miércoles, 27 de mayo de 2015

Qué quiere ser Vox de mayor

Vaya por delante que quien escribe no es nadie para dar consejos a Vox. Simplemente, expreso mis opiniones, desde mi simpatía con un proyecto político nuevo, que está encontrando más dificultades de las esperadas.

Vox no ha conseguido hasta ahora sus mínimos objetivos iniciales, que eran obtener representación en el parlamento europeo, y posteriormente en algún parlamento autonómico, o en algún municipio importante. Incluso podría decirse que en su corta vida ha venido a menos, pues en las elecciones del pasado domingo ha recabado sólo la tercera parte de los votos de las europeas. Sin embargo, este dato es menos malo de lo que aparenta, porque Vox no se presentaba en toda España, ni mucho menos. (Sin ir más lejos, yo no pude votarles esta vez, porque no había lista de Vox en Tarragona.) Teniendo en cuenta esto, sigue siendo factible obtener representación en las elecciones generales que se celebrarán (si no se adelantan) en seis o siete meses.

Ahora bien, para que los votantes se decidan por Vox, se necesita algo más que apelar a su conciencia. Es preciso ilusionarles con un objetivo realista, asequible y ambicioso a la vez. Tratemos de precisarlo. Está claro que Vox no va a ganar las próximas elecciones generales. Tampoco es probable que vaya a obtener un número de diputados suficiente para hacerse con la llave de la gobernabilidad, aunque esto nunca se sabe. En un Congreso muy fragmentado, un sólo diputado puede llegar a ser decisivo. Pero dejando de lado estos imponderables, Vox por ahora sólo puede aspirar a influir, a que se escuche su voz en las Cortes y a que se debatan sus propuestas o enmiendas. Para ello se requeriría tener Grupo Parlamentario propio, es decir, que contara con cinco diputados y un 5 % de representación. Un millón y medio de votos, para entendernos.

Estamos hablando de multiplicar por seis sus mejores resultados, los 250.000 votos de las pasadas elecciones europeas. ¿Es descabellado? No diría tanto, aunque sí sumamente difícil. Sin embargo, creo que plantear el objetivo del "millón y medio" puede ser útil. Con frecuencia es necesario proponerse una meta ambiciosa, aunque sólo sea para obtener unos resultados más modestos. Si Vox entra en el Congreso, ya será un éxito, pero probablemente no se pueda conseguir si no aspira a algo más.

Por supuesto, no bastará con decirle a la gente: "necesitamos un millón y medio de votos", danos el tuyo. En mi humilde opinión, Vox tiene que encontrar un gancho dialéctico que lo identifique claramente, que penetre no sólo en los simpatizantes más concienciados, sino que pueda abrir una brecha (una pequeña fisura sería suficiente) en la cerrada mentalidad socialdemócrata de los españoles. Y no me refiero a vídeos virales, que pueden estar muy bien elaborados, pero que llegan a mucha menos gente de la que se cree. Como decía el otro día un tertuliano, el taxista no se entera del trending topic. Pensar que se pueden ganar elecciones con las redes sociales me parece (por el momento) fantasioso, porque en dichas redes están todos, los que aparecen en la televisión y los que no; y adivinen quiénes poseen la ventaja decisiva.

Ese gancho dialéctico o leitmotiv podría ser algo así como "recortemos a los políticos". Nótese, no al Estado, que mucha gente identifica con algo "suyo", la Seguridad Social, las pensiones, los hospitales. Los políticos. Esto no tiene nada que ver con el viejo discurso ultraderechista de "fuera todos los políticos" (¿y a quién ponemos? ¿a los militares?), ni tampoco con la demagogia de Podemos contra "la casta", que en realidad pretende aumentar aún más el peso de la política en la vida de los ciudadanos, esto es, desplazar a la casta actual para instaurar una mucho más onerosa y opresiva. Lo que defiende Vox es una reducción de carácter permanente, estructural, del número de políticos (especialmente en las administraciones autonómicas, cuyo objetivo último es eliminar) y, por tanto, del dinero que manejan, su desmedido intervencionismo y las casi irresistibles tentaciones de corrupción que ambas cosas conllevan.

Que Vox dé una cifra concreta del número de políticos que tendrían que irse a sus casas; esto podría tener mucho más impacto que hablar de millones de euros de ahorro (¿quién no se pierde con tantos ceros?) o incluso de porcentajes del PIB, que se perciben como excesivamente tecnocráticos. No es fácil calcular con precisión cuántos cargos políticos hay en España y por tanto de cuántos podría prescindirse. En una rápida investigación en la web, te encuentras con estimaciones que van de los 100.000 a más de 400.000. Si nos limitamos a la administración autonómica, el sociólogo Ferran Martínez (nada sospechoso de "neoliberal") ofrece un cálculo "a ojo" de 65.000 cargos, entre diputados, consejeros, secretarios y directores generales, asesores y enchufados varios. Ferran, perezosamente, calcula 150 diputados por cada uno de los diecisiete parlamentos autonómicos, 2.550. En realidad, esta es la cifra más fácil de averiguar, y si mis cuentas no me fallan, son "sólo" 1.222. También creo que exagera (tal vez soy un ingenuo) con el número de cinco asesores por cada diputado, cuando él mismo asegura que son los grupos parlamentarios los que tienen asesores. Por otra parte, es posible que el autor no haya tenido en cuenta los escalafones territoriales de muchos gobiernos regionales (consejos comarcales, etc.), que pueden multiplicar pavorosamente los organigramas de la administración. En fin, tratando de hacer una estimación lo más prudente posible, para que no podamos ser acusados de demagogos, creo que podríamos hablar de 40.000 políticos autonómicos.

Una campaña sin estridencias de mal gusto, pero contundente, en que se explique que se pretende echar a 40.000 políticos (la cifra, por cierto, transmite unas resonancias alibabescas no desdeñables), dejando claro que no es para sustituirlos por otros, sino para sacudirnos de una vez por todas esa pesada carga. Podría funcionar. Recordemos que no se trata de cambiar en seis meses la mentalidad estatista de los españoles. Nos basta un 5 % y cinco diputados. Y si se consiguiera uno solo, no sería ya un fracaso.

Un último consejo, ya puestos. Amigos de Vox, olvidaos de una vez del PP, de querer atraer a los "desencantados" del Partido Popular. Cada vez tengo más claro que este es un mensaje de perdedores. Por el contrario, el mensaje de que sobran 40.000 políticos (o el número que se determine, sus doctores tendrá Vox) es perfectamente transversal, puede llegar incluso a votantes de IU. No es ninguna tontería. Creo que es más fácil, para un partido rompedor como Vox (en el buen sentido del término) atraer a un votante de Izquierda Unida (y más ahora, que está en caída libre, lo que suele acelerar las "deserciones" en todas direcciones) que a uno del PSOE, sin descartar esto último. Es un fenómeno que suele darse en Europa con la extrema derecha, aunque Vox evidentemente no lo sea, porque en sus principios fundacionales está la defensa del Estado de Derecho y el mercado libre. (Los programas económicos de la ultraderecha suelen ser indistinguibles del de Podemos.)

Vox es un niño aún, pero tendrá que hacerse mayor aceleradamente, si quiere sobrevivir. Ello significa olvidarse de las circunstancias en que surgió, para reforzar lo esencial, que era la falta en España de una formación de centroderecha sincera, defensora de la vida, de la libertad y patriótica. Visto en perspectiva, ahora nos damos cuenta de que fue una suerte que Vidal-Quadras no consiguiera su escaño y terminara abandonando Vox. Aunque Alejo no carece en absoluto de virtudes, estaba demasiado asociado al pasado. Era una figura del establishment, que podía ser muy crítica con la partidocracia, pero llevaba demasiado tiempo instalado confortablemente en ella. Le brillaban demasiado los anillos.

Creo que ha sido Santiago Abascal quien ha dicho que Vox debe ser el Podemos de la derecha, o algo parecido. Lo suscribo totalmente, y para ello no está de más fijarse en una de las claves del éxito de la terminal chavista en España. Ellos no se han dirigido a los desencantados del PSOE o de IU, sino a los de todos los partidos. Seguramente, la mayor parte de sus votos proceden de la izquierda, pero ellos no los han conseguido presentándose como la verdadera izquierda, no le han sugerido a sus votantes que podían tener un conflicto emocional por dejar de votar a quien sea. Simplemente, se lo han puesto fácil, han sabido presentarse como algo nuevo, pese a ser su mensaje tan viejo como el mausoleo de Lenin. Pero en cierto modo sí que son algo nuevo (peligrosamente nuevo) en nuestra historia democrática. Y esta, como digo, es la lección. Porque Vox también es algo nuevo, algo que no había existido hasta ahora: la defensa organizada de unos valores que muchos ya daban por enterrados. Ahora toca demostrar que se habían equivocado.

lunes, 25 de mayo de 2015

¡A las catacumbas!

Este fin de semana se han celebrado el referéndum de Irlanda sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y las elecciones locales y autonómicas de España. Para los que creemos en determinados valores (la vida, la familia, la economía libre, el imperio de la ley), los resultados no pueden ser más adversos. Los irlandeses han votado mayoritariamente a favor del matrimonio gay, y los españoles han optado con claridad por formaciones de izquierda y extrema izquierda. Especialmente preocupante es el ascenso del populismo de corte bolivariano, que probablemente gobernará en el ayuntamiento de Madrid y en Barcelona (aunque en esta, con mucha menos facilidad). Un partido como Vox, la única opción liberal-conservadora creíble que se presentaba en estos comicios, ha obtenido unos resultados míseros. Su cabeza de lista más carismático, Santiago Abascal, se ha quedado en menos de 40.000 votos, sin obtener representación.

Supongo que hay tres reacciones posibles ante semejante varapalo.

La primera es el derrotismo. Es la posición de quienes, definitivamente desanimados, resuelven quedarse en su casa en lo sucesivo, y desistir de seguir defendiendo sus creencias y sus ideas, guardándoselas para sí.

La segunda reacción se desprende de la concepción romántica de la democracia, para la cual el pueblo tiene siempre la razón, y por tanto, quienes se han quedado en minoría deben reflexionar y revisar sus propios postulados. Es la posición de quienes sostienen que no se puede ir contra el sentido de la historia, la de quienes sostienen que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos modernos. Esta posición se encuentra, como es sabido, dentro de sectores de la propia Iglesia. Las declaraciones del arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, parecen ir en esa dirección, o al menos así se han interpretado. En el plano político, tal actitud se reconoce en aquellos que demandan al principal partido de centroderecha español, el PP, que siga desplazándose hacia el centro o el centroizquierda, asumiendo plenamente los dogmas dominantes de la socialdemocracia y la ideología de género. Por supuesto, también aquí los hay que sostienen este discurso desde dentro del Partido Popular.

La tercera posición es la que yo defiendo desde los tiempos del zapaterismo: la resistencia. El primer deber de quienes se encuentran en minoría es ante todo sobrevivir, es decir, seguir siendo como mínimo una minoría, y no una nada. Ello implica, como mínimo, la reposición siquiera demográfica de los miembros de dicha minoría. En este caso, como es lógico, esta reposición no se puede lograr meramente por reproducción biológica, pues incluso aunque los hijos "heredaran" las ideas de los padres (cosa para nada asegurada), el principal medio de transmisión de las creencias y las ideas es la palabra. Así que todo aquel que crea en la vida, en la libertad y en la ley, debe tratar de propagar, en la medida de sus posibilidades, dichas creencias y valores, contra viento y marea. En mi caso esto incluye, entre otras cosas, seguir apoyando al partido Vox, mientras exista y permanezca fiel a sus valores fundacionales, y a sus actuales dirigentes, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y los demás, mientras no pierdan los ánimos para seguir. Desde las catacumbas, si es preciso: no podemos hacer menos, ante el ejemplo heroico de los cristianos perseguidos y martirizados de Oriente Medio y otros lugares del mundo.

viernes, 22 de mayo de 2015

Reflexiones más allá del municipio

Actualmente sólo hay un partido que defienda a la vez dos ideas básicas:
1) Reducir el peso del Estado despilfarrador e hiperregulador, que es la causa del desempleo, el endeudamiento desquiciado y la corrupción política.
2) Proteger la vida humana desde la concepción, acabando con los más de cien mil abortos anuales.
Este partido se llama Vox.
El PP asegura defender lo mismo, pero miente, porque tras gobernar tres años y medio con mayoría absoluta, ha aumentado los impuestos, no ha reducido el grueso del aparato estatal y ha limitado su reforma de la ley del aborto a que las adolescentes puedan seguir abortando, con el permiso paterno.
Con el fin de mantener al menos a sus votantes de 2011, al Partido Popular sólo le queda el recurso del miedo: advertir de que votar a Vox o a Ciudadanos es fragmentar el voto de derechas y facilitar, en consecuencia, que llegue al poder el populismo de extrema izquierda que representa Pablo Iglesias.
Pero, ¿cuál es la causa última del populismo?
La crisis económica sólo ha sido un desencadenante de la emergencia de los nuevos partidos. Ante la crisis, hay dos respuestas posibles, el populismo y el regeneracionismo. El segundo implica reducir el peso del Estado, despolitizar y desideologizar la administración, el poder judicial y los organismos reguladores. El primero (aunque se disfrace también de regeneración y democracia) es justo lo contrario: dar más poder a los políticos (ellos dicen “al pueblo”, "las mujeres", etc.) y por tanto restar libertad a los individuos, las familias, las empresas y las asociaciones civiles.
El partido Podemos habla constantemente de desalojar a la casta, pero si analizamos sus propuestas y, sobre todo, las trayectorias intelectuales y las referencias políticas de sus dirigentes, caben pocas dudas de que su verdadero objetivo es convertirse ellos mismos en una casta neocomunista, mucho más tiránica e inevitablemente cleptocrática que la anterior.
La razón profunda del ascenso de Podemos no son la crisis ni la corrupción, sino la existencia en España de una arraigada mentalidad estatista, que se decanta más fácilmente por las soluciones milagrosas y el revanchismo que por la auténtica regeneración, que sólo puede consistir en devolver poder de decisión a la sociedad civil; en limitar la política (que es necesaria, pero controlada y vigilada) y favorecer la libre iniciativa en todos los órdenes: económico, educativo, cultural, etc.
No es aumentando la dependencia de los subsidios y los servicios sociales como conseguimos ser más libres y prósperos, sino justo al revés. Un Estado mucho más reducido puede dedicar el gasto social a aquellas personas que realmente lo necesitan (discapacitados, huérfanos, etc.) porque gasta menos y sobre todo porque permite que se genere la riqueza de la que, a fin de cuentas, se financia vía impuestos. Con una menor fiscalidad, paradójicamente aumenta la recaudación, porque se multiplican las inversiones, el empleo y el consumo. Pero lo fundamental es que, con impuestos más bajos, los ciudadanos somos más libres para decidir qué hacer con nuestro dinero, sin la intermediación de los burócratas, los políticos, los "expertos" y los grupos de presión basados en la ideología de género o el ecologismo perroflauta.
Es preciso señalar que dar más poder a los individuos, a las familias y a las empresas no tiene nada que ver con el relativismo, sino todo lo contrario. No se trata de que el individuo pueda hacer lo que le dé la gana, como si esto fuera un fin en sí mismo, sino de que las personas se rijan por las leyes, sin interferencias arbitrarias de los gobernantes. Nada favorece más el despotismo que “liberar” a los individuos de leyes “caducas” y de “prejuicios” morales, que son precisamente los que acostumbran a dificultar los abusos de los poderosos, obligándoles como mínimo a la ejemplaridad.
Más concretamente, reducir el poder estatal no implica reconocer falsos derechos como el aborto. La auténtica función del Estado es proteger los verdaderos derechos, el primero de los cuales es el derecho a la vida.
El relativista sostiene que, puesto que no hay un consenso universal sobre cuándo empieza a existir la persona humana, el Estado está obligado a ser neutral, es decir, a dejar en manos del individuo la decisión sobre la licitud o no del aborto. Ahora bien, esta neutralidad es completamente falsa. Lo que se discute es si un ser humano no nacido merece la misma protección que el nacido. Ante esto, no hay término medio ni neutralidad posible. O protegemos al embrión y al feto humanos, o no los protegemos. Admitida la falta de acuerdo en el terreno teórico, sólo existe una forma de resolver cualquier disputa reduciendo al máximo la violencia: es lo que llamamos democracia.
A fin de no enzarzarnos en una guerra civil, para resolver nuestras diferencias irreductibles, no se ha inventado nada mejor que la elección periódica y con garantías de gobernantes y legisladores. No se trata de que cuestiones como el aborto deban decidirse mediante el voto, de que la verdad pueda reducirse a la opinión mayoritaria. Esto sería recaer en el relativismo. Lo que sostenemos es que, puesto que de facto no nos ponemos de acuerdo en una serie de cuestiones esenciales, el único modo incruento de conllevar esta disensión es admitir unas reglas de juego. Lo que implica también que cada cual pueda seguir defendiendo lo que cree que es verdad, en contra de la mayoría, si es preciso, y que pueda tratar de convencerla pacíficamente[1].
La concepción romántica de la democracia confunde la voluntad popular con una verdad imperativa, lo que está en el origen de las peores tiranías. En realidad, la democracia no es más que un juego para dirimir nuestras diferencias, o mejor dicho, para permitir que podamos seguir manteniéndolas y convivir al mismo tiempo.
Todo esto puede parecer elemental, pero no son pocos quienes sostienen, a veces desde posiciones opuestas, que determinados temas (el aborto, la pena de muerte, etc.) deben quedar excluidos del debate democrático, lo que nos lleva a un problema de regresión al infinito: ¿quién decide lo que se debate y lo que no?[2]
Volviendo al punto inicial, desde el partido gobernante se pretende recabar el apoyo planteando un dilema perverso entre continuidad e involución populista. Es decir, entre una administración sobredimensionada y politizada, que permite el aborto libre en la práctica mientras impone mil regulaciones para abrir una peluquería, y un régimen totalitario, que fomentaría aún más, si cabe, los abortos, y que exacerbaría indeciblemente los controles y las vejaciones de toda índole a los ciudadanos que pretenden ganarse la vida honradamente, e incluso crear empleos, para promover una siniestra igualdad en la miseria.
No creo en una concepción tan mezquina y cobarde de la democracia, que la reduce a elegir entre lo malo y lo peor. La democracia entraña el riesgo de que triunfen el error y el mal, pero si no corremos ese riesgo, nunca triunfarán en buena lid la verdad y el bien. Y esto implica votar en conciencia: justamente lo que propone Vox.





[1] Problema distinto es cuando el poder es tan opresivo que imposibilita recurrir exclusivamente a medios pacíficos. La paz y la democracia no siempre son posibles, lamentablemente, pero cuando no existen, el esfuerzo de toda política debe ser tratar de retornar a ellas en el período más breve posible.
[2] Quien escribe también ha incurrido en esta equivocación en algunos escritos de este mismo blog, en los que incluso formulaba alternativas heterodoxas al parlamentarismo clásico. Una cosa es pensar que determinados temas no deben estar continuamente debatiéndose a la ligera (para lo cual existen los blindajes constitucionales de los derechos humanos y determinados principios fundamentales de un Estado, como la unidad territorial) y otra distinta es pensar que debamos tratar de impedir de manera absoluta y permanente la discusión sobre dichos temas. Lo segundo me parece (ahora lo veo más claramente) un error.

domingo, 17 de mayo de 2015

El verdadero problema educativo

La situación hoy en Cataluña es la siguiente: quienes deseen que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, no tienen otra opción que matricularlos en una elitista escuela privada. En este aspecto, como dijo el ministro Wert, el castellano se encuentra hoy en la misma situación del catalán "en otras épocas". Después vino a desdecirse, fiel a las costumbres del PP, siempre dispuesto a pedir perdón por no ser -todavía- totalmente antiespañol, socialdemócrata y pro abortista.

¿Es lógico que en un territorio donde la mayoría de la población habla castellano, la lengua vehicular de la enseñanza pública sea en catalán? Evidentemente, no. Los argumentos que pretenden que el monolingüismo educativo (la "inmersión") favorece la cohesión social, aunque fueran ciertos, serían aplicables como mínimo también al castellano. En realidad, el argumento principal de los nacionalistas es otro: Cataluña sufrió un intento de "genocidio cultural" (no entraré aquí al trapo de esta exageración) en el pasado, y por ello es imperativo compensar esa injusticia.

Este tipo de razonamiento sitúa al nacionalismo catalán (como al vasco y al gallego, por no salirnos de España) en la constelación de otros victimismos colectivistas de nuestros días. Las mujeres han sido oprimidas por los hombres, lo que justifica toda suerte de medidas de discriminación positiva que se les ocurran a los legisladores. Lo mismo puede decirse de los homosexuales, o de los negros en Estados Unidos, etc.

Debe señalarse que la discriminación positiva, aparte de su más que dudosa eficacia, no es nada distinto de la discriminación a secas. Si yo favorezco a un negro que ha obtenido las mismas calificaciones académicas que un blanco, estoy discriminando al blanco, obviamente. Si yo establezco mayores sanciones al delito cometido por un hombre que al cometido por una mujer, estoy evidentemente discriminando al hombre. Cambiar el punto de vista no cambia la realidad.

El nacionalismo catalán actúa de manera semejante a aquellos totalitarismos que castigan al individuo por delitos reales o imaginarios cometidos por un colectivo. El régimen franquista discriminó la lengua catalana: luego es necesario que unos padres castellanohablantes se fastidien ahora, y tengan que aceptar que sus hijos sean educados en catalán, lo quieran o no, salvo que tengan los medios económicos para recurrir a una escuela privada.

Ahora bien, no les falta razón a los nacionalistas catalanes cuando aseguran que no existe ningún conflicto lingüístico en Cataluña. En efecto, cuando la gente acepta mayoritariamente que el sistema educativo esté controlado por la administración, no debe extrañarnos demasiado que haya pocas movilizaciones por tratar de recobrar una libertad a la que se ha renunciado alegremente de antemano. Muchos que defienden el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular no suelen ser consecuentes hasta el final, lo que supondría defender la liberalización total del sistema educativo; ahí reside su mayor debilidad. Siempre se les podrá replicar que una "enseñanza a la carta" no sería practicable en el sistema público, lo cual probablemente es cierto, aunque en realidad se trate de un argumento contra la estatización de la educación, no contra la libertad educativa. Si la administración no puede asumir el coste de un bilingüismo equitativo, la conclusión lógica es que nunca deberíamos haber dejado la educación en sus manos.

El problema fundamental de la educación estatalizada en Cataluña es el mismo, fundamentalmente, que el de toda España: la baja calidad de una enseñanza destrozada por la pedagogía progresista de funcionarios que no responden realmente ante los padres de sus alumnos. En Cataluña, al adoctrinamiento izquierdista se añade el adoctrinamiento nacionalista, que como hemos dicho, responde a una similar lógica victimista. Unos y otros hacen de la cuestión lingüística lo decisivo, cuando el problema son los contenidos de unas escuelas convertidas en madrasas del pensamiento único.

viernes, 24 de abril de 2015

La preocupación de Carmen Vela

Según una encuesta recién divulgada, el número de hombres que espontáneamente manifiestan tener interés por la ciencia, es el doble que el de mujeres. Esta proporción se da aproximadamente también en edades jóvenes, como se puede observar en la siguiente gráfica.



Le ha faltado tiempo a la Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, para manifestar que se trata de un dato "realmente preocupante", e incluso para conjeturar que la causa podría ser

"la poca visibilidad que se da a las mujeres científicas. Incluso en los premios, el porcentaje de mujeres galardonadas no llega al 5%, están prácticamente ausentes." (El País digital.)

No creo que la señora Vela sugiera premiar más a las científicas, por el mero hecho de ser mujeres. Supongo que abogará por campañas de concienciación que animen a las jóvenes a interesarse más por la ciencia, y a desterrar supuestos estereotipos. Es decir, despilfarrar más dinero público para seguir adoctrinándonos.

¡Cómo! ¿Usted no está a favor de la igualdad "de género" en la ciencia?

Pues no, no lo estoy en el sentido que pretende imponer la ideología de género. No creo que haya nada de malo en que en determinados ámbitos no exista paridad sexual. No creo que pase nada porque haya más físicos o químicos que físicas o químicas, ni porque haya más enfermeras o maestras que enfermeros o maestros. Nada en absoluto.

La ideología de género concibe las relaciones entre los sexos en términos de poder, de manera análoga a como el marxismo concibe las relaciones entre clases sociales. Por tanto, cualquier desigualdad la interpreta como un síntoma de un sometimiento del sexo femenino al masculino. Las mujeres no serían verdaderamente libres al preferir estudios sociales, humanísticos o de salud en mayor medida que carreras de ingenierías o arquitectura, sino que estarían condicionadas por una estructura patriarcal que las predispone a actividades de tipo asistencial, pedagógico o literario. ¿Pruebas de esta teoría? Ninguna. El neomarxismo del género, al igual que el "socialismo científico", no necesita de ninguna contrastación empírica, porque ya se sabe que la labor de los intelectuales no es tanto conocer el mundo como cambiarlo; según sus propias elucubraciones, claro.

Para mí lo realmente preocupante (aunque no sorprendente, a estas alturas) es que la ideología de género constituya la ideología por defecto de la administración, sea cual sea el gobierno. El feminismo radical (junto con el socialdemocratismo y el ecologismo "climático") ha adquirido una posición de pensamiento único que supera incluso a la hegemonía detentada por el nacionalismo en Cataluña y el País Vasco. Al menos, en estas comunidades hay partidos y asociaciones civiles que logran ejercer una admirable, aunque no fácil, disidencia. Pero contra las falacias como "la brecha de género" o los "derechos sociales" (que sólo sirven para justificar más intervencionismo e impuestos, y lo que todavía es peor, para desviar la atención de los problemas auténticamente graves, como los cien mil abortos al año, el invierno demográfico y el yijadismo) sólo una pequeñísima minoría, sistemáticamente silenciada, alza la voz.

domingo, 19 de abril de 2015

Un breve réplica a la réplica de Juan Ramón Rallo

Juan Ramón Rallo, en su artículo Liberalismo contra conservadurismo: réplica a Pío Moa y Carlos López, ha expresado ciertas críticas a mi anterior entrada, críticas que por supuesto agradezco, aunque no me hayan convencido. Creo que mi artículo es lo suficientemente claro, así que no voy a entrar en una discusión pormenorizada de todas las afirmaciones de Rallo que a mi entender son erróneas, o desfiguran mis argumentos, máxime cuando él mismo ha renunciado a seguir contestando a las contrarréplicas. (¡No se lo echaré en cara si luego se desdice y sigue debatiendo!) Pero sí comentaré un párrafo que considero crucial, y que me permite aclarar mejor mi idea fundamental. Es el siguiente:

"No creo que nadie razonable y que acepte la igualdad moral entre las personas defienda la necesidad de imponerle por la fuerza unas creencias religiosas determinadas a otras personas sin creencias religiosas o con unas creencias religiosas diferentes. Por tanto, fundamentar el derecho humano en la religión es controvertido: no porque el derecho no pueda fundamentarse en la religión, sino porque no debe fundamentarse sólo en la religión (la justicia ha de ser objeto de lo que Rawls llamaba un “consenso entrecruzado amplio”, defendible desde concepciones filosóficas muy heterogéneas)."

En mi artículo, yo sostenía que tan fundamentalista me parece quien afirma que la vida es sagrada (como argumento básico contra la eutanasia) como quien afirma que no lo es, o pretende que vivamos como si no lo fuera. La réplica de Rallo es que quien quiere prohibir la eutanasia impone sus creencias incluso a quien no las comparte, mientras que quien desea legalizarla, no las impone a los demás.

Lo que yo sostengo es que el segundo... también las impone, incluso en una legislación exquisita con el derecho de objeción de conciencia (cosa que no siempre se cumple). Y me las impone, porque yo no afirmo simplemente que no quiero practicar una eutanasia o un aborto, sino que no debo mantenerme indiferente ante esas prácticas. Esto justifica desde el activismo político pacífico (por ejemplo, manifestándome frente a clínicas abortistas) hasta votar a partidos que en su programa incluyan la prohibición de la eutanasia y el aborto.

La contrarréplica a lo anterior de los "liberales integrales" como Rallo es que entonces debo estar dispuesto a admitir que otras concepciones morales extravagantes me puedan ser impuestas a mí. Y mi respuesta es que, en efecto, no lo puedo evitar. Lo que yo niego precisamente es que exista el "consenso entrecruzado amplio" rawlsiano. No hay un terreno común en el que podamos ponernos de acuerdo todos. Sí hay terrenos preferibles a otros (por ejemplo, yo prefiero la actual democracia liberal a cualquier otro sistema), pero eso no significa que se haya logrado que nos pongamos de acuerdo todos en todos los temas esenciales. Al menos, es evidente que esto no ha sucedido nunca.

Tal situación no significa que no sea posible el diálogo entre las distintas concepciones. Hay ciertos principios (verdaderos o falsos) que no son formalmente demostrables, y ante los cuales no existe neutralidad posible. Pero existe un amplísimo campo de debate sobre las consecuencias de estos principios, que permite mostrar posibles incoherencias o incluso iluminarlos hasta el punto de que algunas personas reconsideren si desean seguir manteniéndolos. (Yo mismo abandoné mi agnosticismo, no por una experiencia religiosa desencadenante, sino por un proceso en principio intelectual.)

Así por ejemplo, Rallo afirma que yo incurro en incoherencia cuando me opongo a la legalización de la eutanasia, pero no del suicidio o incluso de conductas de riesgo, basándome en el carácter sacro de la vida. Esto sería cierto si yo sólo sostuviera este principio. Pero en mi opinión, tanto la vida como la libertad son condiciones sine qua non para alcanzar los fines propios de la criatura humana, por lo que no creo pecar de incoherencia. En cambio, Rallo sí parece creer en un solo principio (la libertad) pues, si no le malentiendo, considera valiosa la vida sólo porque permite realizar proyectos vitales elegidos libremente, y no en sí misma. Sospecho que esta concepción tiene su origen en un cierto nominalismo antiesencialista; pero aquí lo dejaremos, por ahora.

sábado, 18 de abril de 2015

Liberalismo Único

A propósito de los recurrentes debates sobre la legalización de la prostitución y de las drogas, el profesor Juan Ramón Rallo ha publicado un breve artículo titulado "Lo que también es el liberalismo", en el cual defiende que esta doctrina va más allá de la defensa de las libertades económicas, principio con el cual estoy absolutamente de acuerdo. Mi discrepancia con el autor empieza cuando desciende a algunas cuestiones concretas, o con su forma de argumentarlas.

Me resulta cada vez más tediosa la discusión sobre lo que sea o no sea el liberalismo. Daré de momento por buena la afirmación de Rallo de que el liberalismo mayoritario es el que él defiende, aunque no aluda a la encuesta en la que se basa, y aunque podamos discutir que el diccionario sea una cuestión de mayorías. Puesto que él se cuenta entre los que llama "liberales integrales" (lib-in, en adelante) me limitaré a razonar por qué yo declinaría ingresar en semejante club.

Adelanto aquello en lo que estoy de acuerdo con Rallo: libertad de inmigración, de prostitución [1] y de consumo de drogas, con las regulaciones de sentido común que el mismo autor admite. En cambio, me opongo a legalizar la eutanasia, el tráfico de drogas y los úteros de alquiler.

Sólo una observación sobre la argumentación a favor de la libertad de inmigración. Sostiene Juan Ramón Rallo que las fronteras políticas son "arbitrarias". Si quiere decir que podrían haber sido otras, ello es evidente. Pero no es menos cierto que las fronteras de un país como España tienen un origen histórico-cultural que sólo desde una posición adanista se puede desdeñar. Lo comento porque creo que ahí reside un defecto clave del liberalismo tal como lo entienden los lib-in: la idea de que sólo lo que encaja en mi sencillo esquema lógico de las cosas es lo "racional", mientras que las razones más complejas, que acostumbran a sedimentarse en la tradición y la costumbre, pueden ser relegadas a la categoría de prejuicios atávicos, que merecen ser abolidos de un plumazo por el legislador -cosa que a menudo este hace sin consultar a la sociedad.

Vayamos a las discrepancias más graves. Nuestro lib-in defiende que cada cual pueda escoger el momento y las condiciones de su muerte. Pero pasa por alto la cuestión esencial de este debate, aquello que distingue a la eutanasia del mero suicidio, es decir, si es legítimo matar a otro con su consentimiento, o colaborar en el suicidio. Igualmente, está a favor no sólo de que uno pueda drogarse, sino de que pueda vender droga, lo que en muchos casos es una forma lenta de ayudar al prójimo a matarse, o por lo menos a autoinfligirse graves daños físicos y psíquicos [2].

La palabra mágica que permite a los lib-in resolver todos los problemas ético-políticos es consentimiento. También podemos hablar de la fórmula del "¿qué hay de malo en...?" Ahora bien, esta formulita, si de aplica con la coherencia que pregonan los lib-in, nos lleva a consecuencias sencillamente aberrantes. Por ejemplo: ¿Qué hay de malo en... que una madre venda a su hijo recién nacido? A fin de cuentas, la "maternidad subrogada" (siniestro eufemismo para tapar la realidad: el tráfico de bebés) es un contrato por el cual una mujer, a cambio de dinero, entrega un niño gestado por ella con gametos ajenos. Si esto es legítimo, ¿por qué no debería serlo que la mujer pactara previamente la venta de un niño concebido por otros medios, incluyendo el natural? Pero sigamos con las preguntas. ¿Qué hay de malo en el mercado de órganos procedentes de vendedores voluntarios? ¿Qué hay de malo en que alguien consienta libremente ser comido por un antropófago? (Ha habido algún caso, creo recordar que el más reciente en Alemania.) ¿Qué hay de malo en que yo acepte por un acto libre convertirme en siervo o esclavo de otro? ¿Qué habría de malo en la pedofilia, desde el punto de vista de una sociedad (aleccionada por los consabidos "expertos", educadores "con perspectiva de género" y activistas de un futuro no lejano) que hubiera llegado a la conclusión de que la práctica del sexo con adultos carece de efectos perjudiciales para los niños, al igual que una parte de ella ya ha llegado a la conclusión de que el aborto o el "matrimonio" gay son "derechos"?

Estas preguntas repelen por sí solas a cualquiera que crea que matar enfermos terminales es malo, ayudar a alguien a suicidarse es malo, traficar con seres humanos es malo... O más precisamente, que todas estas conductas son malas objetivamente, y lo que es también esencial, dañan no a uno mismo (como hace el consumidor de droga, o la persona que se prostituye, o la que se suicida sin ayuda), sino a terceros.

El lib-in, o bien no cree que exista un mal objetivo (es decir, independiente del consentimiento de quien lo sufre) o bien es agnóstico, es decir, no cree que pueda legislarse partiendo de otra base que del mal subjetivo. Piensa que incluso aunque creyera (por una suerte de intuición o por motivos religiosos) que alquilar un útero o matar a un enfermo terminal es malo en cualquier caso, su coherencia liberal le llevaría a ser partidario de la legalización de estas conductas. Pero me atrevo a ponerlo en duda. Sostengo que los lib-in lo son porque creen que esas prácticas no son en sí mismas malas, o al menos no encuentran una razón para afirmar que lo son, como en cambio sí suelen creer (menos mal) que es un abuso repugnante que los menores de cierta edad tengan sexo con adultos. Al menos hasta que -lo repito- una campaña lo suficientemente persistente no acabe convenciendo de lo contrario a una parte considerable de la población.

O bien el mal es algo objetivo, o bien no lo es. Decir que una sociedad civilizada debe regirse por la segunda tesis, o al menos proceder como si fuera cierta, porque la primera no puede demostrarse, es una actitud de tipo fundamental. Tan fundamentalista es quien cree que la eutanasia debe prohibirse porque la vida humana es sagrada, como quien cree que no lo es, o que en caso de duda debemos actuar como si no lo fuera (¿y por qué no al revés?), dejando la cuestión en un plano meramente contractual y consensual. No hay un liberalismo puro, descontaminado de concepciones metafísicas y morales radicales (de raíz), sino que cada cual tiene las suyas. Y por cierto, digámoslo claramente de una vez: el agnosticismo no existe, o es muy raro; generalmente es sólo una palabra que significa: "me niego a (o me aburre) discutir mis actitudes fundamentales." Así que sigue siendo necesario, por no decir irremediable, distinguir entre liberal-conservadores y liberal-progresistas. Aunque me temo que algunos querrían un Liberalismo Único, mucho más en armonía con el Pensamiento Único hegemónico.

[1] Otra cosa es que yo entienda que volvamos una y otra vez a un debate trucado de origen, porque, que yo sepa, en España nadie va a la cárcel por prostituirse. Si lo único que queremos es que las putas coticen a la Seguridad Social, pues sinceramente, a mí como liberal (aunque sea no "integral") el asunto me repatea bastante, porque soy partidario de que no haya cotizaciones obligatorias para nadie.

[2] Antes de que me repliquen con la apelación de rigor a la ley seca de los Estados Unidos en los años veinte: sí, sabemos que también el alcohol tiene efectos nocivos para la salud de algunas personas y no por ello debe prohibirse. Pero la cuestión es si el ejemplo es verdaderamente extrapolable o no, es decir, si bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza son tan peligrosas como ciertas sustancias derivadas de la síntesis de la morfina o la cocaína. Una de las tesis de los partidarios de la legalización es que los males para la salud de las drogas duras proceden únicamente, o principalmente, de la prohibición (con las secuelas propias del mercado negro, como adulteración, falta de información e indefensión del consumidor, etc.), pero esto es sumamente discutible, aunque no hay espacio para tratarlo aquí.