En busca de la derecha perdida

El plan socialista de Bush para contrarrestar la crisis, con el apoyo de McCain y Obama, además de no servir para nada, salvo prolongar el mal que pretende combatir, nos deja a los liberal-conservadores huérfanos de referencias políticas en activo. Qué decir de los sufridos libcon españoles, aburridos mortalmente por una presunta oposición que se limita a exigir al gobierno "explicaciones" acerca del destino de los 50.000 millones de euros del hipermegadecretazo Solbes, como si la cifra por sí sola no debiera ponerla en pie de guerra.

He llegado a una conclusión: No pienso votar nunca más. Para cambiar esta determinación, debería aparecer un partido o un líder que se comprometiera con un programa lo más aproximado posible al que expongo a continuación:


Economía:

• Abolición de todas las subvenciones. Los sindicatos, patronales, las organizaciones sociales en general y el mundo de la "cultura", deberán financiarse con sus afiliados, patrocinadores privados o consumidores.
  
• Fin del proteccionismo a la agricultura. Libertad de comercio.
  
• Reducción por ley de los funcionarios de todas las administraciones. Prohibición de que el número de funcionarios sea igual o mayor al final de una legislatura que al principio, hasta alcanzarse un mínimo determinado en el futuro lejano.
  
• Privatización de todas las televisiones públicas.
• Ley de equilibrio presupuestario para todas las administraciones. (Prohibición del déficit público).
• Reducción drástica de los impuestos. Ley de carga fiscal decreciente (al final de toda legislatura, la presión fiscal deberá ser menor que al principio, hasta alcanzarse un mínimo determinado en el futuro lejano).
• Sistema fiscal uniforme para toda España. Los impuestos deberán ser recaudados íntegramente por las comunidades autónomas (responsabilidad fiscal), que contribuirán al presupuesto de la administración central en función de su PIB.
  
• Liberalización de la economía (suelo urbanizable, mercado laboral, supresión de toda regulación al comercio, libertad total de horarios etc).
• Fin de todas las trabas a la construcción de centrales nucleares.
  

Seguridad:

• Prohibición de la inmigración musulmana. Todo ciudadano, sea cual sea su origen, al llegar a la mayoría de edad deberá elegir entre la nacionalidad española y la fe musulmana. Los musulmanes adultos que ya sean españoles en el momento de promulgación de esta ley perderán la nacionalidad si son condenados por delitos relacionados con su religión.
  
• Instauración de la cadena perpetua para el delito de asesinato.
  
• Libertad de posesión de armas ligeras.
  
• Ley de defensa de la propiedad privada. No se considerará delito de asesinato sino homicidio (con o sin eximentes, según las circunstancias) el realizado para defender la vivienda de una intrusión violenta.
• Tolerancia cero contra los pequeños delitos y las conductas incívicas.
• Reforma de la Justicia. El gobierno de los jueces deberá ser elegido exclusivamente por los jueces. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser vitalicios, y elegidos preferiblemente por cooptación. La Justicia deberá ser dotada de los medios técnicos y humanos suficientes para poner fin a la demora de las resoluciones judiciales.
• Suspensión de la autonomía vasca hasta que no se erradique policialmente el terrorismo.

Política Exterior:

• La base de toda política exterior seria es un Ejército fuerte. Creación de un sistema defensivo de misiles en el sur de la península para disuadir cualquier amago de expansionismo marroquí.
  
• Nuestros aliados fundamentales deberán ser Estados Unidos, Reino Unido, Israel, India y Japón.
  
• España defenderá una reforma de la Unión Europea tendente a acabar con el leviatán burocrático de Bruselas y Estrasburgo. Supresión de la Comisión y el Parlamento. El modelo sería una Confederación en la cual los Estados nacionales tomen las decisiones, y los ciudadanos controlen a estos a través de las instituciones democráticas propias.
• España defenderá la creación de una Unión Occidental que sustituya a la ONU, y en la que no tengan cabida Estados no democráticos.

Educación y familia:

• Implantación del cheque escolar. Libertad total de elección del centro educativo. Libertad total de enseñanza (abolición de todo programa de estudios central o autonómico).
  
• Reforma de la Universidad, deberá regirse con criterios de competitividad. Sistema de becas meritocrático.
• Incentivos fiscales y administrativos a la natalidad, mantenimiento del carácter delictivo del aborto.

Muchos puntos del programa, sobre todo los económicos, se inspiran en gran medida en El manifiesto de las clases medias, de Enrique de Diego. Creo que serán compartidos por todo liberal, salvo por los anarcocapitalistas, que están por suprimir todos los impuestos y funcionarios. Pero no es mi intención volver a repetir los mismos argumentos de siempre.

La idea de que las autonomías recauden los impuestos puede parecer una concesión a los nacionalismos separatistas. En absoluto lo es. Obsérvese que las leyes de limitación del gasto público y de la carga fiscal afectan tanto a las administraciones autonómicas como a la central. Los gobiernos regionales serían por tanto muy libres de bajar los impuestos, pero no de incrementarlos, y deberían responder ante sus ciudadanos de su política económica, sin poder echar las culpas a Madrid. Además, tampoco serían legales las imposiciones lingüísticas a la actividad económica, ni tendrían control sobre la enseñanza -competencia exclusiva de la sociedad civil y de las familias, gracias al cheque escolar. Por último, la cantidad a transferir al Estado vendría determinada por los presupuestos generales, y la carga sería repartida en proporción al PIB de cada autonomía. Se trataría de un sistema absolutamente transparente que no daría pie a agravios comparativos.

En cuanto a la prohibición de la inmigración musulmana y la elección obligatoria entre el credo islámico y la nacionalidad española, soy consciente de que es muy bestia, y será tachada de antiliberal. Sin duda lo es, pero creo que se trata de una medida excepcional que en nuestro país está justificada por razones históricas evidentes (ya sufrimos una larga ocupación en la Edad Media). No podemos seguir ignorando el creciente avance de un modo de vida radicalmente incompatible con la libertad individual. Es preciso evitar que la minoría islámica acabe siendo en pocas generaciones una mayoría. Otra objeción que también he previsto es que los musulmanes, a fin de no perder la nacionalidad, mantendrán sus creencias en secreto. Pero lo que piensen en su fuero interno es precisamente lo que menos debe importarnos, mientras no puedan emprender abiertamente acciones o reclamaciones colectivas. Por supuesto, tanto este como otros puntos son incompatibles con la Constitución, que en consecuencia debería reformarse.

Por último, para los puntos dedicados a la política exterior me he basado en gran medida en un reciente artículo de Rafael L. Bardají, ¿Pero qué demonios es un neocón?, aunque he de decir que la etiqueta neocón no acaba de convencerme del todo: ya hay demasiadas.

¿Volveré a votar alguna vez? Desde luego, me lo he puesto muy difícil. Pero creo que hasta ahora muchos hemos sido presa del argumento de apoyar a la opción menos mala, con lo cual en realidad hemos dificultado sin quererlo que aparezca una verdadera alternativa al estatalismo y a la decadencia de nuestra cultura (ambas cosas inextricablemente relacionadas). Ya es hora de adoptar una estrategia a más largo plazo.