La proporción de extranjeros en España, según datos de Eurostat, es del 12,3 %, muy superior a la media de la UE (6,4 %) y también a la de países como Alemania (8,8 %), Reino Unido (6,6 %), Italia (6,5 %), Francia (5,8 %) y Holanda (3,9 %). No se trata, pues, de una mera percepción de personas ignorantes y más o menos racistas. En nuestro país, objetivamente, hay muchos inmigrantes en relación a la población: más que en la mayor parte de Europa. Incluso, en términos absolutos, superamos la cifra de inmigrantes de países más poblados que el nuestro, como Francia y Reino Unido.
Ante este hecho desnudo, cabe hacer dos consideraciones elementales. La primera, que España no goza de una renta per cápita superior a la de los países citados, por lo que el diferencial inmigratorio no se puede atribuir específicamente a razones económicas. La segunda, que nuestro país no es más accesible, geográficamente, que la mayoría de países europeos. El énfasis mediático sobre las pateras que tratan de cruzar el Estrecho de Gibraltar no debe hacernos perder de vista que la gran mayoría de inmigrantes llegan gracias a los mismos medios de transporte que les permitirían viajar a países vecinos como Portugal o Francia, que tienen menor proporción de población inmigrante.
La pregunta ineludible, por tanto es: ¿Por qué los extranjeros prefieren venir a España? No me voy a entretener en replicar la contestación estúpida y autocomplaciente de que "aquí se vive muy bien", porque si atendemos a las frías estadísticas, esto puede afirmarse con más razón de Alemania o Francia. Bien es cierto que el clima no es un factor irrelevante en los fenómenos migratorios, pero Grecia, Portugal, Italia o el sur de Francia tampoco tienen tanto que envidiarnos en este aspecto. También es verdad que el idioma español explica en buena medida la presencia de inmigrantes hispanoamericanos, pero los factores lingüísticos e históricos son aplicables igualmente a países de pasado colonial como Reino Unido, Francia o Bélgica.
Por supuesto, responder la pregunta anterior requeriría un estudio riguroso y sería ridículo que aquí pretendiéramos sentar cátedra. Pero ahí van algunas sugerencias:
¿No será que la política del "papeles para todos" de la primera legislatura de Zapatero ha tenido algo que ver con este fenómeno?
¿No tendrá algo que ver la facilidad de los extranjeros para acceder a los servicios públicos y a todo tipo de ayudas a cargo de los contribuyentes?
¿Podrá incluso influir nuestro sistema penal y judicial hipergarantista, que atrae a los peores elementos de todos los continentes, por mucho que se trate de una minoría dentro de la población inmigrante? (Estadísticamente, el inmigrante delinque más que el nacional: No es xenofobia, son datos.)
La inmigración, excuso decirlo, es un indicador de dinamismo económico. Y no podemos negar que la relativa prosperidad de España, perceptible sobre todo desde finales de los noventa, con los gobiernos de Aznar, ha sido una condición sine qua non para que los extranjeros se decidan por nuestro territorio. Pero eso no explica que los inmigrantes en España sean proporcionalmente casi el doble que la media UE27. Sencillamente, este no es el País de Jauja que podría corresponderse con esta cifra, no al menos si atendemos a nuestra renta per cápita, a nuestra tasa de desempleo o a nuestra baja competitividad.
Desde luego, dadas las circunstancias, sería de desear una política inmigratoria más restrictiva, pero el problema de fondo no es de fronteras sino de condiciones del país de acogida. El Estado asistencialista, que genera pobreza convirtiendo a millones de personas en profesionales de hacer colas en la ventanillas de la administración, disuadiéndolas de emplear su tiempo en trabajos productivos, es tan ineficaz como inmoral. Porque no hay derecho a que los mileuristas nacionales sostengan con sus impuestos a personas que podrían estar trabajando, sea en España o en otro país que ofrezca más oportunidades de prosperar, no de mendigar.
Pero el problema no es sólo económico, sino también cultural. Las organizaciones mal llamadas no gubernamentales (que suelen vivir casi todas de subvenciones) no hacen más que clamar contra las supuestas discriminaciones que sufren los extranjeros. Pero la mayor discriminación es la que ejerce la propia administración, al conceder ayudas o privilegios a determinados individuos en función del colectivo cultural al que pertenecen. El Estado asistencialista va unido a un Estado multiculturalista, que mientras día a día se empeña en suplantar a instituciones fundamentales de nuestra propia cultura como la familia, no tiene empacho en reconocer -en la práctica cuando no oficialmente- estructuras patriarcales y teocráticas, que conculcan la igualdad de todos los individuos ante la ley.
Desde luego, no somos el País de Jauja. Pero una buena parte de los extranjeros creen que sí, al menos para ellos.
