La secesión legal

CiU y ERC han pactado, como era de prever, la celebración de un referéndum sobre la secesión de Cataluña. Sin ninguna duda, el gobierno central tiene absoluta legitimidad para impedirlo. Las leyes están para cumplirlas, y Cataluña no puede separarse legalmente de España sin que antes se reforme drásticamente la constitución por el procedimiento que prevé el artículo 168: Mayoría de dos tercios del congreso y el senado, disolución de las Cortes, elecciones legislativas, ratificación de la nueva constitución por dos tercios de las nuevas Cortes y referéndum (en toda España, por supuesto).

El problema de que el gobierno central impidiera el referéndum secesionista sería que los independentistas explotarían la situación con la demagogia acostumbrada y gritarían a los cuatro vientos que España no permite a los catalanes ejercer la democracia, pese a que desde 1976 han podido votar en cuarenta ocasiones (más de una vez al año, de promedio) en elecciones locales, autonómicas, generales, europeas y varios referendos, entre ellos el de la constitución y dos estatutos. Por desgracia, la escasa cultura política de la población catalana (en esto, muy parecida a la del resto de España), unida al servilismo hacia la Generalitat de la mayoría de medios de comunicación regionales, tanto públicos como privados, permitiría que este victimismo calase ampliamente y se pudiera llegar a una situación de grave tensión, con una sociedad catalana aparentemente unida en bloque contra el gobierno de Madrid.

Existe una alternativa legal a esta situación. Consiste en que el gobierno central autorizara un referéndum en Cataluña (cosa que el artículo 149, 1, 32ª  le permite expresamente), con las siguientes condiciones:

1ª. Se negociaría entre el gobierno central y el autonómico la fecha y la redacción de la pregunta. (No valdría algo así como "¿Desea usted que Cataluña sea un estado independiente, próspero, libre y pacífico dentro de la Unión Europea, que se acabe el hambre en el mundo y que a todo catalán le toque la lotería al menos una vez en la vida?")

2ª. El sí a la secesión solo sería considerado válido si obtuviera un resultado superior al 50 % del censo. (No solo de los votos.)

3ª. En caso de ganar el no, no podría autorizarse otro referéndum de secesión en un determinado período de tiempo. (Por ejemplo 40 años, el tiempo que pronto llevará vigente la constitución.)

4ª. En caso de ganar el sí, el gobierno español se comprometería a reformar la constitución según el artículo 168, de manera que permitiera la secesión ordenada de Cataluña.

5ª. En caso de que el pueblo español no ratificara en referéndum la reforma constitucional, el gobierno catalán debería acatar el resultado, y comprometerse a no plantear de nuevo la autodeterminación antes de un período acordado.

Una virtud de esta alternativa legal es que los separatistas podrían perder el referéndum, con lo cual se aplazaría el problema durante bastante tiempo, quizás indefinidamente. Y previsiblemente el nacionalismo saldría bastante tocado. Lo peor que podría ocurrir sería lo previsto en la 5ª condición, que hubiera un "choque de trenes" entre los votantes catalanes y la voluntad del pueblo español expresada en referéndum. Pero creo que es difícil que se llegue a esta situación, por dos razones:

La primera es que, si una mayoría del censo de catalanes optara por la separación, en los términos descritos de legalidad y juego limpio, lo más probable es que el conjunto de los españoles también lo aprobara. Incluso muchos catalanes que votaríamos no sin dudarlo en el referéndum catalán, aceptaríamos con democrática resignación un resultado adverso, votando después sí en el referéndum nacional, o por lo menos absteniéndonos.

La segunda razón por la que no creo que se llegara al choque de trenes es que, después de todo, difícilmente los nacionalistas aceptarían la alternativa legal, es decir, se avendrían a negociar los términos del referéndum y, sobre todo, a pasar por la reforma constitucional. Y creo que esta puede ser la principal virtud de esta propuesta. Si el gobierno llegara a plantearla (aunque tampoco debe precipitarse), restaría credibilidad a las facilonas acusaciones de cerrazón e inmovilismo, y centraría el debate en la cuestión esencial, que es el respeto al Estado de derecho. Si los nacionalistas se niegan a la alternativa legal, el gobierno español se cargaría aún más de razón para impedir cualquier acción unilateral, es decir, ilegal. Porque la política por definición consiste en convencer, en sumar voluntades, en conseguir apoyos o como mínimo desmovilizar oponentes. Sin ello, no hay fuerza que valga, por muy legal que sea.