La reforma de la Ley del Registro Civil que parece inevitable, dejará a la discreción de un funcionario el orden de los apellidos de un niño, en caso de que los padres no se pongan de acuerdo. Lo que no sé es por qué, en aras del "interés superior del menor", no se extiende la potestad de la administración a la elección del colegio en que estudia el niño, si cursa asignatura de religión, o realiza taekwondo o natación como actividad extraescolar, siempre que no haya acuerdo de los padres.
La reducción al absurdo nos indica dos cosas. La primera, que cuando el Estado se entromete en reformar leyes y costumbres, generalmente crea más problemas de los que resuelve, lo que genera un círculo vicioso de más intervencionismo, más problemas y vuelta a empezar. Desde que en algún remoto momento del paleolítico los seres humanos descubrieron la relación entre el sexo y la reproducción -es decir, desde que descubrieron el concepto de la paternidad- determinadas sociedades optaron con sus costumbres y leyes por vincular al padre (y no, por ejemplo, a los hermanos de la madre) en la crianza de los niños y en el sostén del núcleo familiar. Esto tuvo considerables ventajas de cohesión social y exogamia sobre los modelos matriarcales en los que ahora no podemos entrar. Desvalorizar la función de la paternidad, aboliendo el significado consuetudinario del orden de los apellidos, es un ejemplo del adanismo frívolo e irresponsable de los ideólogos que nos gobiernan por nuestros pecados, con la colaboración más o menos tibia de los conservadores acomplejados y casi igual de ignorantes que pululan por los aledaños del poder.
La segunda consideración, aunque estrechamente relacionada con la anterior, conviene presentarla aisladamente. El desacuerdo entre los padres sobre muchas cuestiones es algo que ha existido siempre, pero que hasta ahora cada pareja había solucionado a su manera, por sí sola. Introducir al Estado donde nadie lo había llamado nunca, salvo casos perfectamente definidos de conflicto judicial, supone ni más ni menos que terminar de dinamitar el concepto de matrimonio, ya en estado ruinoso con el divorcio exprés y la eliminación del requisito heterosexual. Significa que la pareja de hombre y mujer es ante todo un hombre y una mujer, no una pareja. La gente, a lo largo de la vida, contrae vínculos más o menos duraderos y tiene hijos, pero legalmente ya no formará familias -consecuentemente, la ley suprimirá el Libro de Familia. Al nacer, habrá algo mucho más seguro que tener una familia, que tener unos padres, más allá del sentido puramente biológico: El número de identidad, que se otorgará ya desde la inscripción registral. Todo el mundo será hijo del Estado y solo después, con un poco de suerte, crecerá en el seno de una familia "tradicional", aunque no reconocida por el Poder, que solo reconoce lo que emana de él. Los legisladores deben sentirse orgullosos de lo que están haciendo. A coherencia no les gana nadie: todo va en la misma dirección.