Bernabé López García es un catedrático de Historia del Islam muy amigo de Marruecos, aunque crítico con su régimen. Se ha manifestado a favor de que el Sáhara sea una región autónoma bajo soberanía marroquí. Ha defendido que los ciudadanos marroquíes residentes en España puedan votar en nuestras elecciones. Y ha afirmado que la reivindicación de Ceuta y Melilla por Marruecos es "legítima desde un punto de vista histórico".
Sirva esto para situar al autor de un artículo titulado "El búnker y la coartada yihadista". En él pasa revista a los atentados terroristas producidos en el país magrebí en los últimos 17 años, y observa un elemento común a todos ellos: Siempre se produjeron en el momento más "oportuno" para que el núcleo inmovilista del Estado (el "búnker") dejara de ser cuestionado, mediante el pretexto de la lucha antiterrorista, y se viera incluso reforzado.
El último atentado, perpetrado en Marrakech el pasado 28 de abril (el texto dice por errata 28 de mayo) coincide con la oleada de manifestaciones a favor de reformas democráticas, enmarcadas en el proceso de "primavera árabe" que se inició en Túnez y Egipto. Esto explicaría, según Bernabé López, "que las especulaciones sobre su autoría anden desatadas." El articulista no va más allá en sus insinuaciones, pero no hace falta ser ningún lince para sobreentender la hipótesis de la implicación de estructuras estatales marroquíes en atentados terroristas.
Partiendo de aquí, es congruente plantearse de nuevo la cuestión de la autoría del 11-M. Apenas un año después del atentado contra la Casa de España en Casablanca, una serie de explosiones en cuatro trenes de Madrid produjeron una masacre tres días antes de las elecciones legislativas. El PSOE y sus medios afines, que ahora tienen la increíble cara dura de reprochar al PP la utilización de la lucha antiterrorista como elemento de confrontación política, organizaron entonces la campaña más sucia de la historia de la democracia, en la que acusaron a Aznar de ser el culpable de la matanza, debido a su política de apoyo a Bush y a Blair en la guerra de Irak. El resultado fue que el partido gobernante, que se caracterizó por su firmeza frente a las reivindicaciones territoriales marroquíes (conflicto de Perejil), perdió las elecciones.
Quizás sea casualidad, pero el gobierno del PSOE que salió de las urnas tres días después del 11-M, se ha caracterizado por su giro de la política exterior española respecto al Sáhara, favorable a los intereses de Marruecos, y en general por una actitud inusitadamente servil frente al vecino norteafricano. Por lo demás, muchos de los supuestos implicados en los atentados de Madrid eran nacidos en Tánger o Tetuán, lo cual no demuestra nada, aunque algunos indicios dan que pensar. Por ejemplo, que Jamal Ahmidán, El Chino, fuera condenado por asesinato en Marruecos en el año 2000, y que solo tres años después saliera de la cárcel para venirse a España, donde a los pocos meses participaría, según nos cuentan, en el 11-M. Por desgracia, no le podemos preguntar directamente por las circunstancias de su excarcelación, porque como es sabido murió en la oportuna explosión de Leganés del 3 de abril de 2004.
Menos de cinco meses después del 11-M, el 4 de agosto de 2004, fue asesinado en España Hichan Mandari, hermanastro de Mohamed VI que había estado amenazando con lanzar revelaciones sumamente escandalosas sobre las finanzas del monarca. Todo indica que los servicios secretos de Marruecos se mueven por nuestro territorio como Pedro por su casa. Pero la pregunta que cabe hacer es cuál es el grado de permisividad o incluso colaboración de nuestras propias fuerzas de seguridad. La pista marroquí podría ser perfectamente de ida y vuelta, como un bumerán, lo que explicaría las clamorosas irregularidades en la investigación de los atentados.