Aunque simpatizo plenamente con la propuesta, haré dos objeciones. La primera, sobre la distribución del presupuesto. Creo que sería un error destinar ese 5 % del PIB a redistribuir la riqueza, por las mismas razones que el propio Mill apunta. La pobreza más extrema se puede combatir muy bien mediante la caridad privada, como hacen la Iglesia y otras asociaciones, fundaciones, etc. En cuanto a la pobreza relativa, es imposible de eliminar, salvo que defendamos un igualitarismo extremo, lo cual sin dictadura es imposible (y con ella también, siempre hay algunos que acaban siendo "más iguales que otros"). Por el contrario, el gasto en Justicia y Defensa que propone me parece completamente insuficiente. Precisamente pienso que una de las ventajas de un Estado mínimo es que permitiría dedicar muchos más recursos a lo que verdaderamente importa: Una Justicia que asegure realmente el cumplimiento de los contratos y la efectiva igualdad ante la ley, y unas Fuerzas Armadas con la suficiente capacidad disuasoria, en un mundo donde persisten demasiados Estados dictatoriales y criminales. Es evidente que los actuales presupuestos destinados a estas materias son completamente insuficientes. En el caso de la Defensa, no vería irrazonable que nuestro gasto se multiplicara por tres, y aún así no alcanzaríamos el porcentaje del PIB del Reino Unido o Francia. Ya que nuestros soldados participan en misiones de riesgo en el exterior, deseo que cuenten con los mejores medios posibles.
La segunda objeción es que no todo se puede basar en el volumen de gasto público. Existen países con un gasto superior al español, y que sin embargo se encuentran más arriba que nosotros en el ranking de libertad económica. Y al revés, Haití tiene un gasto público mucho más bajo que los Estados Unidos. Tan importantes o más que la presión fiscal, son las regulaciones, los trámites necesarios para fundar una empresa, la estructura del mercado laboral, la seguridad jurídica, etc. Un Estado más reducido, en general tenderá a ser menos intervencionista, pero la relación no es estrictamente lineal. Simplificando mucho, para poder hacer una aproximación cuantitativa a la cuestión, el gasto público deseable podría estar en función de la renta per cápita, según el siguiente razonamiento: Cuanto mayor nivel de vida tiene la población de un país, más se puede permitir el lujo de tener un Estado comparativamente grande, lo cual no quiere decir que eso sea lo recomendable. Así, por ejemplo, tenemos que la renta per cápita de España es aproximadamente el 80 % de la de Australia, cuyo gasto público es del 37 %. Por tanto, nuestro gasto público (el Estado que podemos permitirnos) podría ser 80 X 37/100 = 29,6. Es decir, en lugar del Estado 10 % que propone Mill, pienso que un objetivo más modesto y realista, teniendo en cuenta de dónde partimos, podría ser el Estado 30 %. (Se obtiene un resultado similar con los datos de renta per cápita y gasto público de Estados Unidos.) Con ello volveríamos al nivel de gasto que tenían los países industrializados en la década de los sesenta. Una vez conseguido este objetivo (que supone nada menos que recortar una tercera parte del Estado actual), podríamos entonces plantearnos otros más ambiciosos.
El tema, por supuesto, queda abierto. Lo importante es que las ideas de reducción del Estado se difundan, y toda propuesta cuantitativa concreta como la de Mill es de agradecer.
ACTUALIZACIÓN 28-5-10: Esta mañana, Federico Jiménez Losantos en esRadio ha propuesto un recorte del 20 %. Esto supondría un Estado 37,6 % (80 X 47/100), es decir, un tamaño del Estado como el australiano, en porcentaje del PIB. Firmaba ahora mismo.
