La sentencia del juzgado de 1ª instancia de Madrid que desestima íntegramente la demanda del comisario Sánchez Manzano contra el director del periódico El Mundo, varios de sus colaboradores y Federico Jiménez Losantos, no se limita a proteger la libertad de expresión e información. Esto era lo esperable, si partimos de la base de que, salvo en las instancias judiciales superiores, descaradamente politizadas, todavía queda en España alguna independecia judicial, al menos en comparación con Cuba o Marruecos.
El carácter decisivo de la sentencia de la juez Lledó estriba en que, de manera pormenorizada, establece que ninguno de los artículos que son objeto de la demanda "faltan a la verdad al narrar los presupuestos fácticos sobre los que los demandados aportan sus opiniones y juicios de valor".
Ahora podemos decir, pues, que algunas de las irregularidades más escandalosas de la investigación policial forman ya parte de esa "verdad judicial" que los voceros a jornada completa o parcial de la tesis oficial, los que se han venido cebando con las mayores hipérboles descalificatorias contra los "conspiranoicos" (neologismo que ya se utilizó contra quienes investigaron los crímenes del GAL), tienen siempre en la boca, y que ahora a lo mejor harían bien en comerse con patatas.
La verdad no es verdad porque la diga un juez, un científico o el Papa de Roma. La verdad es la verdad, la diga la juez Ana Cristina Lledó, o su taxista. (Y a la inversa, la mentira es la mentira, la diga un borracho acodado en la barra del bar o el presidente del Tribunal Constitucional.) Por supuesto, la verdad a veces permanece sin descubrir, y en el 11-M, aunque sabemos algunas cosas, y existen multitud de indicios clamorosos, realmente conocemos poquísimo de lo que en verdad sucedió tanto aquel aciago jueves de marzo de 2004 como los días previos y posteriores.
Pero tenemos perfecto derecho a especular y conjeturar, y esto es algo que la sentencia también ampara:
"Igualmente, opinar que el 11 M se engendró muy probablemente en el seno o al menos en el regazo del Estado..." (Doc 64 [palabras de Pedro J. Ramírez]) es hipótesis protegida por la libertad de expresión, aunque a algunos les pueda parecer sorprendente y disparatada y a otros, por el contrario, factible dado el antecedente del llamado caso Gal."
Pues nada, celosos protectores del sacrosanto honor del Estado, continuad con vuestra cruzada contra los conspiranoicos, para salvar a la derecha de la nefasta influencia de Pedro Jota y Jiménez Losantos. La justicia también os ampara, al menos la justicia con minúscula, porque la otra hay 193 asesinados y cerca de dos mil heridos que siguen esperándola.