Poder político y poder económico

Una de las tesis fundamentales del marxismo es que el poder político no es más que una emanación del poder económico. Para Marx y para su amigo y colaborador Friedrich Engels (un rico industrial, por cierto), la función del Estado se reduce en el fondo a la de un segurata de los propietarios de los medios de producción, frente a la clase obrera desposeída.

Marx justificó esta concepción de dos maneras: Primero con razonamientos económico-filosóficos (la teoría de la plusvalía y de la alienación) que se basan en la falaz argumentación de la suma cero: Para el socialismo, en un intercambio económico, si uno gana el otro necesariamente pierde. Es decir, el mercado libre sólo beneficia a los capitalistas, no a los trabajadores ni consumidores.

En segundo lugar, Marx adujo una serie de observaciones históricas sesgadas con la pretensión de mostrar que la concentración de los medios productivos durante la revolución industrial sólo podía explicarse por un proceso de "acumulación primitiva", por el cual las tierras comunales del Antiguo Régimen fueron privatizadas, forzando a buena parte de la población rural a convertirse en carne de cañón de las humeantes factorías de la alta burguesía.

Sin embargo, la experiencia y el razonamiento nos conducen a constatar que a los argumentos marxistas podemos y debemos darle la vuelta. En un libre intercambio entre dos agentes económicos (vendedor y comprador, empresario y trabajador) ambos salen ganando algo, porque, de lo contrario, al menos una de las partes no accedería a la transacción. Sólo cuando el intercambio no es verdaderamente libre, es decir, está basado en (o condicionado por) la coacción política (impuestos, expropiaciones, control de precios, establecimiento de monopolios, etc) sucede que alguien resulta expoliado.

Esta mañana se desarrollaba una interesante tertulia en esRadio. Mario Noya opinaba que en el pulso entre el grupo PRISA y el gobierno socialista, el gran error cometido por el primero estriba en olvidar que quien está en posesión del verdadero Poder (es decir, a fin de cuentas, quien dispone de la policía) es el Estado. Por mucha influencia que tenga un editorial de El País, no es nada comparado con quien manda en el Ministerio del Interior. Luis del Pino ha objetado que Cebrián todavía podría poner en marcha "el ventilador" para chantajear al gobierno del PSOE, lo que demostraría que el verdadero poder se encuentra en la información. Pero ¿de verdad podemos creer que algún grupo de comunicación puede competir con los servicios de información de ningún Estado? Si PRISA entrara en una guerra abierta de revelaciones, no debería sorprendernos que episodios similares a los que sufrieron conocidos periodistas durante las investigaciones de los GAL, se repitieran en versión aumentada.

Es difícil no percibir cierto paralelismo entre lo que está sucediendo en España y en Argentina, con los Kirchner asaltando con doscientos funcionarios de Hacienda la redacción de Clarín. Allí, claro, es más descarado, pero creo que nos dirigimos a pasos agigantados a una situación muy parecida. Bajo el pretexto de enfrentarse al "poder económico", los Estados no hacen más que reforzar el único y auténtico poder que existe, que es el de quien te puede mandar a la cárcel, sea por delitos imaginarios o por delitos reales que aguardaba el momento más conveniente para dejar de consentir.

La prueba de que la visión marxista de la relación entre política y economía es un cuento chino, es que las grandes fortunas han buscado siempre tanto la protección de la derecha como de la izquierda, sea por preferencias subjetivas, sea obedeciendo a cálculos más o menos acertados de qué partido prevalecerá, pero guiadas en todo caso por el instinto de supervivencia ante una fuerza que reconocen muy superior, y de la que puede depender la preservación de su patrimonio.

Contaba ayer el corresponsal Andy Robinson en La Vanguardia (ese "diario de centroizquierda comprado por la gente de centroderecha", según la incisiva definición de Josep Martí) que el golpe de Honduras responde a los intereses de apenas veinte familias que controlan la economía del país centroamericano, entre los que menciona a accionistas de Burger King y al presidente local de Pepsi. Cita como "pruebas" la opinión de una maestra de escuela, (de la que no nos informa sobre su filiación política o ideológica) y el hecho de que uno de estos ricachones ya había mostrado su disconformidad con medidas de Zelaya. Tampoco nos precisa a qué medidas se refería, es decir, no entra en la cuestión de si Zelaya estaba perpetrando un golpe más disimulado, pero potencialmente mucho más regresivo para la libertad, que el de Micheletti, en cuyo caso es irrelevante si quien lo denuncia es más o menos rico. Parece dar por sentado, en efecto, que oponerse a un gobernante "progresista" sólo puede responder a los intereses más turbios.

En cambio, no nos aclara cuáles pueden ser los intereses de "Nike y otras marcas" con maquiladoras en la región, ni los del "magnate local" Jaime Rosenthal, que se han puesto del lado de Zelaya. Parece ser que cuando los ricos apoyan a la izquierda populista, no debemos ver al "gran capital" moviendo los hilos. La izquierda, y eso incluye a los periodistas progres, sólo ve detestable el dinero cuando engrasa causas distintas de sus favoritas. Pero hay algo mucho más poderoso que el dinero: La pistola del gendarme que, al final, te obliga a entregárselo al dictador de turno, como las multinacionales españolas en Hispanoamérica han podido comprobar en más de una ocasión.