sábado, 28 de enero de 2012

Inversión de valores

El Arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, realizó unas declaraciones el pasado 23 de enero, en TV3. Entre otros temas, habló de la violencia doméstica, el papel de la mujer en la Iglesia y el matrimonio homosexual. Las reacciones de la izquierda mediática y política no se hicieron esperar. El País habló de "ataque a los homosexuales" y "frase homofóbica". Los grupos de presión como la FELGTB (Federación de Lesbianas, Gays, etc) o Europa Laica abundaron en expresiones como "machismo" y "apología de la homofobia", declaraciones que "no se pueden consentir", "unos ponen las palabras y otros podrían llegar a la agresividad", "maltrato a una parte de la población", etc, llegando a exigir que "se actúe de oficio" contra el arzobispo. En la línea de insinuar una relación causal entre las opiniones de Jaume Pujol y la violencia contra las mujeres y los homosexuales, el Ayuntamiento de Tarragona (gobernado por el PSC), "lamenta profundamente" sus declaraciones, las cuales "legitiman comportamientos que tantos esfuerzos hacemos para erradicar, sobre todo cuando pueden favorecer relaciones de abuso de poder, rechazo social o violencia". Al ritual de rasgarse las vestiduras se han sumado también ICV-EUiA, que denuncia la "intolerancia de la jerarquía católica" y  ha elevado varias preguntas al Congreso, así como la CUP de Tarragona (independentistas y pancatalanistas de extrema izquierda), proponiendo que se boicoteen los actos religiosos de las fiestas mayores y que el arzobispo sea declarado "persona non grata" en Tarragona.

¿Qué barbaridades habrá pronunciado Jaume Pujol? El lector puede juzgar por sí mismo viendo el vídeo de la entrevista (en catalán) en la que se produjeron las polémicas declaraciones del arzobispo.



Al ser preguntado por uno de los últimos casos de una mujer asesinada por su pareja o expareja, acaecido en un tranquilo pueblo de Tarragona, Pujol, tras expresar su pesar y sus condolencias a la familia, atribuye la causa de este tipo de violencia a una inversión de los valores ("els valors s'han capgirat"), por la cual la fidelidad, el amor, la capacidad de perdonar, han "fallado". En el fondo, la explicación de hechos tan desgraciados solo se puede hallar "en el corazón de cada persona..., las personas nos podemos volver egoístas, se rompen lazos muy importantes en la vida de las personas..."

Naturalmente, estas palabras chocan frontalmente con la ideología progresista, que recela profundamente de conceptos relacionados con la responsabilidad individual, la generosidad y el perdón, los cuales han sido sustituidos por los correspondientes contravalores de los seudoderechos. Ya van varias generaciones adoctrinadas en la idea de que los individuos solo tienen "derechos" (nada que ver, claro, con los verdaderos derechos cívicos), de que ningún compromiso (salvo si es político-ideológico) ni sacrificio personales valen nada frente a los "sentimientos" de cada momento, y los resultados son unos índices cada vez mayores de familias truncadas, lo que se pretende edulcorar como el triunfo de "nuevos modelos" de familia.

Esto no podía pasar desapercibido para la entrevistadora, la periodista Ariadna Oltra, que le reprocha al prelado, escandalizada, que no haya pronunciado la palabra "igualdad", lo que aprovecha para abordar el tema del sacerdocio femenino (que a la mayoría de católicos no les preocupa, y a los que no lo son no les incumbe). Pujol replica que la dignidad de todo ser humano es un principio consustancial a la Iglesia, lo cual no es incompatible con que hombres y mujeres puedan tener funciones distintas. Tampoco un hombre puede tener hijos, señala. Aunque el ejemplo acaso parezca pueril, por obvio, es absolutamente oportuno, y tiene que ver con el tema que ha originado la mayor polémica. Porque el progresismo consiste en gran medida en fingir que no existen condicionantes derivados de la naturaleza humana y que es perfectamente normal que parejas homosexuales tengan hijos. De hecho, la ciencia cualquier día conseguirá que se puedan engendrar niños con el material genético de una sola persona, sea esta hombre o mujer, y cuando semejante aberración sea posible, los progresistas lo aplaudirán como un avance largamente esperado por la sociedad.

Para Jaume Pujol, los homosexuales son seres humanos dotados de la misma dignidad que todos los demás, y que por tanto merecen el mismo respeto. Pero su comportamiento "no es el más adecuado para la sociedad ni para ellos mismos como personas". Pues bien, esta moderada afirmación es algo que, según algunos, que además pretenden pasar por ardientes defensores de la libertad, debería estar terminantemente prohibido expresar.

Como no podía ser menos, la entrevistadora recordó los casos de pederastia, pese a que, adivinando que le sacarían el tema, el sacerdote ya había señalado el hecho de que esta sociedad se complace en fijarse en los malos ejemplos, y no en los numerosos, y admirables, que testimonian los auténticos valores cristianos. Pero si no se puede criticar ni en el más leve grado a los homosexuales (mejor dicho, a su conducta), no se entiende por qué deberíamos "perseguir" y "discriminar" (por utilizar el lenguaje falaz del progrerío) a los pederastas, que a fin de cuentas se mueven por el mismo principio, elevado a dogma supremo por la izquierda sesentayochista, a saber: la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. El argumento de que unos defienden relaciones libremente consentidas entre adultos, mientras que los otros abusan de la inocencia infantil, resulta esencialmente precario desde la misma cosmovisión progre, que defiende la educación sexual a edades cada vez más tempranas y pone en entredicho las concepciones tradicionales del pudor y la inocencia, una de cuyas virtudes consisten en preservar a la infancia. (De ahí los cambios en el código penal, que han desterrado expresiones como "abusos deshonestos" por razones ideológicas.) Aquí nos gusta reírnos de otros países donde desaprueban que, en un espectáculo transmitido en horario infantil, una cantante muestre una teta, o donde no son partidarios del topless en las playas. Pero lo único que demostramos con ello es que respetamos mucho menos a nuestros niños.

Lo que define al progre no es que lleve hasta sus últimas consecuencias determinadas ideas, sino precisamente lo contrario, que se queda a medio camino y se ofende cuando alguien realiza esa tarea por él. Objetará que le parece mezquino y miserable que alguien compare la homosexualidad con la pedofilia, o el matrimonio gay con la poligamia, inmediatamente después de haber enunciado, con cierta suficiencia triunfal, que cada cual es libre de casarse o relacionarse con quien quiera. Desearía ver destruidas las concepciones tradicionales de la familia, el matrimonio, la decencia, etc, pero sin dejar de ser considerado una persona decente. Si no da el paso definitivo y se ufana de su indecencia es porque, al menos en su fuero interno, sabe que eso pondría sobre aviso a muchos tontos útiles, que se dejan seducir por sus emotivas declaraciones de buenas intenciones.

Las palabras del arzobispo, en contra de lo que pretende hacer creer la agitación izquierdista, están preñadas de sentido común. Solo le faltó a Jaume Pujol denunciar con más claridad que es precisamente el progresismo el causante de esa inversión de los valores, cuyos efectos le llevan después a derramar amargas lágrimas de cocodrilo.

domingo, 22 de enero de 2012

El estilo inmundo de El País

Los medios de comunicación, como solo un progre (o un centrista) se atreverán a negar, están ampliamente dominados por el progresismo, que inspira desde las secciones de política nacional e internacional hasta las de cultura e incluso, no pocas veces, del corazón, cada vez más reducido a revolcarse en las indecencias y guarradas de los programas de Tele5. El sesgo anticonservador es a veces cómicamente sutil, como por ejemplo en este titular de la web de RTVE: "El católico Newt Gingrich gana frente al moderado Mitt Romney en Carolina del Sur". Hubiera sido más congruente, ya que se alude a las convicciones religiosas de uno de los candidatos, referirse al "mormón Mitt Romney". Se nota que el redactor no ha resistido la tentación de oponer, implícitamente, el catolicismo a la moderación.

Pero una cosa es el sesgo ideológico y otra la propaganda alevosa, en el mejor estilo totalitario. En esto, el maestro de maestros es el diario El País. Dirigido a un tipo de lector que, solo por ello, se hace la ilusión de pertenecer a la élite cultivada, frente al "populismo" de la derecha (ya saben, los pedantes que creen, y hasta repiten en el bar sin ruborizarse, necedades del tipo "no hay que legislar en caliente", etc), esta cabecera se caracteriza por bordar dos géneros de la literatura propagandística. A saber: El artículo doctrinal (con frecuencia mereciendo los honores de editorial) que marca la senda ideológico-política, en plan directrices del Comité Central del Partido; y el libelo que señala el blanco a abatir, la persona a la que hay que destruir porque se atreve a enfrentarse a pecho descubierto con algún tabú del establishment izquierdista.

Para ello no retroceden ante los métodos más sórdidos, como las insinuaciones sobre la vida privada, sean verdaderas o falsas. Un ejemplo lo tenemos en el reportaje contra la juez María del Coro Cillán, que ha osado reabrir el caso del 11-M. Recurriendo a personas enemistadas con la magistrada, se atreven a lanzar pérfidas acusaciones de afición a la bebida, y de tener una relación sentimental con un abogado designado por ella como administrador judicial, en un caso insignificante que nada tiene que ver con el 11-M. El método denigratorio recuerda, aunque de momento no haya llegado a tal extremo, al que se empleó para destruir civilmente a Pedro J. Ramírez, por sus investigaciones sobre los GAL. Hurgan en las debilidades o intimidades (reales o inventadas) propias de todo ser humano para obligarle a desistir, enviándole el mensaje inequívoco de que se está enfrentando a gente demasiado poderosa.

No podemos cansarnos de denunciar la constante y despiadada guerra sucia que practica el progresismo contra todo aquello y todo aquel que se opone a su hegemonía absoluta. La verdad les importa una mierda, porque nunca han creído en ella. ("La libertad os hará verdaderos", dijo Zapatero, en una satánica inversión de la aserción evangélica.) Solo creen en el poder, al cual idolatran si es el de los suyos. Por eso se niegan a investigar el 11-M, y en cambio escarban en la vida privada de quienes sí se atreven a hacerlo.

sábado, 21 de enero de 2012

Gómez Bermúdez: "Hay cosas que es mejor que no se sepan todavía"

"Hay cosas que son tan complejas, tan graves, que es mejor que no se sepan todavía..., que se sepan más adelante." (Palabras del juez Gómez Bermúdez a la presidenta del Foro de Ermua, sobre la autoría intelectual del 11-M.)



Aquí otro vídeo más largo, que coincide con el anterior a partir del minuto diez, aproximadamente. Sobran comentarios.

sábado, 7 de enero de 2012

Hungría se desliza... ¿hacia qué?

La izquierda anticristiana no puede asistir indiferente a la entrada en vigor de la nueva Constitución húngara, que proclama sin complejos las raíces cristianas del país magiar. Para ello, recurre a lo que mejor sabe hacer, que es mentir y manipular, presentando al gobierno de Viktor Orbán como fascista. Hoy El País titula en primera página: "Hungría se desliza hacia el fascismo". En la edición digital puede leerse el artículo de Paolo Flores D'Arcais (ateo militante italiano), que compara al gobierno de Budapest nada menos que con el nazismo. ¿Pruebas? ¿Hechos concretos? Ninguno en absoluto. Ni en esta soflama, ni en el texto de información complementaria se aduce algún ejemplo claro que indique que en Hungría se están lesionando los derechos humanos, salvo la no renovación de la licencia de una emisora de radio y el despido de dos periodistas de medios públicos. Hechos difíciles de juzgar sin conocer los detalles, y que ocurren de vez en cuando también por aquí. Por lo demás, resulta paradójico que entre las leyes que, según El País, han hecho "saltar las alarmas" de la UE, se incluya la anulación de la prescripción de los delitos cometidos bajo la dictadura comunista. Los mismos que defienden a Garzón por querer juzgar al franquismo se escandalizan de que se pretenda hacer algo similar con el comunismo; mil veces más homicida y represor, por cierto.

Las calumnias vertidas contra el texto constitucional húngaro (irreprochable desde el punto de vista liberal y democrático, aunque todo sea mejorable en esta vida) ya las analicé en su momento, por lo que no me repetiré. Lo que quiero destacar ahora es el temor de la izquierda a que el ejemplo de Hungría pueda cundir. Ya puso todo su empeño en que la constitución europea no reconociera el papel del cristianismo en el origen de nuestra civilización, y no van a permitir ahora que desde ningún país se atreva nadie a cuestionar el pensamiento único relativista. Para ello no dudan en explotar además las dificultades económicas por las que atraviesa el país de Liszt y Béla Bartók, como si la España de Zapatero las hubiera sorteado con mayor eficacia. Pero es que si hablamos de economía, lo que está claro es que la ingeniería social antinatalista (divorcio exprés, matrimonio gay, aborto libre, adoctrinamiento en la ideología de género, etc) nos conduce aceleradamente al desastre económico del invierno demográfico. Por ello, la constitución de Hungría, con su decidido apoyo a la familia y a la vida, marca el camino que debe seguir Europa si quiere escapar a la decadencia y la extinción cultural. Francisco José Contreras, coautor del imprescindible Nueva izquierda y cristianismo, que  reseñé hace poco, ya puso de manifiesto la cuestión de fondo en un artículo de la pasada primavera, ¡Viva Hungría! Y nos lo ha vuelto a recordar, esta vez más en relación con la estricta actualidad española en otro artículo de obligada lectura, Parte de guerra cultural. Porque lo que ocurre en Hungría también nos interesa. La izquierda se ha dado cuenta, con su habitual instinto. Ahora solo falta que se dé cuenta la derecha.

domingo, 1 de enero de 2012

¡Viva la Pepa!

El día de San José de este nuevo año se cumplirán doscientos de la primera Constitución española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Todavía hoy sigue siendo un texto admirable por varias razones. Bien es verdad que aquella constitución no establecía una democracia, sino una monarquía moderada: El poder ejecutivo permanecía en manos del rey, que accedía al trono por derecho hereditario. Tampoco inauguraba un régimen plenamente liberal, desde el momento que prohibía el ejercicio de cualquier religión distinta de la católica. Sin embargo, la clara y rotunda división de poderes que modelan sus artículos, ya la querríamos tener incluso en nuestros días. Hoy, en España, la división entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es poco más que mera retórica. El sistema electoral y de partidos promueve que los gobiernos sean el resultado de las mayorías parlamentarias, por lo que el papel de contrapeso de las Cortes se reduce con frecuencia a una mera apariencia formal. En cuanto al poder judicial, la intervención de los políticos en la elección de sus instancias superiores convierte en un sarcasmo la apelación a la independencia de los magistrados, y ello sin contar con el triste papel de los jueces activistas, que supeditan el derecho a sus simpatías ideológicas o partidistas.

Desde un punto de vista estrictamente liberal, quizás un ejecutivo no elegido democráticamente estaría más contrapesado por el poder legislativo (y viceversa) que no en las democracias contemporáneas. En la Constitución de 1812, el papel del monarca recuerda, salvando todas las distancias, al de los presidentes de ciertas repúblicas, como la de Estados Unidos o Francia. Si hoy nos parece inadmisible que su elección se sustrajera al sufragio universal, directo o indirecto, es debido al papel tan preponderante que ha asumido el poder ejecutivo en todos los órdenes. En cambio, en la constitución gaditana el Estado era todavía básicamente el ejército, la marina y la policía, el sueño minarquista de cualquier liberal no anarquista. No es que no se contemplaran otras funciones de lo que hoy se conoce como el Estado del bienestar, pero en general de estas se encargaban las administraciones locales y provinciales, cuyos dirigentes debían elegirse mediante un sistema democrático indirecto. Así pues, el rey podía declarar la guerra, pero no subir los impuestos, sin permiso de las Cortes. Hoy el presidente del gobierno, teóricamente no puede hacer ni lo uno ni lo otro sin la aprobación parlamentaria. En la práctica, sabe casi con total certeza que cuenta con ella si su partido es el mayoritario o disfruta de los acuerdos necesarios con formaciones minoritarias. Y por descontado, según el texto de la Pepa, quedaba por completo fuera de las prerrogativas reales (y parlamentarias) cualquier violación de derechos civiles como la detención sin orden judicial, la violación del domicilio, la censura previa, la tortura o penas degradantes, etc.

Me atrevo a sugerir que si hoy rigiera la Constitución de 1812, con las enmiendas necesarias (en Estados Unidos rige aún la de 1787), nos iría mucho mejor. Y lo que me lleva a imaginar tal cosa no es solo el contenido de la carta magna gaditana, sino sus fundamentos. En el admirable discurso preliminar de la comisión que presentó el proyecto constitucional a las Cortes (puede leerse aquí), los redactores se esforzaron de manera patente en presentar la Constitución no como el producto de unas filosofías modernas, embargadas por un imprudente afán de innovación, sino como una recuperación de las viejas libertades políticas de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. A primera vista pudiera parecer esta concepción como un mero intento retórico de atraerse las simpatías de los conservadores, pero un mínimo conocimiento de los textos legales medievales contradice esta tesis superficial.

El parlamentarismo no es un invento de las revoluciones francesa o americana, sino que tiene hondas raíces en las instituciones y costumbres políticas medievales. Y estas instituciones, por cierto, no solo eran compatibles con la religión católica, sino que estaban profundamente impregnadas de su espíritu, como no podía ser de otra manera. De ahí que la Pepa se inicie con las rotundas palabras: "En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad." Solo una sociedad que parta de la profunda convicción de que el ordenamiento legal positivo se fundamenta, en última instancia, en una Ley última de carácter trascendente, puede eficazmente prevenir las tendencias despóticas que anidan en todo régimen, empezando por los más democráticos. La Europa actual, por el contrario, en su empeño por ignorar las raíces cristianas, se priva a sí misma de oponer argumentos incontestables al abuso del poder político, siempre justificable en términos utilitaristas y convencionalistas.

El Antiguo Régimen, que la constitución de Cádiz pretendió derogar, no era la Edad Media del mito progresista, identificada con el oscurantismo y la tiranía. Por el contrario, el Antiguo Régimen era en realidad lo moderno, en el sentido estrictamente historiográfico. En muchos aspectos, supuso la pérdida de libertades políticas que en los tiempos medievales pocos monarcas se atrevieron a discutir. Y cuando lo hicieron fueron despuestos, excomulgados y hasta combatidos por las armas. Maquiavelo era el moderno. Y la persecución de las brujas. Y la quema en la hoguera de Miguel Servet, en Ginebra en 1553. Fueron los Estados modernos los que progresivamente fueron reduciendo el poder de las Cortes estamentales, estableciendo los ejércitos permanentes, los impuestos anuales y las policías secretas. Y visto en perspectiva, el proceso no ha hecho más que acentuarse, hasta el día de hoy. Doscientos años después, la Pepa sigue siendo un ejemplo de desconfianza lúcida hacia los gobiernos. Y es que la Constitución de 1812 no es moderna, ni falta que le hace.