Material escolar de mis dos hijos, que estudian Primaria en un colegio público: 145,94 €. Libros de texto: 401,58 €. Total 547,52 €. Para los profesores, al parecer no hay crisis. Este año han remitido a los padres una lista de libros y material similar a los cursos anteriores, donde no faltan diferentes tipos de lápices, bolígrafos, rotuladores, papel, libretas, carpetas, etc.
Sabemos de antemano lo que replicarán si les criticamos por ello. Que la gente se gasta alegremente el dinero en los bares y en cambio luego protesta cuando tiene que comprar libros. El funcionario típico está convencido de que tiene derecho a decidir cómo debemos gastar nuestro dinero, sin consultarnos.
Tanto profesores como personal sanitario amenazan con ponerse en pie de guerra por los recortes de presupuesto. Su argumento siempre es el mismo: la sanidad y la educación no son "mercancías" (qué vulgaridad). Un editorial de El País titulado "Golpe a la enseñanza", denuncia que se considere a las políticas educativas de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra "como un gasto más, importante sin duda, pero sometido como el resto a los condicionantes de la coyuntura económica".
Siempre que alguien quiere defender una posición de privilegio, un interés corporativo, aludirá al interés general, al servicio público. Por alguna razón, a diferencia de cualquier otro producto, como por ejemplo el pollo o las patatas, se diría que es algo obsceno hablar de los costes de la enseñanza o la sanidad, pese a que es evidente que los tiene, como todo en este mundo. Y por supuesto, ni hablar de que podamos intercambiar libremente los servicios educativos y sanitarios al igual que hacemos con cualquier otro.
Que haya quien crea esta retórica interesada y falaz dice poco de la inteligencia humana. Claro que la educación y la sanidad están sometidas como todo a las condiciones económicas. Como todo en esta vida, tienen un coste, y eso significa que existen límites a lo que un país, al igual que un individuo cualquiera, puede gastar en educación, como en cualquier otra cosa. Pretender que existen sectores de la economía privilegiados, a los cuales deben subordinarse los criterios de racionalidad económica, es una de las mentiras más estúpidas de cuantas existen, por muchas veces que se repita.