El último recurso

Cuando la autoridad en quien la sociedad ha delegado la defensa de la vida y la propiedad hace dejación de sus funciones, es legítimo responder a los ataques directamente. “Esto nos llevaría a la ley de la selva”, replican los eternos apologistas de la sumisión al poder. A esto contestó a su vez John Locke hace más de tres siglos con irrebatible sensatez. Él se refería al caso en que los magistrados ejercen violencia sobre el pueblo abusando de su autoridad, pero el argumento se aplica exactamente igual cuando esa violencia es ejercida por delincuentes con la pasividad, que equivale a protección, del poder:

“Quienes dicen –afirma Locke- que esta doctrina está sembrando la semilla de la rebelión... podrían agregar también... que los hombres honestos no pueden oponerse a los ladrones y piratas, porque esto puede dar ocasión a desorden y derramamiento de sangre. Mas si alguna desgracia tiene lugar en casos así, no será por culpa de quien está defendiendo su derecho, sino de quien está violando el de su prójimo. Si un hombre inocente y honesto está obligado a no abrir la boca y a abandonar todo lo que tiene, simplemente para no romper la paz, y tiene que ceder ante quien pone violentamente las manos sobre él, yo pediría que se considerase qué clase de paz habría en este mundo: una paz que consistiría en la violencia y la rapiña, y que habría de mantenerse para beneficio exclusivo de ladrones y opresores. ¿A quién no le parecería una paz admirable entre el poderoso y el débil el espectáculo de ver a un cordero ofrecer sin resistencia su garganta para que ésta fuese destrozada por el fiero lobo?” (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 228, Ed. Tecnos)

Hasta ahora, las víctimas del terrorismo han venido confiando en la justicia y el aparato policial. Esta confianza ha sido gravemente quebrantada por el ejecutivo de Zapatero, por mucho que la coyuntura electoral les lleve a maquillar su política de pactar con ETA. No debería sorprendernos que la sociedad acabe recurriendo a la autodefensa frente a una organización criminal contra la cual no encuentra adecuada protección del Estado. A diferencia de la guerra sucia promovida desde anteriores gobiernos socialistas, y lejos de alimentar la propaganda de los asesinos, una iniciativa defensiva de carácter civil podría conseguir al menos poner freno a la insufrible chulería de los criminales y sus cómplices políticos, sin que al mismo tiempo pudieran jugar la baza propagandística del victimismo frente al “Estado represor”. Lo que sorprende más bien es que las víctimas hayan tenido tanta paciencia hasta el día de hoy. ¿No les gusta tanto a los etarras comparar El País Vasco con Irlanda? Pues juguemos a ser Irlanda.

Si es ilegal plantear esto, que empiece la fiscalía por ordenar el secuestro de todos los ejemplares del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil.