El espantapájaros franquista

Cerca del 90 % de los españoles ya ha vivido más tiempo en democracia que bajo la dictadura franquista; faltan pocos años para que sea el 100 %. Más del 60 % nació después de la muerte de Franco, o bien no gozaba todavía de uso de razón cuando esta se produjo. Ello no es obstáculo para que el discurso político del PSOE siga identificando habitualmente a la derecha con el régimen político anterior, poniendo en duda su pedigrí democrático. Esta práctica insidiosa procede, curiosamente, de un partido político que desde sus orígenes, y hasta poco antes de la muerte de Franco, defendió la dictadura del proletariado; que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera; que intentó implantar por la fuerza de las armas una dictadura en 1934 y que durante los cuarenta años de dictadura franquista apenas dio señales de vida. Por lo demás, muchos altos cargos del PSOE y personalidades afines son hijos de miembros del régimen de Franco, cosa absolutamente normal, pero que se opone a cualquier tentación de extraer conclusiones generales de circunstancias similares, en relación con militantes del PP.

La izquierda siempre ha pretendido monopolizar la democracia, como si fuera invención suya, o peor aún, como si fuera su propiedad. En esto consistió el drama de la República, que terminó en la guerra civil. Pero la izquierda se niega a aprender. Ella sigue adjudicándose la prerrogativa de definir qué se entiende por "derecha democrática", es decir, aquella que asume lo esencial de la cosmovisión de izquierdas, y solo se permite algún leve matiz diferenciador en la política económica. Una cierta derecha oportunista se presta encantada a este vasallaje, coquetea con el ecologismo, el feminismo y la socialdemocracia, colaborando así en la exclusión de la vulgar ultraderecha, que se atreve a cuestionar los ídolos de la tribu políticamente correcta: Son esas personas incómodas que se pronuncian en contra del aborto, a favor de la familia tradicional, ponen en duda el cambio climático y hablan sin melindres "sociales" a favor de la propiedad privada y el libre mercado.

Ahora bien, la posición que se adopte en esos temas, sea cual sea, no es en sí misma democrática ni lo contrario. Los pro vida, por ser tales, no son más demócratas que los pro abortistas, ni viceversa. Los escépticos climáticos no son ni más ni menos demócratas que quienes creen a pies juntillas que en la última tormenta tropical tiene algo que ver el CO2 emitido por la industria. La única manera inequívoca de poder desprestigiar al contrario con la acusación más o menos velada de autoritario (facha), es relacionarlo con un período histórico concreto. Y aquí es donde la izquierda española goza de una indudable ventaja. En España hubo una dictadura de derechas durante cuarenta años. En cambio, la única dictadura de izquierdas duró solo de 1936 a 1939, en los territorios dominados por el Frente Popular durante la guerra civil. Y la izquierda ni siquiera reconoce que fuera una dictadura. Es por tanto mucho más fácil relacionar a la derecha con el autoritarismo, que no a la izquierda. Franco es aún un espantapájaros utilísimo.

Ante esto, el error típico de la derecha es "mirar al futuro", como si le conviniera que olvidemos el pasado. En realidad, lo que debería hacer es recordar siempre que sea oportuno cómo surgió la dictadura de Franco, que no fue más que una reacción contra una dictadura de izquierdas en ciernes. Esto es algo muy distinto de justificar el franquismo. Precisamente porque todas las dictaduras son aborrecibles, debemos estar prevenidos contra los milenarismos que acaban conduciendo a regímenes autoritarios o totalitarios, qué más da si de forma directa o indirecta. Bien es verdad que durante el siglo XX, las dictaduras más largas y sangrientas han sido predominantemente de izquierdas. La historia es en sí misma la refutación de la idea según la cual la izquierda, a diferencia de la derecha, es intrínsecamente democrática.

Navidades bajo Estado de Alarma

Aunque el decreto de Estado de Alarma precisa que este se limita a las torres de control y los centros dependientes de AENA, el precedente ya se ha producido. Mañana puede decretarse por cualquier otro motivo, y de manera que afecte a una parte mayor de los ciudadanos, o a todos. Y encima, con la posibilidad de prorrogarlo más de 15 días con una sola consulta al Congreso. De esto hablo en un artículo en Tot Tarragona. ¡Feliz Navidad!

Servidumbre ideológica

No lo pueden remediar, es superior a ellos. Los izquierdistas no llevan nada bien que el Parlamento Europeo haya concedido el Premio Sajarov por tercera vez a la disidencia cubana. En 2002 fue para Oswaldo Payá, en 2005 para las Damas de Blanco y en 2010 para Guillermo Fariñas. Según el columnista de Público Marco Schwartz, "preocuparse por los derechos humanos políticos está bien, qué duda cabe. Y estaría mejor si esa preocupación fuese más libre de servidumbres ideológicas." Es decir, que Estrasburgo insista en mostrar su reconocimiento a quienes se enfrentan a una dictadura que dura ya medio siglo, debe considerarse un caso de "servidumbre ideológica". Ciertamente, numerosos premiados, desde que se instituyó el galardón en 1988 con la concesión del primer premio a Nelson Mandela, han sido disidentes de regímenes comunistas o exsoviéticos. Pero ¿qué le vamos a hacer, si la mayoría de población mundial sometida a regímenes dictatoriales, se encuentra precisamente en países socialistas? (Véase la entrada de Elentir: ¿Cuántas dictaduras hay en el mundo?).

Pero Marco Schwartz prosigue adelante con su rabieta saliendo por peteneras. Propone que el próximo Premio Sajarov se entregue a quienes se opusieron a la Guerra de Iraq o a los juristas colombianos que denunciaron crímenes de Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe. (No dice nada de la oposición a Hugo Chávez, seguro que por un inocente olvido.) Más aún, le parece harto significativo que el "establishment liberal" solo tenga en cuenta los derechos "de tipo político-civil", y no los "económico-sociales". (Derecho a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, asistencia médica, a los seguros de desempleo, enfermedad, vejez, etc.) El señor Schwartz probablemente no se ha leído la descripción del premio, cuyo nombre completo es "Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia", y recompensa a aquellos que luchan "contra la intolerancia, el fanatismo y la opresión", destacando en la defensa de "los derechos humanos y la libertad de expresión". O quizás piense que si el premio incluyera a quienes defienden la elevación del nivel de vida de la población, el gobierno cubano sería un merecido candidato, porque de todos es sabido lo bien que se vive en Cuba, gracias al modelo económico socialista.

El artículo del señor Schwartz, sin embargo, es inestimable, porque muestra insuperablemente la función que realiza la cantinela de los derechos socioeconómicos. Como dice nuestro columnista, tales derechos "se violan de manera sistemática en casi todo el mundo y producen al menos tantos estragos como la conculcación de los derechos políticos". De lo cual se desprende meridianamente que carece de justificación esa "moda" de criticar la falta de derechos en Cuba y otras dictaduras "que contravienen la doctrina liberal del momento". ¡En todas partes cuecen habas! En las democracias occidentales presumimos de libertad de expresión, sí, pero ¿qué me dicen de la gente que tiene dificultades para llegar a final de mes, eh?

Confundir los derechos políticos con otro tipo de aspiraciones sociales sin duda deseables, pero cuya consecución no depende en sí misma de la organización política (salvo en la medida en que se convierte en un obstáculo), sino del progreso técnico y económico, conduce ni más ni menos que a relativizar la dictadura, y por tanto a justificarla. De otro modo, no se explica que a alguien le pueda molestar el premio a Fariñas. Comparar la cárcel, las torturas y los asesinatos de los disidentes cubanos con la libertad de que gozaron los manifestantes contra la Guerra de Iraq: eso sí que es una repugnante servidumbre ideológica.

Venezuela y el concepto de dictadura

En la tertulia de Carlos Herrera ha surgido hoy, de nuevo, el debate acerca de si Venezuela es una dictadura o no. (Digo "de nuevo" porque en este mismo programa, si no recuerdo mal, ya escuché hace unos días opiniones encontradas al respecto.) Una tertuliana ha argumentado que el hecho de que el alcalde de Caracas, opositor al chavismo (y que acababa de ser entrevistado), haya podido ganar las elecciones municipales, y hablar en Onda Cero, prueba que Venezuela no es una dictadura, pues esto sería impensable en Cuba.

En Venezuela, es cierto, sobreviven precariamente instituciones y costumbres liberal-democráticas que en Cuba fueron arrasadas por la revolución, hace medio siglo. Pero el régimen chavista trabaja de manera sistemática por destruir los restos de independencia judicial y legislativa, así como la autonomía de los gobiernos regionales y locales. Cierra los medios de comunicación desafectos, encarcela a opositores y periodistas críticos, apoya a bandas de matones y a grupos terroristas como las FARC y ETA, ha abolido de facto la propiedad privada... ¿Qué hace falta para que se lo considere una dictadura, sólo un poco menos descarnada que la castrista?

En el instituto, hace ya más de dos décadas (cómo pasa el tiempo), tuve un profesor que defendía el régimen comunista polaco, bromeando sobre las comodidades que según él disfrutaba Lech Walesa en la cárcel, y reduciendo la democracia occidental a un paripé consistente en votar cada cuatro años. (Se llamaba, y no es un chiste, Carlos Mas.) Es significativo que antes los izquierdistas se mofaran de las libertades formales, y que ahora algunos se acojan a ciertos formalismos para negar que en Venezuela exista una dictadura. Pues nada, nuestros gobernantes ya saben hasta dónde pueden llegar antes de que se los califique como dictadores. Basta con mantener ciertas apariencias, pero sobre todo, lo importante, lo decisivo, es ser de izquierdas.

El camino de la dictadura

La esencia de una dictadura es que el gobierno no está supeditado a las leyes. Si existe una efectiva división de poderes, las leyes que no se ajusten a la constitución serán rechazadas por los tribunales, y los gobernantes que la infrinjan con sus actos serán juzgados y, si procede, encarcelados, como lo sería cualquier otro ciudadano que violase la ley.

Es notorio que en España no existe verdadera división de poderes, desde el momento que el sistema de listas cerradas, con la obediencia partidista que impone a los diputados, convierte a las Cortes en una emanación del ejecutivo, y el sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo, directa o indirectamente por este ejecutivo-legislativo, permite prever el sentido de las sentencias según el color político dominante.

De lo cual se deduce que en España cualquier gobierno puede derivar con terrible facilidad hacia la dictadura de facto, con decorado democrático. ¿Qué se lo impide? Básicamente, la existencia de una oposición y de los medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre cuando la oposición se encuentra abandonada por la mayor parte de los medios de comunicación, cuando en determinadas regiones es incluso hostigada socialmente? Ocurre que, efectivamente, el gobierno puede saltarse impunemente las leyes, es decir, puede ejercer la dictadura. En concreto, puede

• incumplir la Ley de Partidos, permitiendo que el brazo político de Eta se presente a las elecciones;
• violar la Constitución, aprobando un Estatuto de Cataluña que es incompatible con ella sin seguir el procedimiento de reforma constitucional, que incluye un referéndum y la disolución de las Cortes;
• detener ilegalmente a miembros de la oposición;
• pisotear las leyes de la competencia e incluso espiar a directivos de empresas.

Puede hacer todo esto y, en efecto, lo ha hecho. Sin duda, que el partido gobernante sea el PSOE no es una circunstancia ajena a este proceso. No olvidemos que en la naturaleza de la ideología socialista subyace un profundo desprecio de los formalismos legales, que se consideran meros instrumentos de la burguesía. El socialismo es la ideología perfecta para el Poder, es la apoteosis teórica de la arbitrariedad (ellos la llamarán voluntad popular o de cualquier otra forma embaucadora), por contraposición a las seguridades jurídicas. Pero no debemos engañarnos. El origen del mal se encuentra en la propia Constitución, que no consagró una separación de poderes verdadera, hizo concesiones de fatales consecuencias a los nacionalismos y abrió la puerta a prácticamente cualquier grado de intervencionismo estatal.

La tarea de la oposición, por tanto, no puede limitarse a desbancar al actual partido gobernante, aunque sin duda ello sea prioritario en este momento. Si gobierna el Partido Popular, ya no podrá demorar por más tiempo aquellas reformas democráticas que Aznar no pudo o no quiso acometer. Debe reformarse la Constitución para que lo ocurrido en este trienio negro no pueda volver a ocurrir, o por lo menos sea mucho más improbable. Si Mariano Rajoy no ataca de lleno este problema central, si una vez más se aplazan las medidas radicales -pero legales- que precisa nuestra democracia, el futuro será muy incierto. Por supuesto, la tarea es formidable. Se trata nada menos de que el partido que alcance el poder, en lugar de tratar de consolidarse en él, se autolimite, teniendo en frente a una oposición que ni por asomo hará nunca algo semejante. Sólo la derecha liberal-conservadora es concebible que lleve a cabo esta Reforma, del mismo modo que fue la derecha y no la izquierda la que pilotó la Transición. Y sólo si la derecha gobierna durante un periodo suficiente, se verá el PSOE obligado a madurar de manera análoga al laborismo inglés. Entonces sí que podríamos decir que en España existe una democracia en toda la plenitud del término. No es un camino fácil, lo cómodo es pensar que no hay para tanto, que todos los políticos son iguales y que a mí no me afecta. Lo fácil es el otro camino.