Los que son favorables a la demolición argumentan que la ley está para cumplirse. La ley sentenciaba (al menos si debemos creer a sus intérpretes) que en aquellas ruinas no se podía construir un restaurante. Por tanto, no podemos aceptar la política de los hechos consumados y alegar, a fin de que no se ejecute la sentencia, que es una verdadera lástima derruir tan bellas instalaciones. El prestigio y la autoridad de la ley es un bien superior a cualquier perjuicio particular que pueda originar su riguroso cumplimiento. Dura lex, sed lex: Esto es lo que, en esencia, nos vienen a decir.
Análogo argumento emplean frente a la rumorología que durante años ha protagonizado la persona que denunció la concesión de la licencia, la procuradora Rosa Elías, la cual supuestamente habría actuado por motivaciones personales, relacionadas con el paso de su marido por el Ayuntamiento. Aunque así fuera, nos dicen, no afectaría en lo más mínimo a lo ya dicho. La ley es la ley, y las motivaciones psicológicas por las cuales alguien pueda emprender acciones judiciales son irrelevantes de cara a juzgar si tiene o no razón.
Desde luego, se trata de argumentos difíciles de objetar. Sólo cabe preguntarse si se puede considerar justa una decisión judicial que se materializa con casi veinte años de retraso. Pero curiosamente, algunos de los que hacen gala de tan exquisito formalismo jurídico, pretenden al mismo tiempo reforzar su posición mediante consideraciones de orden ideológico que son tan ajenas al derecho como las de tipo sentimental o psicológico que repudian. Porque hay quien no sólo saluda la ejecución de la sentencia de demolición como un triunfo de la legalidad, sino como un bien para la ciudad, al devolver al público un espacio privatizado irregularmente. Pero ¿no quedamos en que lo que debe decidir la justicia en todo caso es si hay transgresión de la ley, no si las consecuencias de un acto son supuestamente deseables o no?
Pues ya que se empeñan en sacar el tema, abordémoslo. ¿Tenemos motivos para la alegría los tarraconenses, porque hayamos perdido un establecimiento privado de innegable categoría, a cambio de recuperar para uso público unas ruinas junto al mar? En mi opinión, claramente no. Para empezar, la expresión "uso público" es ya en sí misma tendenciosa. En realidad deberíamos decir que esos terrenos pertenecen a la administración. Es decir, que los ciudadanos de Tarragona no decidiremos lo que queremos hacer con ellos, sino que unos políticos o funcionarios decidirán por nosotros qué nos conviene en relación al uso de ese espacio. Lo más probable es que nos digan que al devolver el recinto a su apariencia anterior, la ciudad recupera un valor "cultural". Pero la palabra cultura funciona también aquí como un verdadero fetiche. Sería absurdo que toda construcción humana tuviera que conservarse inalterada, independientemente de su calidad artística. Es más que dudoso que este fortín del siglo XVIII pertenezca a la categoría de las obras de arte del periodo que merezcan siquiera mención.
Hasta ahora, mucha gente de Tarragona y de fuera de Tarragona habíamos podido disfrutar de una buena gastronomía y un excelente servicio en un entorno difícil de olvidar. El Fortí representaba un elemento más de atracción y prestigio que beneficiaba objetivamente a la ciudad. Esto ya se ha acabado. Los adictos a la demagogia barata dirán que a cambio ahora todo el mundo, sea cual sea su nivel de renta, podrá disfrutar de... ¿de qué? ¿De deambular entre unos muros medio derruidos? ¿Es mejor la miseria repartida equitativamente que la riqueza, aunque el acceso a ella sea desigual? Para mí, insisto, es evidente que no. Sin el restaurante El Fortí de la Reina, Tarragona es un poco más pobre. Un poco más socialista.
Por supuesto, si en su momento, cuando se concedió la licencia, las cosas se hubieran hecho bien, modificando antes la legislación urbanística, El Fortí podría seguir existiendo, y además ser legal. Pero gobernaba la ciudad el alcalde Recasens. Socialista, por cierto.
