Diez preguntas esenciales

He discutido ya en el post del viernes los pros y los contras del diagrama ideológico de Advocates for Self-Government. Como recordarán, el diagrama muestra gráficamente la puntuación obtenida al responder una serie de diez cuestiones. En esta entrada, trato de razonar mis propias respuestas.


LIBERTADES PERSONALES

• El gobierno no debe censurar discursos, prensa, medios o Internet.
  

De acuerdo. Aunque la respuesta pueda parecer obvia para la mayoría, existen algunos casos-límite polémicos. Quizás el más significativo sea el de las leyes contra el revisionismo en relación con el Holocausto. Muchas personas profundamente liberales creen que en este caso debe hacerse una excepción. Yo no lo veo así. Aunque es cierto que la literatura revisionista carece del menor rigor científico, prohibir su difusión es un error, por dos motivos. Primero, porque es contraproducente. Los defensores de esas paparruchas pueden alardear de que sus "verdades" son tan incómodas que se les somete a censura, y así posiblemente consiguen despertar mayor curiosidad que si estuvieran expuestas al público escrutinio. Pero sobre todo, el problema de este tipo de leyes especiales es que sientan peligrosos precedentes. ¿Quién no nos asegura que mañana no se intentarán censurar opiniones discrepantes con, por ejemplo, el calentamiento global o con la guerra civil? Aunque parezca una boutade, propuestas que apuntan en esa dirección no han faltado.

Luego está el tema del supuesto derecho a la privacidad, las leyes contra la difamación y la calumnia, etc. Para resumir, diré que en esto estoy totalmente de acuerdo con Rothbard, en el sentido de que no existen tales "derechos", que permiten una discrecionalidad prácticamente ilimitada al Estado y los jueces para restringir la libertad de expresión.

• El servicio militar debe ser voluntario.
  

De acuerdo. No está de más recordar que en sus tiempos, el socialista Narcís Serra, cuando era ministro de Defensa, decía que la "mili" obligatoria era una "conquista de la revolución francesa". Y que todavía hoy, no faltan los progres que afirman que un ejército profesional es socialmente injusto, porque se alistan a él sólo los más pobres. Es decir, los seudoprogresistas están dispuestos a vedarles una profesión retribuida a mucha gente socialmente humilde, con tal de fastidiar a la clase media obligándola a enviar a sus hijos al servicio militar (no a "los ricos", que éstos siempre han disfrutado de medios para escapar al reclutamiento o elegir los destinos más privilegiados). El resultado es que los humildes y no tan humildes acaban haciendo la "mili" a la fuerza, y además sin cobrar (a mí me pagaban mil pelas al mes cuando la hice, en el 88). Así es siempre la "ayuda" de los socialistas a los más desfavorecidos.

• No deben existir leyes sobre sexo consentido entre adultos.

De acuerdo. Hay que señalar que desde la izquierda se suele interpretar esta frase de tal manera, que acaban invirtiendo su sentido, hasta el extremo que el Estado se empeña en intervenir en la educación sexual y las costumbres de la gente. Un ejemplo es la polémica sobre el llamado matrimonio homosexual. Uno puede estar a favor de que cada cual tenga relaciones sexuales y de convivencia con quien quiera, incluidas personas de su mismo sexo, y al mismo tiempo estar en contra de que las uniones entre parejas homosexuales sean equiparadas al matrimonio. Se me ocurren varias razones para ello, pero la principal, y que las resume todas, es que ningún gobierno puede unilateralmente atribuirse la prerrogativa de cambiar leyes y costumbres fundamentales, sin invalidar gravemente cualquier objeción a que su poder sea ilimitado. Y, repito, eso no tiene nada que ver con la libertad sexual de nadie.

• Son rechazables las leyes que prohíben a los adultos la posesión y el uso de drogas.

Mi respuesta es que depende. Si por uso de drogas entendemos sólamente el consumo, estaría de acuerdo. Yo soy libre de hacer con mi propio organismo lo que quiera, y el Estado no es nadie para decirme lo que puedo beber, comer, fumar, esnifar o inyectarme. Es mi problema. Hasta aquí estamos de acuerdo la mayoría de liberales. Pero un tema muy distinto me parece el comercio con determinadas sustancias. Soy libre de jugar con mi salud si quiero, pero no me parece que me asista ningún derecho a vender a un tercero un producto que sabemos que es intrínsecamente peligroso, y sobre cuyo uso no podemos llamarnos a engaño. Soy partidario, por ejemplo, de la libertad de armas, pero ¿de verdad alguien cree que no debe existir límite alguno al tipo de armamento o explosivos al alcance del público? No me parecería aceptable que cualquiera pudiera adquirir explosivos de gran potencia, o armas bacteriológicas o químicas.

• No debe existir un documento nacional de identidad.

De acuerdo. Se trata de un debate ya antiguo en Estados Unidos, donde no existe algo así como nuestro DNI, aunque no han faltado partidarios de crearlo, ya sea a partir del número de la seguridad social o de los permisos de conducción de los distintos estados, hasta ahora parece que sin éxito. Yo desde luego, estoy totalmente en contra del DNI, y no digamos ya de que periódicamente el Estado me obligue a perder varias horas de mi tiempo para renovarlo en una comisaria policial. Los argumentos favorables basados en una vaga idea de la seguridad, me parecen claramente hipócritas, máxime en un país como el nuestro donde asesinos, violadores y pedófilos están mucho más tiempo en la calle que en la cárcel -eso sí, con su documentación en regla.


LIBERTADES ECONÓMICAS

• Fin del "corporate welfare". No deben permitirse tratos de favor a las empresas.

De acuerdo. Desde el momento que defendemos el derecho de las empresas a lucrarse honradamente y a disponer de sus beneficios como crean más conveniente, no tendría sentido que las pérdidas las pudieran repartir entre todos, aprovechándose de la coacción estatal. Los argumentos en favor de ayudar a grandes empresas cuando atraviesan dificultades, so pretexto de mantener los puestos de trabajo, lo único que hacen es favorecer la ineficiencia de determinados agentes productivos, a costa de todos los demás. En un mercado libre, la constante creación de empresas se basta para suministrar los puestos de trabajo que se pierden en la destrucción también constante de otras.

En cuanto a si debieran existir "mecanismos" (como dicen los políticos) para ayudar a los trabajadores en el momento de transición entre la pérdida de un empleo y la obtención de otro, no veo por qué no podrían ejercer esa función seguros privados voluntarios. El argumento de que no todo el mundo podría acceder a ellos es falaz, porque las actuales prestaciones públicas las costeamos igualmente todos: Directamente, vía impuestos, e indirectamente, vía pérdida del poder adquisitivo que implica desincentivar la inversión, por culpa de la carga que supone para la economía el sector público.

Alguien dijo una vez algo así como que "talamos los bosques para construir manicomios donde encerrar a la gente que se ha vuelto loca por no poder contemplar los bosques". También podía haber dicho que dificultamos la creación de empresas con impuestos, para poder mantener a la gente que no encuentra trabajo porque no se crean suficientes empresas.

• Fin de las barreras al libre comercio internacional.

De acuerdo. Los argumentos en contra basados en que la libertad de comercio nos obliga a competir con los salarios más bajos de otros países son una variante de la falacia de siempre, que consiste en esencia en ver sólo el corto plazo de los fenómenos económicos. Si los consumidores pueden obtener algunos productos más baratos del exterior, todos se benefician, porque disponen de mayor poder adquisitivo para comprar otra clase de productos en su propio país, lo cual favorece la creación de puestos de trabajo en nuevos sectores más competitivos. Es un error derramar lágrimas por la pérdida de sectores tan ineficientes que no pueden competir con los de países generalmente más pobres. Es más, al permitir el comercio a dichos países, estamos contribuyendo a que incrementen su nivel de vida, y puedan convertirse a medio o largo plazo en potenciales mercados de nuestros productos.

• La gente debe tener control sobre su propia jubilación: privatización de la Seguridad Social, y
• Deben reemplazarse las prestaciones públicas con la caridad privada.

De acuerdo con ambas propuestas. En realidad, mis argumentos ya los he adelantado cuando discutía el tema de las prestaciones de desempleo, y creo que se pueden generalizar a toda clase de gasto público destinado a ayudar a los más desfavorecidos. No se trata de abandonar a nadie a su suerte, sino de evitar crear una clase de parásitos dependientes del presupuesto, y al mismo tiempo favorecer todo lo posible la prosperidad general para que la iniciativa privada, a través de instituciones caritativas y filantrópicas, pueda ocuparse de los menos afortunados. Y sobre todo, no olvidemos que la mejor política social que existe es la creación de empleo. No talemos tantos bosques, y no necesitaremos emplear su madera en construir tantos manicomios.

• Recortar los impuestos y el gasto social en un 50 % o más.

Quien haya tenido la paciencia de leer hasta aquí, ya se imaginará mi respuesta favorable. ¿Cuánto deberían recortarse los impuestos? Soy partidario de todo lo posible, pero reconozco que eso no es decir mucho: ¿Cuánto es posible? Los anarcocapitalistas defienden la supresión total de los impuestos, y por tanto del Estado, privatizando la justicia, la policía y el ejército. No lo veo factible, pero de eso ya he hablado en otras ocasiones.


ANEXO

Para los aficionados a las matemáticas, puede ser interesante anotar que existen más de 59.000 combinaciones* de respuestas posibles al cuestionario del World's Smallest Political Quiz, exactamente:
Por supuesto, la gran mayoría de estas combinaciones son en la práctica muy improbables. La persona poco permisiva en materia sexual, difícilmente lo será con el consumo de drogas, y quien vea con buenos ojos la privatización de la seguridad social, previsiblemente también querrá reducir drásticamente los impuestos y el gasto público. Pero el test no pretende distinguir entre todas estas variantes, sólo tiene en cuenta el número de respuestas favorables, desfavorables o ambivalentes. De esta manera, el total de posiciones distinguibles en el diagrama se reduce a 11 x 11 = 121, lo cual tampoco está nada mal. De hecho, sobrepasan por completo el vocabulario político, por lo que todavía se hace necesaria una última simplificación, agrupándolas por proximidad en cinco grandes categorías: Liberal (libertarian), izquierda, centrista, derecha y estatista. Con todo, el hecho de que el diagrama permita la representación visual de más de un centenar de posiciones, aunque evidentemente no exista un término para cada una de ellas, me parece uno de sus mayores atractivos.
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* Hablando con propiedad, se trata de los emparejamientos posibles de variaciones con repetición de cada uno de los dos grupos de respuestas.