Vida, Libertad, Propiedad, Familia y Seguridad

Si yo me presentara a las elecciones, este sería mi programa de cinco puntos:

Vida

La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte.

El aborto debe ser considerado un delito. El aborto sólo podrá ser despenalizado en los casos en que la supervivencia de la madre esté en riesgo, el embrión o feto presente taras congénitas tan graves que su vida no pueda ser considerada digna de ser vivida, o que el embarazo sea el producto de una violación denunciada dentro de un plazo determinado. Bajo ningún concepto se podrá admitir el aborto por motivaciones como una depresión psicológica, la situación socioeconómica de la madre, o la detección de enfermedades del feto, como el Síndrome de Down, que no imposibiliten una futura existencia mínimamente digna. Las madres con dificultades de esta índole y todas en general deberán contar con el apoyo de la sociedad, en forma de una legislación que dé prioridad a la prevención del aborto por encima de su penalización, sin excluir ésta cuando sea necesaria, así como el bienestar de los niños, sean completamente sanos o no.

Se prohíbe la eutanasia activa, pero no la asistencia al suicido, siempre y cuando el suicida no pueda quitarse la vida sin colaboración previa, pero la consumación del suicidio la realice enteramente por sus propios medios y asimismo pueda interrumpirla sin ayuda.

Libertad

La libertad individual de toda persona, sea cual sea su sexo, raza, religión, ideología u orientación sexual debe ser escrupulosamente respetada y jamás podrá ser restringida, ni siquiera por voluntad popular expresada en las urnas. Sólo podrá ser limitada la libertad de un individuo por razones apremiantes de seguridad de otro individuo, de acuerdo a leyes generales y no retroactivas, enfocadas únicamente a proteger la vida y la libertad de las personas. Toda legislación existente que no cumpla estas condiciones, deberá ser derogada. La libertad individual incluye la libertad de expresión, de comercio, de circulación y de reunión, la propiedad privada y la libertad de educación, sin que esta enumeración excluya necesariamente otras.

Los padres podrán elegir la educación que desean para sus hijos, y la lengua en que se realice, con la única limitación de que no se impartan doctrinas contrarias a este mismo principio de Libertad. Se implantará un sistema de cheque escolar, que permita el acceso de todos los ciudadanos sin distinción a la educación básica, por razones de mérito hasta la educación superior. No existirán escuela ni medios de comunicación públicos, que implican favorecer una determinada orientación ideológica con los impuestos de todos los ciudadanos.

Propiedad

La propiedad privada va indisolublemente unida a la libertad y es inviolable, salvo con fines contributivos rigurosamente delimitados. Los impuestos tenderán siempre al mínimo posible para las necesidades públicas*. No podrán imponerse cargas fiscales destinadas a subvencionar a determinados individuos o grupos, salvo aquellas personas que por limitaciones físicas o mentales no puedan valerse por sí mismas. No habrá cortapisas a la libertad de comercio, trabajo o industria, salvo para garantizar la salud de los individuos, en aquellos casos en que ésta se vea gravemente amenazada, como en los de comercio de estupefacientes, explosivos y pornografía infantil, o la salubridad de zonas residenciales.

Familia

La familia será considerada como la unión entre una mujer y un hombre, cuyas dos características fundamentales son: Primera, constuituir el medio óptimo para la crianza de los niños. Segunda, la igualdad total de derechos entre los dos sexos que la componen. La familia con hijos, incluido el caso en el que sólo esté compuesta por uno de los progenitores y los hijos, será protegida por la legislación, mediante incentivos fiscales directos a los padres, e indirectos a las empresas en las que trabajen, y acceso privilegiado a servicios y cargos públicos.

Se toleran y respetan las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero se priorizará siempre la adopción de niños por familias heterosexuales, o monoparentales femeninas.

Los modelos de familia, en sentido antropológico, en los cuales la mujer esté sometida al hombre por razones religiosas, culturales o cualesquiera otras, y más concretamente, las hijas no puedan decidir emanciparse en igualdad de condiciones que los hijos varones, y se practiquen matrimonios concertados, no serán consideradas familias a efectos jurídicos.

Seguridad

El objetivo prioritario de las leyes penales es proteger a los individuos del delito, y sólo secundariamente se contempla la reinserción del delincuente. Se admite la cadena perpetua para los delitos más graves contra la vida.

La justicia debe ser independiente del poder ejecutivo y legislativo, y dotarse de los medios humanos y materiales necesarios para que la prisión preventiva se aplique sistemáticamente en todos los delitos graves y los juicios se celebren a la mayor brevedad posible. La reincidencia continuada en delitos leves tendrá carácter de delito grave.

Podrá limitarse la inmigración extranjera por razones económicas o de seguridad.

El Estado debe mantener un sistema defensivo adecuado a sus circunstancias geoestratégicas, basado en un ejército profesional. Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad serán de nacionalidad española, y se excluirá a los de religión musulmana u otros credos u organizaciones que la experiencia nos muestre como incompatibles con estos principios.

*Soy perfectamente consciente de que esto abre la puerta a todos los viejos abusos del Estado. No conozco solución a este problema. El anarco-capitalismo sacrifica el realismo en aras de la coherencia, lo cual nos ayuda a plantear el problema en toda su pureza, pero no a resolverlo.

¿Por qué no caparlos?

El gobierno autonómico catalán ha planteado de nuevo el debate sobre la castración química para los violadores. El problema evidente de esta medida es que no existe ninguna garantía de que un violador siga observando el tratamiento hormonal fuera de la cárcel. Sin embargo, la abogada y psicóloga María José Varela (en la foto) no la ha criticado por esto, sino porque asegura que el deseo sexual no es lo que principalmente mueve a los violadores, sino "la voluntad de humillar a una mujer". Es decir, rechaza el factor de tipo biológico, para así poder culpar exclusivamente a la cultura y la sociedad "machistas". Esto ilustra a la perfección lo que intenté explicar en una entrada anterior.

No pretendo, naturalmente, negar la competencia y la brillante labor de María José Varela en defensa de las víctimas de agresiones sexuales y de violencia doméstica. Pero sus palabras no dejan de contener un prejuicio ideológico que a la larga no va a ayudar a esas víctimas. Si se descarta la castración (química o, mejor aún, quirúrgica), si se descarta la cadena perpetua (pues choca con el sacrosanto concepto de la reeducación, cuyo origen se encuentra, precisamente, en la idea de que el origen del delito es sociocultural, no genético), descartada cualquier recomendación preventiva que pueda interpretarse como una limitación de la libertad femenina ¿qué es lo que queda? ¿Educación sexual a edades cada vez más precoces -como propone al parecer Obama- para que los violadores sean también más precoces?

Mientras los violadores y maltratadores sean considerados un mero producto de la "cultura machista", los psicólogos, juristas y políticos no estarán defendiendo con eficacia a las mujeres. Pero, claro, así ellas continuarán creyendo necesitar a los progres justicieros.

Seguridad ciudadana. Un ejercicio de oposición

Según la vicepresidenta del gobierno y ex jueza, Fernández de la Vega, casos como el de Mari Luz, la pequeña asesinada por un pederasta en libertad debido a un error judicial, constituyen fallos “excepcionales” del sistema, el cual está dotado de los ”mecanismos suficientes” para evitarlos.

Mentira cochina. Estamos hartos de fallos excepcionales, de asesinatos y violaciones cometidos por peligrosos delincuentes durante un permiso penitenciario, o tras estancias carcelarias de duración irrisoria. Esto no se resuelve endureciendo las penas, como propone la oposición pasteurizada. ¿Para qué, si luego no se hacen efectivas? Lo que falla precisamente es el sistema, el establishment de unos jueces, políticos y periodistas que mientras no maten a sus propios hijos anteponen la ideología a la decencia más elemental.

Esta colección de sinvergüenzas se aprovecha de unas leyes estúpidas hasta el paroxismo para imponer la interpretación que más favorece a los criminales. La legislación debe reformarse en profundidad para reducir al máximo esas posibilidades interpretativas, empezando por el artículo 25 de la Constitución, la fuente jurídica de toda esa basura marxistoide de la reeducación y la reinserción. Sí, lo sabemos, se necesitan dos tercios de las cámaras para poder llevar a cabo esta reforma constitucional, es decir, el acuerdo de los dos grandes partidos. Pero sólo con que uno de ellos se atreva a proponerlo, el otro no tendrá más remedio que secundarle, si no quiere verse retratado como el defensor de los delincuentes.

¿Por qué no aparece ese político que se atreva a plantear sin tapujos un remedio tan evidente, que sin duda cosecharía un gran apoyo popular? Quizás tenga miedo de que el sábado por la noche le monten en Tele5 un programa lacrimógeno sobre presos modélicos cuyas esperanzas de reinserción se verán truncadas por la derecha represora. (Hace unas semanas, por cierto, perpetraron uno sobre la eutanasia. En lugar de debatir abiertamente sobre “eutanasía sí o no”, el tema vino a plantearse más o menos como “sufrimientos inhumanos de enfermos terminales sí o no”. ¿Manipulación burda y descarada? No, qué va. Simplemente, orientan ligeramente al espectador. A favor del PSOE, claro está.)

Y sin embargo, con una mínima habilidad, una campaña en contra de los medios de comunicación puede convertise en la propaganda más útil, al privar a la izquierda de la posibilidad de apropiarse una idea que ella mismo ha estigmatizado. A ver si se enteran los señores de la oposición, de que la clave no está en presentar las propuestas quince días antes de las elecciones, sino en machacar con ellas durante toda una legislatura, para que hasta el más indocumentado acabe asimilando ciertas nociones básicas, y no forje su opinión con un programa emitido por el lobby televisivo catalán setenta y dos horas antes. O se deje influir por un atentado programado para el jueves o el viernes. Y si la izquierda quiere morder el anzuelo de condenar como facha una propuesta que, sólo con divulgarla con tiempo suficiente, atraería ingentes apoyos, que lo haga.

Increíblemente

Han sido muchos los californianos que han salvado sus propiedades gracias a servicios de bomberos privados. Esto ha sido motivo para que el corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos, José Ángel Abad, haya remitido ayer una de sus inefables crónicas sobre la depravada cultura capitalista americana, en la que "sólo quien pueda pagarlo" recibirá protección contra el fuego. Al parecer es mejor sistema que también la parte de la población a la que no afecta el riesgo de incendios forestales costee la protección de la otra parte, que por añadidura no ha demostrado su eficacia en ningún sitio.

Recordemos que los incendios de California han causado hasta ahora 12 víctimas mortales y decenas de heridos, han obligado a evacuar a medio millón de personas, destruido 2.000 viviendas y provocado pérdidas de cientos de millones de dólares. Pues bien, el jueves, nuestro cronista nos relataba el hecho de que "increíblemente", la policía había abatido a tiros a un pirómano sorpendido in fraganti. ¿Por qué "increíblemente"? Pues imagino que es porque si esto hubiera ocurrido en España, el pirómano habría sido llevado ante el juez, el cual lo hubiera puesto en libertad con la prohibición de entrar en salas de cines donde se proyecten "Los 4 Fantásticos" (por la Antorcha Humana, claro). Los norteamericanos no, ellos carecen de sensibilidad con esas víctimas de la sociedad que son los delincuentes.

Qué contento estoy de ser europeo, de que puedan asaltarme en mi propia casa bandas organizadas de ex-militares balcánicos y el Estado me ahorre la enojosa responsabilidad de poderme defender yo mismo con las armas en la mano. De que pueda ver cómo las llamas devoran mi vivienda sin experimentar arrepentimiento por no haber contratado un servicio de extinción de incendios dentro de mi póliza de seguros: como aquí eso no existe, me puedo abandonar a la dulce sensación de la resignación. La misma con la que pagamos muchos más impuestos que esos estúpidos cow-boys de las crónicas de José Ángel.

El último recurso

Cuando la autoridad en quien la sociedad ha delegado la defensa de la vida y la propiedad hace dejación de sus funciones, es legítimo responder a los ataques directamente. “Esto nos llevaría a la ley de la selva”, replican los eternos apologistas de la sumisión al poder. A esto contestó a su vez John Locke hace más de tres siglos con irrebatible sensatez. Él se refería al caso en que los magistrados ejercen violencia sobre el pueblo abusando de su autoridad, pero el argumento se aplica exactamente igual cuando esa violencia es ejercida por delincuentes con la pasividad, que equivale a protección, del poder:

“Quienes dicen –afirma Locke- que esta doctrina está sembrando la semilla de la rebelión... podrían agregar también... que los hombres honestos no pueden oponerse a los ladrones y piratas, porque esto puede dar ocasión a desorden y derramamiento de sangre. Mas si alguna desgracia tiene lugar en casos así, no será por culpa de quien está defendiendo su derecho, sino de quien está violando el de su prójimo. Si un hombre inocente y honesto está obligado a no abrir la boca y a abandonar todo lo que tiene, simplemente para no romper la paz, y tiene que ceder ante quien pone violentamente las manos sobre él, yo pediría que se considerase qué clase de paz habría en este mundo: una paz que consistiría en la violencia y la rapiña, y que habría de mantenerse para beneficio exclusivo de ladrones y opresores. ¿A quién no le parecería una paz admirable entre el poderoso y el débil el espectáculo de ver a un cordero ofrecer sin resistencia su garganta para que ésta fuese destrozada por el fiero lobo?” (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 228, Ed. Tecnos)

Hasta ahora, las víctimas del terrorismo han venido confiando en la justicia y el aparato policial. Esta confianza ha sido gravemente quebrantada por el ejecutivo de Zapatero, por mucho que la coyuntura electoral les lleve a maquillar su política de pactar con ETA. No debería sorprendernos que la sociedad acabe recurriendo a la autodefensa frente a una organización criminal contra la cual no encuentra adecuada protección del Estado. A diferencia de la guerra sucia promovida desde anteriores gobiernos socialistas, y lejos de alimentar la propaganda de los asesinos, una iniciativa defensiva de carácter civil podría conseguir al menos poner freno a la insufrible chulería de los criminales y sus cómplices políticos, sin que al mismo tiempo pudieran jugar la baza propagandística del victimismo frente al “Estado represor”. Lo que sorprende más bien es que las víctimas hayan tenido tanta paciencia hasta el día de hoy. ¿No les gusta tanto a los etarras comparar El País Vasco con Irlanda? Pues juguemos a ser Irlanda.

Si es ilegal plantear esto, que empiece la fiscalía por ordenar el secuestro de todos los ejemplares del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil.

Leyes seudoprogresistas

El artº 25.2 de la Constitución empieza así:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación (sic) y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Yo sustituiría esta frase por lo siguiente:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas,

1. A la protección de la sociedad y especialmente de las víctimas.
2. A la reinserción social del delincuente, siempre y cuando ésta sea posible

Hecha esta reforma, entonces se podría elaborar un código penal y una ley penitenciaria como Dios manda, para que no sucedieran cosas como las que estamos viendo.