El gobierno autonómico catalán ha puesto sus ojos en 62.000 viviendas desocupadas. Según el “Plan Nacional (sic) para la Vivienda”, escenificado hoy
ayer en el Palacio de la Generalitat con sindicatos, partidos políticos (salvo CiU y PP), asociaciones, y toda la grey de funcionarios habidos y por haber que nos pretenden hacer pasar por representantes de la "sociedad civil", ese es el número de las que deberán ser puestas en alquiler en los próximos diez años, quieran o no quieran sus propietarios. Para lo cual el tripartito prepara una ley que llegaría hasta la expropiación de aquellos que se resistan. Mi pregunta es: ¿Cómo se decidirá que un piso está desocupado? ¿Piensan crear una Policía de la Vivienda que pueda violar los domicilios sin mandato judicial, a fin de inspeccionar su uso? Previsiblemente optarán por el método mucho más eficaz y discreto de ahogar a los propietarios díscolos con las mil y una pequeñas coacciones burocráticas que terminan logrando la rendición por aburrimiento del más pintado. Esto es a lo que nos lleva la “función social” de la propiedad reconocida por la tan sobrevalorada Constitución del 78.
El resto del Plan no es mucho mejor. Propone gastar varios miles de millones de euros en subvencionar de diferentes maneras tanto la construcción, como la compra y rehabilitación de viviendas. Por supuesto, como toda intervención en el mercado, conseguirá exactamente efectos opuestos a los que dice perseguir. Al poner en el mercado viviendas con precio regulado, y al disuadir la demanda con sus ayudas al alquiler y a la rehabilitación, la administración reduce los incentivos que tiene la actividad constructora. Es decir, se construyen menos viviendas que si dejáramos actuar libremente al “capitalismo salvaje”, y nos ahorráramos alimentar a la legión de funcionarios que deberá “implementar” (qué palabra tan fea) el Plan Decenal. Por supuesto, por muy estrepitoso que sea el fracaso, jamás se reconocerá, porque se disimulará con artificios estadísticos (“hemos construido no sé cuántos mil”, etc) y aunque no se pueda ocultar totalmente, ello se explicará por la insuficiencia de su presupuesto, con lo cual todavía destinarán más dinero de nuestros bolsillos a crear más burocracia parasitaria.
Según Montilla, la vivienda es un “problema colectivo” al cual hay que dar una “respuesta colectiva”. A pesar de que pertenezco a la generación del baby boom con todavía unos cuantos años de hipoteca por delante, tiendo a darle la razón a Sánchez Dragó cuando niega, ya no que la vivienda sea un problema colectivo –que sea siquiera un problema: “Los problemas de la vida son otros”, dijo recientemente el escritor. Problema o no, no es colectivo. O no lo sería si la administración, con su intervención en el mercado del suelo y su abrumador normativismo basado en gran medida en la mística de la “sostenibilidad”, no llevara décadas encareciendo artificialmente el precio de la vivienda. Por mi trabajo tengo ocasión de hablar a menudo con pequeños constructores que desearían poder acceder a segmentos de mercado medio-bajo, a ofrecer la misma casa sin por ejemplo costosas placas solares. Pero la administración, en su infinita benevolencia, ha decidido ya por la joven pareja de compradores que tienen que ser impecablemente ecológicos. No les ha preguntado si no preferirían pagar menos. Nos dice Montilla que con este Plan, la ciudadanía gozará de “mayor autonomía” y Cataluña se convertirá en un “espacio de libertades”. Y se queda tan pancho.
Se entiende por qué les gustan tanto los okupas a socialistas y comunistas. Son los escenificadores del “problema colectivo” que justifica su “respuesta colectiva”. Felicidades, antisistema, lo habéis logrado. La okupación será pronto un procedimiento administrativo ordinario. Como dijo un profesor (Lacan) a sus revolucionarios alumnos durante el Mayo Francés: “Histéricos, exigís nuevos amos: ¡los tendréis!”
