Meditación sobre Dios y política (y II)

Nuestra definición de Dios, por otra parte, presenta un paralelismo evidente con el Dios judeocristiano. Si formulamos en un lenguaje antropomórfico las ideas de la verdad y el bien objetivos, nos encontramos frente al Dios omnisciente y de bondad infinita de los creyentes. Incluso el Dios creador es una forma de expresar la capacidad de una inteligencia que por su dominio de las leyes de la naturaleza, podría haber sido su autor.

A pesar de sus críticas al Dios antropomórfico y finalista de la religión, Spinoza no renunció a llamar así a su Substancia infinita, que básicamente se corresponde con la definición aquí expuesta, si omitimos la falacia del argumento ontológico sobre la cual construye el filósofo hispanojudío su sistema.

No veo por qué tiene que ser descabellada la idea de una Inteligencia infinita, en el sentido de que su conocimiento fuera total, sin límites externos. Sin embargo, para la definición aquí expuesta de Dios, no es esencial que esa Inteligencia exista de hecho, sino sólo que sea factible, es decir, que el universo sea inteligible. Pero las formulaciones y ritualizaciones del monoteísmo judeocristiano, aunque arrastran una carga de elementos superfluos, contribuyen a transmitir la idea esencial de Dios a través de las generaciones, y por tanto a poner en aprietos a quienes por hacer valer sus arbitrariedades, desprecian toda concepción de objetividad. Por lo demás, en el ritual religioso, late una vieja experiencia en la canalización civilizada de las emociones humanas, que ciertas parodias laicas sólo reproducen con gran torpeza e ineficacia.


3. Las consecuencias del ateísmo

Por lo anteriormente expuesto, alguien podría preguntarse si existe el ateísmo en sentido estricto, es decir, si más allá de cuestionar la idea de un Dios antropomórfico (que nos ama, se preocupa por nosotros, etc) y no digamos ya la cohorte de santos y vírgenes del catolicismo, existe quien niegue la inteligibilidad del universo, y por tanto que haya verdades objetivas, trascendentes, acerca de todos los asuntos humanos.

Creo que el ateísmo consciente, como el que defendió Nietzsche (que efectivamente cuestionó la idea misma de verdad), es efectivamente raro. Sin embargo, en una forma muy irreflexiva, sí que se encuentra muy extendido. Muchos que desde principios supuestamente liberales proclaman el relativismo moral y la “neutralidad” del Estado en cuestiones morales, incurren en la confusión entre el plano epistemológico y el ontológico, es decir, actúan no como si fuera difícil conocer la verdad (que lo es), sino como si la verdad no existiera. Según ellos, los principios morales no son verdades objetivas a las cuales debemos intentar aproximarnos en lo posible, sino meras convenciones o reglas de juego que los seres humanos han inventado para convivir.

Hay en esta actitud una soberbia enorme. Consiste en decir: No es que nuestro entendimiento sea demasiado débil para conocer la verdad, es que la verdad no existe.

Debo aclarar que aquí uso el término moral en un sentido especial. En rigor, ningún conocimiento es prescriptivo, puede marcar los fines humanos. Sin embargo, sí puede indicarnos qué fines inmediatos nos permiten alcanzar los mediatos, es decir, nos proporciona los medios para alcanzar cualquier fin. Ahora bien, desde la perspectiva de la inteligencia infinita, existiría un único fin último, que es ella misma. Quiero decir, si pudiéramos acceder al conocimiento absoluto, no correríamos el riesgo de extraviarnos en multitud de fines inmediatos que nos desviarían del fin esencial que late en toda voluntad consciente. Interpretando muy libremente lo que decía Sartre, de que es lo mismo emborracharse a solas que conducir pueblos, podemos decir que en el fondo de su ser, todo ser humano aspira a lo mismo, aunque en su búsqueda se interne con frecuencia en callejones sin salida.

Sobre la naturaleza de ese fin último al que aspira, de manera más o menos oscura, todo ser consciente, hablaré en otra ocasión.

Ahora bien, si existe una verdad objetiva total pero no podemos conocerla de manera absoluta, ¿cómo podemos evitar en la práctica la actitud relativista, de que todo o casi todo es defendible, que nos conduce al reino de la arbitrariedad política y el despotismo? Si los derechos humanos, por ejemplo, dejan de tener un origen trascendente, como en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y se reducen a lo que decida una asamblea, perdemos toda garantía de que otra asamblea o la misma no los vacíe de significado promulgando leyes que entren en conflicto con ellos, y de hecho es lo que está sucediendo.

El liberalismo clásico siempre ha entendido la libertad en un sentido nada abstracto, que es el de estar libre de la arbitrariedad de un tercero, sea un delincuente o la autoridad. Nada en el liberalismo se opone a que las leyes (lo contrario de la arbitrariedad) se basen en principios morales trascendentes, es decir, en Dios tal como lo hemos definido aquí. La cuestión de cuáles son esos principios, es ajena al pensamiento liberal, pero no que existan y sean necesarios para que una sociedad libre sea viable.

Ahora bien, ¿quién debe determinar cuáles son esos principios? La respuesta de que cada individuo es libre para ello es eludir el problema, porque ignora la posibilidad real de que la disparidad de principios origine conflictos. Al final, surge la necesidad de un árbitro que naturalmente, arbitra, es decir, decide arbitrariamente qué principio prevalece, o bien se basa en algún principio más general que, a su vez alguien ha determinado antes, lo que nos devuelve al interrogante de partida.

En realidad, la pregunta está mal planteada, porque presupone que alguien tiene la potestad de determinar los principios morales. De hecho, toda sociedad se encuentra ya con unos códigos morales y políticos, que han evolucionado espontáneamente, de manera no consciente ni planificada. Por supuesto, tales códigos son por naturaleza imperfectos, pero podemos juzgarlos por sus resultados. Aquella civilización que ha alcanzado amplios grados de libertad y prosperidad haría bien en tratar con suma cuatela su legado normativo, en la medida que le ha permitido alcanzar esa situación envidiable.

Uno de los grandes peligros que amenazan a nuestra civilización es precisamente la actividad legislativa incesante. Se pretende justificar a menudo por la necesidad de adaptación a un mundo cambiante, pero si la esfera de la intervención del Estado no fuera mucho más amplia de lo conveniente para salvaguardar la libertad y la prosperidad, no serían necesarios esos continuos ajustes jurídicos (con sus implicaciones morales) que la impertinente hiperactividad política hacen inevitables.

El trabajo principal de las asambleas políticas debería ser controlar a los gobiernos, es decir, asegurarse de que cumplen la ley, y no tanto recrear ésta continuamente, hasta el punto de que gobernar ya no es en gran medida aplicar las leyes, sino crearlas –lo cual supone la máxima perversión posible de una sociedad política. Pues ¿cómo podemos distinguir la arbitrariedad (es decir, la dictadura) de la legalidad, si la ley es un ente dúctil y caprichoso en manos de los gobernantes?

Sólo si presuponemos la existencia de una normatividad trascendente, aunque imperfectamente conocida, podemos evitar dejarnos enredar por los cantos de sirena del Estado providencia. Sólo si el Estado está sometido a una Ley superior, ajena a las veleidades humanas, y no la ley supeditada al Estado, existe garantía para la libertad individual.