Pero el hecho esencial es que se trata de la peor sentencia posible, incluso peor que si no se hubiera tocado ni una coma. Porque ha consagrado un Estatuto que es malo para Cataluña y para España, y al mismo tiempo ha proporcionado al nacionalismo catalán, en el gobierno y en la oposición, algunos motivos a los que poder agarrarse, a fin de poder seguir ejerciendo el victimismo contra Madrit.
El Estatuto, con todo, es solo un síntoma. Una sociedad como la catalana, en la que se percibe como normal restringir la venta de souvenirs en los quioscos de la Rambla de Barcelona (por poner un ejemplo nimio, pero significativo, leído en El Periódico de este lunes) está gravemente enferma de un intervencionismo disparatado. Un intervencionismo que, sostenido por la ideología nacionalista, ha perdido hace tiempo hasta el sentido del ridículo, alcanzando niveles de autoparodia. La traducción técnica a leyes de esta enfermedad es sólo un epifenómeno.
Quizás algún día despertaremos de esta pesadilla, y nos preguntaremos cómo pudimos llegar a esta situación. Cambiar las leyes (sobre todo reducirlas y simplificarlas) será entonces una mera consecuencia de la nueva mentalidad. Mientras tanto, me importa bien poco lo que diga el Constitucional, pues la justicia, cuando llega tarde, ya no es justicia. Hace años que el Estatuto y sus desarrollos legislativos rigen de facto en Cataluña. El mal hace tiempo que ya está hecho, y no es en unos tribunales condicionados por el poder ejecutivo (pobre Montesquieu) donde podemos luchar contra él, sino en el ámbito de las ideas. Y ahí somos muchos los que no cejaremos, digan lo que digan los jueces y los políticos de uno u otro signo.
