siendo un ejemplo de desconfianza lúcida hacia los gobiernos. Y es que la Constitución de 1812 no es moderna, ni falta que le hace.
viernes, 22 de abril de 2011
Salvaje desinformación sobre Hungría
Naturalmente, en los medios progres, esto ha sentado como un tiro. Afirmar que el cristianismo ha tenido algún papel en la historia de un país europeo, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y que la vida de un feto indefenso merece ser protegida, es una osadía que en nuestra sofisticada civilización ofende al buen gusto. Se diría que apenas es necesario argumentar por qué, que bastaría con transcribir estas opiniones entrecomilladas para que cualquier persona culta y avanzada de nuestros días las condene como inconvenientes y oscurantistas.
Sin embargo, parece como si en El País no estuvieran tan seguros de que la gente va a pensar lo correcto ante el "desafío" de Hungría. Aunque más bien creo que el odio hacia todo lo que suene a reivindicar la moral judeocristiana les envenena el alma. De otro modo no se explica, incluso para lo que es habitual en este periódico, la campaña tan agresiva de propaganda que han iniciado contra la nueva Carta Magna húngara, una campaña que no retrocede ante los trucos más sucios de la desinformación.
¿Agresiva? Juzguen ustedes: Constitución "salida del XIX", "Estado étnico, confesional y monolítico", retroceso "hacia el pasado, hacia aquella época de Europa en que se apagaron las luces" (aquí), "Hungría antediluviana", "cheque en blanco para la violación de los derechos humanos", "una antología de la discriminación contra el ser humano"... (aquí.) Y esto es solo un aperitivo.
¿Trucos sucios? Desde luego, si de "antología" hablamos, el artículo del blog de Lluís Bassets y el editorial de El País de ayer deberían entrar en cualquier selección de mentiras burdas e intoxicaciones al servicio de la ideología, y estudiarse en las facultades de periodismo como ejemplo de las prácticas en las que jamás se debería incurrir. A continuación voy a analizar con detalle en qué pretenden basarse las expresiones tan desmesuradas utilizadas por este periódico.
Dice El País (EP) que la nueva constitución húngara (CH) cae en el "autoritarismo" pues "viola la separación de poderes al poner al ejecutivo por encima del judicial y el legislativo". En realidad, la CH dice explícitamente que "El funcionamiento del Estado húngaro se basará en el principio de la separación de poderes." (C, 1.) EP basa su contundente apreciación en que el texto legal restringe la capacidad del Tribunal Constitucional de inmiscuirse en materia presupuestaria. Cosa que, por cierto, les molesta mucho porque el texto legal introduce además un límite al déficit público, qué horror. Según un indignado Bassets, se pretende también prejubilar a "los jueces más expertos del país" a los 62 años. Es decir, casualmente, aquellos que han desarrollado su formación y su carrera en la etapa comunista, que como todo el mundo sabe, fue una brillante época para el derecho y la justicia.
Solo hay un elemento de la CH que podría abonar la acusación de autoritarismo, y es que se prevé la regulación, sin entrar a desarrollarla, de los medios de comunicación, cosa que por lo demás ya hace tiempo que baraja el gobierno español del PSOE, y que se aplica en Cataluña, que cuenta con un Consejo Audiovisual con capacidad de imponer sanciones y cerrar medios. De todos modos, es difícil que esa regulación en Hungría pueda desembocar legalmente en amenazas a la libertad de expresión, de opinión y de prensa, explícitamente reconocidas en el artículo VIII.
Por último, en relación a este punto, EP destaca que se necesitará el voto de 2/3 de los diputados para reformar la constitución y las "leyes orgánicas" (en la versión inglesa de la CH, "Cardinal Acts"), lo que interpreta, no sin cierta razón, como un intento del partido gobernante Fidesz de blindar sus reformas. A título de comparación, según el artículo 167 de la Constitución española, se necesitan mayorías de 3/5 en las dos cámaras (en Hungría solo hay una) para la reforma constitucional: El 60 % frente al 66,67 % de la CH. Y en caso de no conseguirse esta mayoría, bastará con una mayoría absoluta en el Senado, pero 2/3 en el Congreso, al igual que en el país magiar. Bien es verdad que, si una constitución y su desarrollo normativo requieren mayorías cualificadas para su reforma, difícilmente podrán prosperar proyectos legislativos radicales como las leyes de ingeniería social puestas en marcha por el PSOE, sin contar con el partido que representa a cerca del 40 % de los votantes. Se entiende que la idea inquiete tanto a EP.
EP pretende trazar una pintura verdaderamente siniestra del régimen democrático húngaro a base de acumular inexactitudes, falsedades y burdas insinuaciones sobre supuestas violaciones de los derechos humanos, e incluso connivencias con la ultraderecha y el régimen fascista anterior al comunismo. Así, se cuestiona sin aducir argumentos que el principio de igualdad ante la ley se mantenga en la nueva CH, pese a que en este aspecto es irreprochable y hasta políticamente correcta. El artículo XIV, tras decir que se garantizan los derechos fundamentales sin discriminación por razón de "raza, color, sexo, discapacidad, lengua, religión, opinión política u otra, origen nacional o social, riqueza, nacimiento o cualquier otra circunstancia en absoluto", por si quedara alguna duda, añade: "Las mujeres y los hombres tendrán iguales derechos". Y en el siguiente párrafo abre la puerta incluso a las políticas igualitaristas que tantas veces degeneran en un exceso de intervencionismo, siempre saludado con entusiasmo por los medios progres como EP: "Hungría promoverá la realización de la igualdad de derechos con medidas dirigidas a eliminar la desigualdad de oportunidades."
En un ejemplo de manipulación desvergonzada, el editorialista de EP apunta en la cuenta de las "discriminaciones" la restricción del voto de los mentalmente incapaces, cosa que el artículo XXI, 4 efectivamente propugna, pero siempre que lo dictamine un juez. Medida de impecable sensatez, que en todo caso no demuestra más que respeto por el valor del voto, y que si aquí no existe, haríamos bien en importar. Al igual que el artículo IX, 2, según el cual, solo los científicos, y no el Estado, pueden decidir "en cuestiones de verdad científica". Es decir, ningún gobierno puede en adelante perseguir disidentes bajo el pretexto de supuestos trastornos mentales, como hizo el régimen comunista. Dicho sea de pasada, la CH prohíbe también las prácticas eugenésicas y la clonación de seres humanos. (Art. III, 2.)
¿Será entonces verdad que la CH pretende implantar un Estado confesional, como dice Lluís Bassets, basándose en el reconocimiento de la herencia cristiana en el preámbulo constitucional? Pues tampoco, porque el artículo VI consagra la "libertad de pensamiento, consciencia y religión", así como la separación de Estado e iglesias, sin negar las relaciones de cooperación.
Queda entonces la acusación de "Estado étnico" que no respeta las minorías nacionales. Hungría adopta el modelo germánico de nacionalidad, según el cual es ciudadano húngaro todo descendiente de húngaros, incluso aunque haya nacido fuera del país. Pero salvo que consideremos a Alemania como un "Estado étnico", deberán buscarse otras razones para conferir este calificativo al país magiar. En cuanto a los derechos de las minorías étnicas a conservar su lengua, cultura, e incluso dotarse de instituciones de autogobierno, son explícitamente reconocidos en el propio preámbulo, y en los artículos H y XVIII. Sin embargo, EP insiste en esta vía, y trata pérfidamente de relacionar al partido gobernante con los ataques a gitanos perpetrados por las milicias del partido ultraderechista Jobbik, pese a que esta formación (antisemita, por más señas) ha votado en contra de la CH.
Bien, al menos, la CH será antieuropea y xenófoba, cosa que también suena muy fea. Pero tampoco la lectura del texto constitucional permite fundamentar tal cosa. Las palabras "Europa" y "europeo" aparecen 17 veces en un texto de 37 páginas. En el artículo E, 1 se dice que "Hungría contribuirá al objetivo de la unidad europea, en la búsqueda de mayor libertad, bienestar y seguridad para los pueblos de Europa." En cuanto a la supuesta xenofobia, abundan también en la Carta Magna expresiones de respeto a todos los pueblos y culturas del mundo (art. P), se prohíbe la expulsión de extranjeros sin que haya justificación legal para ello, y se concede el derecho de asilo a toda víctima de persecución por razones políticas, religiosas o étnicas, siempre que no encuentre protección en cualquier otro país (art. XIII). Una ley alejada de quijotismos irrealizables, de los que aquí tanto sabemos, pero que difícilmente se puede tachar de xenófoba.
En definitiva, todo el catálogo de improperios que EP le dedica a la CH se asemeja a una pataleta infantil, provocada por que uno de los gobiernos con mayor respaldo democrático de Europa (cuyo líder, Viktor Orban, exigió elecciones libres y la retirada del ejército soviético en 1989, y encima no se avergüenza de la fe cristiana -el nombre del partido Fidesz significa "fe"), ha osado legislar de acuerdo con los principios que defendió ante sus votantes. El grado culminante de ridiculez lo alcanza EP en el editorial varias veces citado, cuando para concluir finge escandalizarse porque la CH declara al pueblo húngaro inocente de los crímenes cometidos por fascistas y comunistas. EP reprocha a "Orban y los suyos" que se "autoexoneren" de la persecución de los judíos bajo el régimen de Horthy, muerto en Portugal... seis años antes de que naciera Orban, en 1963. Que los lectores de EP no conozcan el texto de la CH les puede "exonerar" de que se traguen las manipulaciones de su periódico favorito. Pero si admiten sin pestañear la connivencia del actual gobierno de Hungría con el régimen fascista que desapareció en la Segunda Guerra Mundial, es que les importa muy poco que les falten al respeto.
Nota: El texto de la versión inglesa de la CH que he manejado procede del sitio web del parlamento de Hungría, con fecha del 14 de marzo, y podría no ser el definitivo, aprobado hace pocos días. Pero no creo que haya variado sensiblemente. Puede descargarse en pdf aquí.
sábado, 25 de diciembre de 2010
Navidades bajo Estado de Alarma
miércoles, 28 de mayo de 2008
Camino de servidumbre
Ello es resultado, en gran parte, de la maniobras del PSOE, desde los años ochenta, para conseguir dominar todas las instituciones del país, empezando por la justicia. Con plena conciencia de los fines que se perseguían, Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu, y desde entonces, no contentos con la infiltración, no han cejado en su empeño por dejar reducida a mera retórica la independencia judicial, de mil y una retorcidas maneras. En los últimos cuatro años, se ha llegado incluso a la desfachatez de que algunos magistrados han defendido la adaptación de las leyes y las decisiones judiciales a la "realidad social", eufemismo repulsivo referido a las negociaciones con la organización terrorista ETA.
Ante los hechos abrumadores, una respuesta típica suele ser que "los otros (o sea, la derecha) también lo hacen". Hay en ello una media verdad, en el sentido de que forma parte de la historia natural del poder, sea cual sea su color político, el incansable afán por crecer y fagocitarlo todo. Pero el caso del juez del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, recientemente fallecido "por causas naturales" (El País) a los 65 años, rebasa cualquier intento de comparación. Que los servicios secretos, antes de su oportuna muerte, vinieran vigilando a un magistrado que no se plegaba a los intereses del gobierno, llegando incluso a organizar un montaje con el fin de desprestigiarlo, no puede ser despachado con el recurso populista al "todos hacen lo mismo". Se trata de un hecho de gravedad inusitada, que nos hace plantearnos si nuestra democracia es homologable al resto del mundo occidental.
jueves, 20 de diciembre de 2007
El Hacedor de derechos
Imaginemos que los vividores de la SGAE defendieran el canon digital invocando un supuesto derecho al robo. Por supuesto, todos pensaríamos que un exceso de soberbia les habría llevado a cometer un fatal error de imagen. Es lo que debería ocurrir cuando algunos hablan del derecho al aborto, con el fin de justificar el homicidio en determinadas circunstancias.
Sí, he dicho homicidio.
En todo tiempo y lugar se acepta que matar a alguien en defensa de la propia vida está justificado. Posiblemente sólo ocurra en España que, si tú eres un joyero y consigues matar al atracador antes de que éste te mate a ti, vayas a la cárcel.
Asimismo han existido desde la más remota antigüedad unas leyes o usos de la guerra, dentro de las cuales causar la muerte del enemigo no se considera punible. En estos tiempos de falso sentimentalismo pacifista, hablar en estos términos se considera de mal gusto. Pero es sabida la diferencia entre el pacífico y el pacifista. Ambos quieren la paz. Sólo que el segundo cree además que eso basta para conseguirla.
En algunos países existe incluso la pena de muerte. Según estimaciones de Amnistía Intenacional, en China, en el año 2006, pudieron ser ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas, aunque no existen datos oficiales. Por supuesto, nuestros seudoprogresistas están indignados… por las 53 ejecuciones que hubo en el mismo período en Estados Unidos.
Defensa propia, conflictos bélicos, pena capital. Son circunstancias en las que el derecho a la vida se ve limitado, y podríamos discutir si son todas ellas moralmente aceptables o no. Pero a nadie se le ocurriría jamás justificar esas excepciones en un supuesto derecho al homicidio.
La vida de un asesino en serie por lo visto es sagrada (al menos en Texas: en China, como señalábamos, no llama tanto la atención) y el tema no admite discusión. ¿Alguien se imagina en Europa un referéndum sobre la pena de muerte? En cambio, ante un organismo cuyos genes ya caracterizan en gran parte a un ser humano con su carácter, sus inclinaciones y sus facultades, se aceptan como pertinentes bizantinas disquisiciones acerca de la semana de gestación a partir de la cual tendría derecho a vivir.
sábado, 20 de octubre de 2007
Carrera hacia la diztadura
viernes, 27 de julio de 2007
Leyes y Rebelión
La ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional, recientemente aprobada, es un buen ejemplo de ello. Donde la constitución dice que el presidente de dicho tribunal debe ser elegido por un periodo de tres años, y que una tercera parte de sus miembros será nombrada por el Senado, la nueva ley establece la prórroga de la presidencia y desposee al Senado de su libertad de elección, al imponerle la selección previa de las asambleas autonómicas.
Esta reforma no puede hacerse legalmente sin antes reformar la constitución, razón por la cual ha sido recurrida por el Partido Popular. El problema es que su inconstitucionalidad deberá ser juzgada por el mismo tribunal al que afecta, y deberá serlo antes de que sus efectos se hayan producido.
¿Cuál es el móvil tras este retorcimiento del derecho? No es nada difícil de adivinar. La presidencia actual del TC, favorable al gobierno, puede ser decisiva a la hora de juzgar otro recurso de inconstitucionalidad, el del Estatuto de Cataluña, otro ejemplo -pero colosal- de violación de la constitución, que pone en riesgo la propia unidad de la nación. Por eso interesa prorrogar su mandato, y de paso adaptar el TC al nuevo régimen resultante de la alianza fatal entre socialistas y nacionalistas, las dos ideologías más destructivas del siglo XX.
Lo peor de todo, la cuestión de fondo, es la falta de respecto a las formas. Si los españoles decidiesen libremente en un referéndum, dentro del proceso constitucional establecido de reforma, la transformación del actual sistema político en un Estado confederal, o lo que sea, podríamos compartir o no la voluntad de la mayoría, pero deberíamos acatarla, al ser conforme a las leyes. Pero alterar la legislación por procedimientos que sólo aparentemente adoptan las formas legales (aprobación en las Cortes, publicación en el boletín oficial, etc), pero que en realidad las violentan y transgreden, es un acto de despotismo, es el despotismo.
Herbert Spencer, en su genial The Man versus The State, señalaba el peligro que tienen los precedentes. We have already done this; why should we not do that? Ya hemos hecho esto, ¿por qué no esto otro? Retorcer el derecho, aparte de un mal en sí mismo, es siempre un precedente que nos acerca un poco más a la dominación arbitraria de unos hombres por otros, en lugar de al ideal grecorromano del imperio de las leyes, que se encuentra en la base de la civilización occidental.
Las leyes no pasan a ser conforme a derecho porque un tribunal así lo ratifique. Esta concepción positivista nos llevaría automáticamente a justificar cualquier régimen dictatorial, nos privaría por completo de la capacidad de distinguir entre una sociedad libre y otra de súbditos. Debemos por tanto oponernos al minado de la Constitución que está llevando a cabo este gobierno, incluso aunque al final, con sus maniobras estilo Hugo Chávez, consiga el respaldo de un Tribunal Constitucional en cuya independencia nadie cree ya a estas alturas. Lo ilegal no deja de serlo porque unos magistrados ideologizados o presionados otorguen su aprobación. La oposición debe dejar de decir que acatará lo que digan los jueces, en cualquier caso. Debe utilizar, sin duda, los recursos que ofrece el Estado de Derecho para oponerse a su perversión, pero cuando esta ya se encuentra en una fase avanzada, debe ponerse al frente de una revuelta civil, de carácter pacífico, para restablecer el derecho y echar del poder al gobierno que pretende situarse por encima de la Ley.
Naturalmente, esto no es nada fácil en una sociedad donde ser de derechas es un insulto. Mientras la izquierda se crea investida de una legitimidad de la que carecería su adversaria, y los medios de comunicación acepten mayoritariamente esta premisa, no hay nada que hacer. Los gobiernos seudoprogresistas irán ampliando la potencia ya de por sí formidable de la máquina estatal, mientras que los de derechas, en los breves interludios que consigan desplazar a sus contrincantes de los despachos oficiales, difícilmente estarán interesados en revertir este proceso, autolimitando su disfrute momentáneo de un poder que tanto les cuesta alcanzar.
La única esperanza se halla en la sociedad civil. Ella es la que debe tomar la iniciativa de oponerse a la creciente intromisión del gobierno en nuestras vidas. No se trata de una utopía, sino de algo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas décadas, donde el dinamismo de su sociedad (la América profunda, que dicen los detractores de la consigna siempre a punto) ha obligado a los políticos de los dos grandes partidos a moderar notablemente las medidas estatalistas que las elites seudoprogresistas de los años sesenta pretendieron implantar. No es una casualidad que Internet sea una invención americana. Sólo a unos chiflados cow-boys individualistas se les podía ocurrir, primero, que algo como el ordenador personal podría ser una herramienta popular, y segundo que la people podría estar interesada en transmitir información en red (no sólo recibirla jerárquicamente como en la televisión). Tampoco es casualidad que la blogosfera se esté convirtiendo en el reencuentro consigo misma de una tendencia liberal-conservadora desacomplejada, en una verdadera democracia de la información, en la que los buscadores como Google están rompiendo las barreras entre los llamados intelectuales y el resto de los ciudadanos. La lucha por la libertad no ha hecho más que empezar... una vez más.
viernes, 13 de julio de 2007
El camino de la dictadura
Es notorio que en España no existe verdadera división de poderes, desde el momento que el sistema de listas cerradas, con la obediencia partidista que impone a los diputados, convierte a las Cortes en una emanación del ejecutivo, y el sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo, directa o indirectamente por este ejecutivo-legislativo, permite prever el sentido de las sentencias según el color político dominante.
De lo cual se deduce que en España cualquier gobierno puede derivar con terrible facilidad hacia la dictadura de facto, con decorado democrático. ¿Qué se lo impide? Básicamente, la existencia de una oposición y de los medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre cuando la oposición se encuentra abandonada por la mayor parte de los medios de comunicación, cuando en determinadas regiones es incluso hostigada socialmente? Ocurre que, efectivamente, el gobierno puede saltarse impunemente las leyes, es decir, puede ejercer la dictadura. En concreto, puede
- incumplir la Ley de Partidos, permitiendo que el brazo político de Eta se presente a las elecciones;
- violar la Constitución, aprobando un Estatuto de Cataluña que es incompatible con ella sin seguir el procedimiento de reforma constitucional, que incluye un referéndum y la disolución de las Cortes;
- detener ilegalmente a miembros de la oposición;
- pisotear las leyes de la competencia e incluso espiar a directivos de empresas.
Puede hacer todo esto y, en efecto, lo ha hecho. Sin duda, que el partido gobernante sea el PSOE no es una circunstancia ajena a este proceso. No olvidemos que en la naturaleza de la ideología socialista subyace un profundo desprecio de los formalismos legales, que se consideran meros instrumentos de la burguesía. El socialismo es la ideología perfecta para el Poder, es la apoteosis teórica de la arbitrariedad (ellos la llamarán voluntad popular o de cualquier otra forma embaucadora), por contraposición a las seguridades jurídicas. Pero no debemos engañarnos. El origen del mal se encuentra en la propia Constitución, que no consagró una separación de poderes verdadera, hizo concesiones de fatales consecuencias a los nacionalismos y abrió la puerta a prácticamente cualquier grado de intervencionismo estatal.
La tarea de la oposición, por tanto, no puede limitarse a desbancar al actual partido gobernante, aunque sin duda ello sea prioritario en este momento. Si gobierna el Partido Popular, ya no podrá demorar por más tiempo aquellas reformas democráticas que Aznar no pudo o no quiso acometer. Debe reformarse la Constitución para que lo ocurrido en este trienio negro no pueda volver a ocurrir, o por lo menos sea mucho más improbable. Si Mariano Rajoy no ataca de lleno este problema central, si una vez más se aplazan las medidas radicales -pero legales- que precisa nuestra democracia, el futuro será muy incierto. Por supuesto, la tarea es formidable. Se trata nada menos de que el partido que alcance el poder, en lugar de tratar de consolidarse en él, se autolimite, teniendo en frente a una oposición que ni por asomo hará nunca algo semejante. Sólo la derecha liberal-conservadora es concebible que lleve a cabo esta Reforma, del mismo modo que fue la derecha y no la izquierda la que pilotó la Transición. Y sólo si la derecha gobierna durante un periodo suficiente, se verá el PSOE obligado a madurar de manera análoga al laborismo inglés. Entonces sí que podríamos decir que en España existe una democracia en toda la plenitud del término. No es un camino fácil, lo cómodo es pensar que no hay para tanto, que todos los políticos son iguales y que a mí no me afecta. Lo fácil es el otro camino.